INFORME

Una discusión, una pelea y un ataque. En la tarde del pasado martes, esa combinación de hechos terminó una vez más en tragedia. Eduardo Correa y Marín Barbosa fueron asesinados dentro de su celda, en la Unidad N° 3 de Santiago Vázquez.

Se sabe: la violencia y la muerte en la cárcel no son un problema de ahora. Van de la mano de la marginalidad y la falta de rehabilitación que se perpetúan, pese a que las autoridades trabajan para mejorar. Desde 2015 hasta el 15 de abril de este año, según datos a los que accedió El País, 181 personas sufrieron muertes violentas (homicidio, suicidio o accidente) en cárceles.

En tres meses y medio de este año, ya van 10: siete fueron homicidios y tres, suicidios. En 2020, 33 personas murieron en la cárcel de forma violenta: 18 fueron asesinadas y 15 decidieron quitarse la vida. La cifra de homicidios fue menor que en 2019. Ese año hubo 20 asesinatos dentro de centros penitenciarios. Sin embargo, los suicidios fueron más el año pasado que en 2019 (nueve frente a 15).

En los últimos seis años las cifras de muertes violentas en cárceles se mantuvo pareja. En 2015 fue cuando hubo menos: 20. En 2016 se registraron 32; en 2017, 28; en 2018, 27; en 2019 otra vez crecieron a 31, y terminaron en 33 en 2020.

“Las cifras de muertes en prisión siguen mostrando un dato preocupante: la violencia en el sistema carcelario sigue teniendo un nivel constante desde hace ya varios años, lo que indica que hay problemas estructurales no resueltos”, dijo a El País el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

Año a año las prisiones siguen aumentando su capacidad debido a la persecución criminal de Fiscalía y Policía. “El sistema sigue creciendo, pero las posibilidades de tratamiento y rehabilitación crecen mucho más lento que la demanda”, explicó Petit.

Muchas veces se dice que la cárcel es un barrio más, sobre todo aquellas donde se alojan más de 3.000 personas, como en el exComcar. Y los barrios tienen convivencia y en las cárceles, debido a falencias, se incrementa. “La experiencia internacional y la evidencia de estudios sobre el tema penitenciario indican que cuando hay condiciones de convivencia anormales, o sea cuando hay trato cruel, inhumano o degradante por la falta de tratamiento o rehabilitación, aparecen expresiones de violencia también anormal o extrema”, sostuvo Petit. Esa violencia, según reflexionó el comisionado parlamentario, luego se expresa en homicidios dentro de cárceles o termina generando reincidencia en delitos cuando los reclusos quedan libres. Por esto, explicó Petit, “es de interés de todo ciudadano que el servicio penitenciario sea concebido como un servicio público que debe ser eficiente y lograr su meta: bajar la violencia, rehabilitar, integrar y no aumentar la violencia”.

Para el comisionado parlamentario, los homicidios dentro de las cárceles -esos que se generan por “cuestiones del momento o razones baladíes (un celular, una radio, una deuda o una ofensa vinculada a una relación amorosa)- son una expresión extrema de la violencia intercarcelaria”.

De todas maneras, Petit alertó que hay una violencia más peligrosa que no se ve a simple vista. “Son las extorsiones, la destrucción de la persona por falta de tratamiento de su adicción, el agravamiento de sus problemas de salud mental, el aumento de su exclusión social”, expresó. Para el comisionado, este tipo de situaciones son las que “destruye a estas personas o a terceros en oleadas de violencia”.

Petit destacó que desde 2010 se empezó una reforma penitenciaria y que actualmente las autoridades están llevando adelante un programa llamado “Plan Dignidad” para mejorar las condiciones.

“Se hicieron cosas muy importantes y se están haciendo cosas importantes en estos momentos”, aseguró. De todas maneras, cree que aún “se está lejos” de lograr el objetivo.

“La obra no está terminada y no creo que pueda terminarla ni un ministerio solo ni una administración; va a llevar tiempo y requiere a muchas instituciones trabajando: seguridad, educación, cultura, capacitación, inserción laboral, salud mental, asistencia social”, sentenció.