Redacción El País
La diputada Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) presentó un proyecto de ley relativo a la “responsabilidad de los centros educativos en materia de acoso escolar” que los obliga a dar cumplimiento al protocolo de actuación para la prevención, detección e intervención respecto a los casos de maltrato físico, psicológico o social que se sucedan entre sus alumnos como formas de bullying.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa, a la que accedió El País, refiere a la “responsabilidad subsidiaria” del centro educativo y su obligación de reparar el daño que sufran las personas bajo su dependencia. La víctima podrá así accionar por la vía civil en reclamo del daño ocasionado, hasta cuatro años después del producido el caso de acoso.

La iniciativa, a la que accedió El País, pretende que se aplique la ley vigente, aprobada en 2013, otorgando “mayores garantías de protección” a niños y adolescentes ante una conducta que “provoca estragos” no solo entre los que la sufren sino en todos los que participan en ella.

Al respecto, la diputada de Cabildo Abierto señala que las estadísticas sobre el impacto de este flagelo en Uruguay son “alarmantes”. Citando distintos trabajos que en los últimos años han procurado abordar la problemática, subraya que entre uno y tres de cada diez alumnos que asisten a instituciones educativas en Uruguay sufrieron este tipo de situaciones, al menos una vez. También apunta que el ser víctima de acoso escolar tiene consecuencias a nivel psicológico, como baja autoestima, tristeza o ideas de muerte, asociado con bajo rendimiento a nivel académico. En tanto para su acosador, apunta, su conducta aparece relacionada con futuros problemas como una conducta antisocial, adicciones o violencia de género.

A los efectos, en su proyecto, Pérez Bonavita define al acoso escolar como “toda agresión física, verbal o psicológica que se reitere en el tiempo y que tenga lugar en el ámbito educativo hacia niños y adolescentes, por parte de cualquier persona que esté bajo la dependencia de ese centro”. Pérez Bonavita considera que los centros “tienen la llave” para enseñar reglas de convivencia y resolución de conflictos, y por ello deben responsabilizarse ante el acoso escolar. “Es en su ámbito en el que se suscita la violencia”, apunta.

Así, pese a la existencia de protocolos y guías de las que “no existe evidencia o contralor de su cumplimiento”, la diputada considera que corresponde que una ley determine el procedimiento a seguir.

“El acoso escolar, al igual que cualquier otra forma de violencia, constituye una violación a los derechos fundamentales de la persona violentada”, afirma Pérez Bonavita en su proyecto de ley. Y genera un daño que, como tal, debe traer consigo la responsabilidad que corresponda, debiendo repararse mediante una indemnización. Su proyecto, dice, constituye una forma de “no dejar impunes”, este tipo de actos en los centros educativos.