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Quedó firme el veto presidencial a la inhibición de los fiscales: Cabildo Abierto votó por levantarlo

Legisladores cabildantes se opusieron al veto presidencial a un artículo de la Rendición que ellos habían promovido.

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Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, en la Cámara de Senadores
Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, en el Senado. Votaron por levantar el veto.
Foto: Leonardo Mainé

Redacción El País
La Asamblea General del Poder Legislativo ratificó este miércoles el veto parcial que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, interpuso contra el artículo 636 de la Rendición de Cuentas recientemente aprobada por el Parlamento. Allí se establecía la inhibición para que los fiscales penales pudieran desempeñarse en el ámbito privado hasta un año después del cese de sus funciones.

Se trata de una iniciativa que había sido respaldada en su momento por la coalición de gobierno y que respondió a un proyecto presentado por la bancada de Cabildo Abierto, que incluso planteaba un tiempo de inhibición al previsto.

La Asamblea General tenía potestad de levantar el veto, pero era claro que se estaba muy lejos de alcanzar para eso el voto de los tres quintos de los componentes de cada cámara, tal como lo exige la Constitución. El resultado: 27 votaron por mantenerlo y tres por levantarlo en senadores, y 77 a 6, respectivamente, en Diputados.

En la sesión se destacó la actitud de los legisladores de Cabildo Abierto, que votaron en favor de levantar el veto presidencial. Varios de sus integrantes, entre ellos los senadores Guillermo Domenech e Irene Moreira, expresaron recientemente que la decisión presidencial constituía un "error", y recordaron además que este veto se suma al que Lacalle Pou había interpuesto sobre la nueva regulación de los suelos forestales, también promovida por los cabildantes.

En una audición partidaria por Radio Oriental la semana pasada, Moreira había señalado que el artículo sobre los fiscales tenía la finalidad de "dar transparencia y legitimidad" a lo actuado por esos magistrados. "Ese abogado estaría siendo contraparte en un proceso con un fiscal que hasta el día de ayer fue subordinado de él, porque se debilita la independencia con que debe actuar”, afirmó.

Moreira coincidió con Domenech en que la actitud presidencial deja en evidencia que "existen diferentes criterios con el presidente sobre varios aspectos de la realidad”.

Lacalle decidió no objetar, en cambio, la otra parte del artículo 636, que establece que la persona que ocupe el cargo de fiscal general de la Nación pueda desempeñarse en la esfera privada hasta tres años después de su cese. Esta norma cobrará vigencia el próximo 1 de enero.

El Frente Amplio votó en favor de mantener el veto presidencial. El senador Alejandro Sánchez sostuvo que Lacalle Pou "actuó en consecuencia" con respecto a la postura que la oposición había mantenido en contra de este artículo durante su discusión parlamentaria.

La diputada Verónica Mattos, en tanto, sostuvo que la iniciativa de los cabildantes constituía una "gravísima violación a los derechos humanos", al representar una limitante al derecho al trabajo de los fiscales.

En forma unánime, la Asamblea General ratificó otros dos vetos presidenciales contra dos artículos de la Rendición de Cuentas. Uno referido al control y fiscalización de las carnicerías, tarea había pasado a las intendencias y ahora vuelve a centralizar el Instituto Nacional de Carne. El otro está vinculado a medios de comunicación.

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