La audiencia pública del Municipio de Paso Carrasco, en Canelones, dio lugar ayer al reclamo de un grupo de vecinos que denuncia el peligro de derrumbe de sus viviendas y la supuesta inacción del gobierno departamental.

Algunos de ellos, incluso, acusaron a las autoridades departamentales de haberlos tratado de “ignorantes” al hacer reclamos, mientras que la comuna anunció las acciones que ha tomado y que piensa implementar.

Las viviendas están ubicadas en Zorrilla de San Martín y Tabaré, donde viven 46 familias. Los vecinos habitaban terrenos inundables cerca del Arroyo Carrasco, pero fueron realojados a partir de 2015, en distintas etapas, gracias a un convenio entre la anterior administración del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Canelones. La secretaría de Estado financió las obras, valuadas en US$ 4.170.432 de la época. El gobierno departamental dispuso de los terrenos, la infraestructura, el saneamiento, el alumbrado, la deposición de residuos y los equipos técnicos.

Con una técnica de construcción en seco se edificaron viviendas de hasta cuatro dormitorios. Presidencia informó entonces que cada familia fue entrevistada y conversó con asistentes sociales sobre sus obligaciones, derechos y responsabilidades al acceder al nuevo hogar. Sin embargo, con el paso de los años las propiedades comenzaron a deteriorarse. El técnico constructor y perito judicial Liber Trindade, que asesora a las familias, hizo un relevamiento edilicio y concluyó que hay un “riesgo real de colapso”.

Con esta conclusión se presentó ayer ante los concejales y vecinos de Paso Carrasco, además de autoridades de la Intendencia de Canelones, como el director de la Agencia de Vivienda, Rodrigo Amengual, y el coordinador del gabinete territorial, Sergio Ashfield.

“Hay placas agarradas con unos pocos tornillos, a punto de caerse, y son un arma mortal”, denunció Trindade al tomar el micrófono ante la audiencia, que lo miró durante los 10 minutos que duró la intervención. Contó que contactó a los vecinos después de enterarse del caso en octubre de 2021, y a partir de entonces se ha convertido en su vocero. Los que estaban allí presentes lo aplaudieron.

Desde hace meses los vecinos denuncian las fallas estructurales y la inacción de las autoridades departamentales, apremiados por el tiempo -dicen- porque en dos años vencerá la garantía para hacer reclamos sobre las viviendas.

El problema, según el perito, es que el método de construcción -avalado internacionalmente-no se siguió al pie de la letra, como está estipulado en los manuales. “El gobierno de turno estuvo omiso en los controles. Cuando ponés una placa de cemento en la pared, que no está autorizada, alguien tuvo que firmar. Las placas ahora se caen con el viento”, dijo el profesional a El País.

Humedades, desprendimiento de paredes y obstrucción sanitaria son algunos de los daños reportados. Una vecina aseguró que los azulejos de la ducha “explotaron” mientras su hija de 10 años se bañaba, y que después se desprendió más material, cortándole el pie. Como prueba mostró fotos y videos de la pared, donde se ve el revoque desprendido.

En diálogo con El País, Trindade enfatizó que “no hay nada que recuperar” en los edificios de Paso Carrasco, a pesar de que la Intendencia de Canelones haya puesto “paños fríos” al proponer mejoras puntuales. “Es como darle aspirinas a un paciente con cáncer de colon”, subrayó.

El también fundador del Instituto Uruguayo de Construcción en Seco asegura que no tiene motivaciones político partidarias, ni comerciales, sino que busca ayudar a los vecinos y prevenir futuras desgracias. “Cuando las imágenes te queman los ojos, te hace preguntar qué tiene que pasar en una casa para que la intendencia se mueva. Es gente realmente necesitada”, dijo.

Este planteo fue uno de los ejes de la audiencia pública de ayer, donde, tras la intervención de Amengual, Trindade sostuvo que no quiere que el “peligro de muerte” quede a nombre de ninguna autoridad.

A los problemas edilicios se suman los de convivencia, ya que los vecinos denuncian que se dan “ocupaciones a punta de pistola” en las viviendas y que la basura se acumula en la plaza más cercana.

Y reconoció que parte del daño es por el uso de los vecinos, pero señaló que no corresponde culparlos por los problemas estructurales. Señaló que vienen de un “entorno vulnerable” y que, a veces, son propiedades que no pueden mantener por sus medios.