Quedarán limitadas las honras fúnebres

La Cámara de Diputados activó el trámite parlamentario para dejar sin efecto el tributo de honras fúnebres cuando fallezcan ex presidentes y ex ministros que ocuparon sus cargos entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985.

La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados aprobó el miércoles 17 por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el frenteamplista Diego Cánepa, que pasará a ser considerado ahora en el plenario. La iniciativa modifica el decreto que obliga al Poder Ejecutivo a tributar honras fúnebres a los ex mandatarios cuando fallecen.

Si bien en la legislatura anterior se había votado un proyecto en el mismo sentido, en este caso también se quitó ese homenaje al ex titular de la Suprema Corte, Rafael Addiego, que sustituyó al ex dictador Gregorio Alvarez el 11 de febrero de 1985, ya que el entonces mandatario no quería entregarle el poder al electo presidente Julio Sanguinetti.

Además del caso de Addiego, la norma elimina el tributo de honras fúnebres a Juan María Bordaberry y a Gregorio Alvarez, ya que son los dos ex mandatarios que aún viven de ese período. También se deja sin efecto el homenaje para los ministros de Estado.

En la comisión, el diputado Diego Cánepa destacó que "la inmensa mayoría de los uruguayos sentiría un rechazo enorme en el caso de que el Poder Ejecutivo se viera obligado a decretar honras fúnebres a personajes que usurparon la función de presidente y de vicepresidente durante la dictadura militar".

Inicialmente, la propuesta retomaba la idea del proyecto de la legislatura anterior y exceptuaba a Addiego, pero el blanco Alvaro Lorenzo planteó su inclusión. "No me gustaría que se le hicieran honras fúnebres a Addiego", explicó. "Si algo digno hubo en la actuación de los miembros del Poder Judicial, sobre todo de quienes integraban la Suprema Corte de Justicia en aquella oportunidad, lo limpiaron rápidamente en negativo en ese período previo a las elecciones nacionales hasta la asunción del gobierno democrático", agregó.

La idea no fue compartida por su compañero de bancada Alvaro Alonso, que destacó la actuación de Addiego y aseguró que "no tuvo compromiso con la dictadura" porque es "un ciudadano que tiene una particular vocación republicana".

Sin embargo, Lorenzo insistió en sus cuestionamientos y arremetió contra la justicia en la dictadura, argumentando que tuvo un rol "lamentable" y que la Suprema Corte actuó en algunos casos como "una Corte títere de la dictadura".

Desde el oficialismo, Edgardo Ortuño se sumó a la necesidad de extender el plazo hasta el 1° de marzo de 1985.

"Poner el término de la dictadura en el 1° de marzo es lo que ha sido práctica en el país desde la restauración democrática hasta el momento. Lo otro hay que explicarlo", fundamentó Ortuño.