El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, dijo que existe preocupación en el Partido Comunista del Uruguay (PCU) —del que fue hasta el año pasado su secretario general— por la investigación que lleva adelante Fiscalía tras el desvío de dinero de las arcas del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). Esto luego de que se descubriera que importantes montos fueron girados o entregados a través de cheques de forma irregular a 14 personas, entre ellas siete que forman parte del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) —muchos de estos, también, son parte de este sector del Frente Amplio.

“Ni bien nos enteramos del hecho, que involucraba a algunos afiliados al partido, pasaron al Tribunal de Disciplina y se los separó, porque (se) encontró alguna responsabilidad de hacer prácticas que no corresponden en un sindicato, en una organización social (...) Luego el tema pasó (a ser) denunciado por el propio sindicato”, dijo Castillo, según declaraciones divulgadas por Canal 4.

Lo que se investiga concretamente es la fuga de $ 35.627.581 y US$ 17.500 en el marco de una maniobra realizada a través de giros bancarios durante 2024, y —como informó El País esta semana— con cheques por US$ 500.000 —aproximadamente, aún no se pudo determinar la cifra exacta— durante el año 2023.

Archivo El País.

Según supo El País, la maniobra fue descubierta por la pata empresarial de Fosvoc, que una vez comunicó al Sunca que estaba decidida a llevar a cabo una denuncia, el sindicato expresó su voluntad de que esta se llevara adelante de forma conjunta.

El ministro añadió que “la Justicia está investigando”, aunque adelantó que existe “tranquilidad” dentro del PCU. No obstante, luego, añadió: “Siempre hay preocupación. Si es verdad, es el doble de preocupación y si no es verdad hay que ir a explicarle a toda la gente que leyó un titular. Trabajar así es muy difícil. Sí, nos preocupa”.

Como informó esta semana El País, Fiscalía tiene decidido investigar si el PCU recibió dinero que haya pertenecido a las arcas de Fosvoc, y ya se pidió información bancaria que pueda echar luz sobre esta sospecha. En concreto, solicitaron a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de los indagados, lo que ya les fue otorgado.

En un informe de Fosvoc, realizado tras una auditoría interna y al que accedió El País, se establece que los “movimientos de fondos no autorizados” a través de giros corresponden al período comprendido entre febrero y diciembre de 2024, y que las transferencias electrónicas —193 en total— fueron realizadas por Stella Rey, una empleada que se desempeñaba como “Jefa de Departamento”. Fiscalía luego pidió información sobre cheques retirados a lo largo de 2023, por concepto de “partidas especiales”.

Además de los sindicalistas que recibieron dinero de forma irregular y pertenecen al sector de la coalición de izquierda, fue indagada Laura Alberti, encargada de finanzas del Sunca y del PCU, tras haber sido nombrada por varias de las personas que fueron llamadas a declarar, según informó Búsqueda y pudo confirmar El País.

En febrero de 2024 el Fosvoc —conformado por el Sunca, la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Liga de la Construcción del Uruguay (LCU)— tuvo un cambio de autoridades. En ese movimiento, la pata empresarial del mecanismo propuso la bancarización de todo el dinero que se manejaba. Es decir, se dejaba de utilizar efectivo o los cheques, y se pasaba todo a transferencia. Según supo El País, en un principio algunos sindicalistas presentaron reparos con respecto a esta medida, pero esta luego fue aceptada.

En diciembre del mismo año, Rey tomó licencia para realizarse una intervención quirúrgica de carácter estético. Durante su ausencia, quienes quedaron en su lugar descubrieron que se venían realizado transferencias para las que no existían comprobantes —las reglas internas establecen un sistema de doble firma para el retiro de fondos—, las que, como se señala en la denuncia a la que accedió El País, podían ser consideradas “sospechosas”. Tras esto se hizo una auditoría que confirmó la irregularidad, y luego se presentó el caso a la Justicia.

Por haber recibido dinero en el marco de la maniobra, el Sunca expulsó a Jhon Fernández, Santiago Bernaola, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez, Carlos Larrosa, Juan Ortiz y Víctor Rivero. Se entendió que “defraudaron la confianza que puso el gremio en ellos”. Un dato curioso es que las expulsiones fueron resueltas por la cúpula sindical, sin llamar a una asamblea, lo que suele ser lo regular para tomar este tipo de decisiones: es decir, el Sunca resolvió antes de que lo hiciera la Justicia.

Foto: Ariel Colmegna

Además de estos siete sindicalistas que forman parte de la causa, según supo El País por parte de fuentes del caso, entre los otros siete involucrados hay varios “amigos o familiares” de estos.

La mayoría de las declaraciones mencionan a Bernaola como el cerebro de la maniobra. Sin embargo él, al declarar en la Policía, señaló a otros de los expulsados como responsables y mencionó posibles vínculos políticos, dijeron a El País fuentes cercanas al sindicalista.