CRISIS INSTITUCIONAL

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició este fin de semana lo que denominó una “limpieza de casa”, destituyendo, con el apoyo del Congreso, a un grupo de jueces de la Corte Suprema y al fiscal general.

“Condenamos categóricamente este golpe de Estado, avalado por el presidente Bukele y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC”, todos aliados del gobernante, dijeron en un comunicado 25 organizaciones salvadoreña, entre ellas gremios empresariales.

“Pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes responden a una sola persona”, agregaron.

La primera medida adoptada el sábado por la Asamblea Legislativa unicameral, donde los aliados de Bukele tienen 61 de 84 escaños, fue destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte, y nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya tenía listos.

La Sala Constitucional, cuya misión es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, había frenado varias medidas de Bukele relacionadas con el manejo de la pandemia, porque vulneraban derechos fundamentales de la ciudadanía.

Bukele ha tenido duros calificativos contra ellos. “¿Dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así. Salvar mil vidas a cambio de cinco (los magistrados), pero no soy un dictador”, ironizó en agosto pasado.

El Parlamento destituyó también al fiscal general, Raúl Melara, a quien cuestionó por tener filiaciones con el opositor partido derechista Arena. Entrada la madrugada del domingo eligieron a su sucesor, Rodolfo Delgado.

Tanto los nuevos magistrados como el fiscal fueron escoltados por la policía para asumir sus cargos de inmediato. Luego, el director de la Policía, Mauricio Arriaza, ingresó entre aplausos a la sala de la Asamblea Legislativa.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la “profunda preocupación” de su gobierno “por la democracia de El Salvador”, tras la destitución de magistrados. “Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte”, escribió Harris en Twitter.

La OEA advirtió que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo”.

“El presidente Bukele y sus aliados están usando su nueva mayoría en la Asamblea para destituir adversarios políticos. Este es un claro ataque a las instituciones democráticas del país y una preocupante concentración de poder”, comentó el presidente de la ONG Oficina en Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), Geoff Thale.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la destitución de magistrados y del fiscal general. El organismo señaló en un comunicado que la destitución no cumplió con “las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia”.

“La CIDH insta a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho”, reza el documento.

Bukele se mostró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero aclaró: “Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia”.