La investigación de la comisión creada hace un mes por el Pit-Cnt para evaluar si hubo algún tipo de "falta ética o de principios" por parte de los funcionarios que aparecen en un video reduciendo violentamente a menores internados en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), continuará al menos una semana más.

Aún resta que la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt resuelva cuál será su posición al respecto, informaron a El País integrantes del Secretariado Ejecutivo.

Esta es la pieza que le falta a la central sindical para determinar finalmente su respaldo al ex vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López, que se encontraba al momento de los disturbios en el Ceprili observando cómo sus compañeros reducían violentamente a los internos, según un video difundido el mes pasado.

Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, dijo a El País que "el tema ya se trató, ya nos reunimos y vamos a seguir haciendo un análisis respecto a algunos puntos que quedan por definir". Oyenart aseguró que la comisión "no va a demorar mucho más, seguramente se defina todo entre esta semana y la que viene".

Por su parte, Ricardo Cajigas, vocero de la comisión investigadora del Pit-Cnt, aseguró que "lo que queda claro por ahora es que no hay ninguna falta a la ética o a los principios por parte del sindicato del INAU (Suinau)". En este sentido el sindicalista afirmó que igualmente se deberá esperar "a evaluar los elementos que faltan".

Por este caso la Justicia procesó a 26 funcionarios del Seprili por el delito de tortura: 17 con a prisión y nueve sin prisión, entre los que está López.

Cajigas señaló que "el dictamen de la Justicia no lo compartimos. En este país hace 30 años que se vienen juzgando cientos de denuncias contra violadores de los derechos humanos y no hubo más de siete procesados por esos delitos, ahora resulta que en 24 horas procesaron a 17 trabajadores, entonces nosotros no compartimos eso".

Los abogados de los funcionarios procesados con prisión están buscando la excarcelación de sus clientes.

"Algunos no pueden entender cómo su esposo o el padre de familia fue a trabajar, a cumplir con su labor como siempre y al final terminaron presos, imaginate como está esa gente", dijo Cajigas a El País al referirse a las familias de los procesados.

Semanas atrás desde el sindicato del INAU habían asegurado que se estaba ayudando a las familias desde el punto de vista "afectivo, emocional y hasta económico".

El sindicato facilita la locomoción a quienes quieren ir a ver a sus familiares a la cárcel. Los reclusos se encuentran en centros penitenciarios del interior y tienen un "régimen de visita flexible", señaló un funcionario del INAU que se encuentra en contacto con ellos.

Falta la posición de la comisión de DDHH de la central sindical