MIGUEL MORA

El periodista nicaragüense Miguel Mora se convirtió en el quinto aspirante a la Presidencia por la oposición en ser encarcelado en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones en las que el presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.

Mora, que estuvo en prisión en el marco de unas manifestaciones antigubernamentales, fue arrestado cerca de la medianoche del domingo por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, citando una ley aprobada en diciembre pasado que los cataloga como "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

Fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por el gobierno de Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, había anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD), al que el Consejo Supremo Electoral, integrado por partidarios de Ortega, le despojó su personalidad jurídica hace un mes.

El comunicador, que lanzó su precandidatura presidencial el 6 de marzo pasado, estuvo encarcelado durante seis meses (entre diciembre de 2018 y junio de 2019) acusado de "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas" en el marco de la revuelta popular, calificada como un intento de golpe de Estado por el gobierno.

Durante su lanzamiento, Mora adelantó que rompería relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, abriría una embajada permanente en Israel, y despediría de su eventual gobierno a los sandinistas, excepto a los "que no se han manchado las manos de sangre".

El canal 100% Noticias, que ahora se transmite a través de redes sociales, denunció que la "Policía quebró ventanas para ingresar a casa de Miguel Mora, a quien se lo llevaron enchachado (esposado), lo montaron a patrulla y allanaron la casa".

Mora es el quinto aspirante a la Presidencia por la oposición arrestado por la Policía de Nicaragua.

La primera detenida, el 2 de junio pasado, fue la también periodista Cristiana Chamorro, hija del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo.

Chamorro, de 67 años, quien está bajo arresto domiciliario, es acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

El segundo fue Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, y el primero en ser acusado bajo la "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", aprobada con carácter urgente el 21 de diciembre pasado durante una sesión extraordinaria.

Esa polémica ley, que inhabilita las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados "traidores a la patria", es la que también están aplicando a los otros dos aspirantes presidenciales opositores detenidos: el académico Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Los precandidatos presidenciales han sido detenidos en medio de una ola de arrestos que incluye a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) instó este lunes al gobierno de Nicaragua a "liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente" en el país.

"La prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia viola" los derechos humanos, indicó el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas con sede en la Ciudad de Panamá.

"Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones", expresó la OACNUDH.