EFE, AFP
El Gobierno español aprobó ayer martes una reforma del reglamento de la ley de extranjería que reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 900.000 personas en los próximos tres.

Así lo señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al Consejo de Ministros, en el que detalló los principales cambios.

Entre ellos, se reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las figuras de arraigo, que podrá ser social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad, este último de nueva creación.

Además, establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año y las renovaciones de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

También refuerza la protección para los trabajadores de temporada y mejora la reagrupación familiar.

En este punto, entre otras medidas, se amplía la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, se incluyen otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se permite la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género.

La mayoría de las personas que se van a beneficiar de esta medida han obtenido la nacionalidad española en los últimos años y podrán traer a su familia.

En cuanto a la formación, las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.

“Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse, de media, 300.000 personas al año durante los próximos 3 años”, apuntó Saiz.

La ministra recordó datos en favor de la inclusión de las personas migrantes en el mercado laboral, como que, según diversos organizaciones internacionales como Naciones Unidas, España necesita entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su estado de bienestar.

“El objetivo es reforzar y ampliar las vías de acceso a la regularización de las personas migrantes que están en España, para que puedan llevar una vida plena como ciudadanos: tener derechos y tener deberes”, explicó.

Estas novedades entrarán en vigor en seis meses, aproximadamente.

Saiz recordando que en 2023 se regularizó la situación de 210.000 personas. Según la ministra, ya “hay 2,9 millones de personas extranjeras cotizando mes a mes a la Seguridad Social”, lo que representa “un 13,6% del total de afiliados y afiliadas, dos puntos más que tan solo hace dos años”.

Hace unas semanas el presidente Pedro Sánchez dijo que “España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre”.

Sánchez estima que España necesita la inmigración para cubrir las carencias de mano de obra y contrarrestar el envejecimiento de la población, que podría poner en peligro las pensiones y el estado del bienestar.

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