Militares: el gobierno no acertó en los ascensos

DANIEL ISGLEAS

Dice "El arte de mandar", de André Gavet, que "el espíritu militar sucumbe aplastado por los errores de los ascensos cuando los grados se otorgan a los que saben hacer antesala". Y al gobierno no le ha ido bien en este terreno.

Si hay algo que este gobierno no puede pasar a la cuenta de la "herencia maldita" que recibió de las anteriores administraciones, es su relación con los militares.

Al despuntar esta administración, el presidente Tabaré Vázquez decidió cambiar el régimen de promoción para oficiales generales y comandantes en jefe.

Así se aprobó una ley según la cual el mandatario podría escoger de entre todos los oficiales en condiciones de ascender, a partir de lo cual inició un proceso de renovación de los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas.

La oposición tuvo suspicacias de supuestos favoritismos hacia oficiales simpatizantes de la izquierda. Hasta ese entonces, por aplicación de una ley de 1941, estaban en condiciones de ascender los oficiales superiores de las tres fuerzas que conformaran el primer tercio en el orden de precedencias, pero el nuevo sistema permitía escoger de entre todos los coroneles o capitanes de navío.

Desde entonces, ha habido muchos ascensos de militares. Y la política oficial en este campo ha dado más en la herradura que en el clavo, no cuantitativa sino cualitativamente.

Hay numerosos casos de altos oficiales destituidos, sancionados, separados del cargo o enviados a la "bolsa", el oprobioso lugar donde los coroneles o generales pasan su carrera cobrando el sueldo pero sin destino o con tareas irrelevantes.

Un mal estreno de la nueva ley de promociones militares tuvo el presidente en 2005, cuando se vio en la necesidad de echar de su cargo al primer comandante en jefe del Ejército que nombró: Carlos Díaz.

Fue por el recordado episodio del asado que Díaz y los generales Miguel Dalmao y Pedro Aguerre -también ascendidos en 2005 y que terminaron sancionados- brindaron en una dependencia del Ejército al ex presidente Julio María Sanguinetti y al ex ministro de Defensa, Yamandú Fau.

Por entonces, el jefe de la Fuerza Aérea, Enrique Bonelli, ascendido por el ex presidente Jorge Batlle pero ratificado por Vázquez, reconoció públicamente que en 1977 como oficial subalterno había sido copiloto en uno de los llamados "vuelos de la muerte" donde se ordenó traer a detenidos desde Argentina que luego terminaron desaparecidos.

El gobierno entonces no tomó ninguna acción en su contra.

Conseguir un reemplazo para Díaz fue traumático para el Ejército. El general de la "derecha" (precedencia) era Manuel Saavedra, un oficial notoriamente colorado y poco afín al Frente Amplio. Entonces, Vázquez nombró a Jorge Rosales, que en febrero de ese año había sido ascendido a general. Era casi el último de la derecha de los nuevos generales.

Molesto por la decisión -algo que nunca ocultó- Saavedra pidió el retiro.

Discursos. En marzo de 2006, Bonelli -que no fue elegido por Vázquez sino confirmado en el cargo-, hizo una demostración de fuerza cuando pronunció un duro discurso en el acto por el aniversario de la Fuerza Aérea, donde reclamaba un reconocimiento de "nunca más" de todas las partes involucradas en el tema de los derechos humanos.

Esto iba en contraposición con la política oficial de investigación y excavaciones en busca de restos de detenidos-desaparecidos. Vázquez no hizo comentarios públicos.

Un año después, en la misma ceremonia, Bonelli hizo al-go similar. Esta vez convocó a los ex guerrilleros -varios de los cuales hoy ocupan cargos de gobierno- a que también den un "paso adelante" para superar la etapa de confrontación en el país.

Dijo que las sociedades no pueden vivir "enquistadas en el pasado" y que el golpe de Estado de 1973 fue "una causa, una consecuencia" de las luchas iniciadas por los tupamaros.

No hubo reacción oficial.

En mayo de este año, Rosales corrió con menos suerte que Bonelli. Durante el Día del Ejército, el jefe de la fuerza de tierra reclamó ante el presidente el retorno de los militares extraditados en Chile por el caso Berríos y reivindicó las acciones de la dictadura. Tras la ceremonia, Vázquez declaró a los periodistas que conocía el contenido del discurso.

Pero luego de ese acto, la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, convocó a Rosales a su despacho y le hizo una observación por el contenido de su mensaje.

Poco después, otro de los "hombres del presidente" le falló. Fue el coronel Ruben Yáñez, a quien el presidente tuvo co-mo edecán y posteriormente designó agregado militar ante la embajada en España.

Cuando llegan al grado de coronel, los militares tienen dos sueños: ser agregado militar o general. Yáñez estaba en una rara situación de tener las dos cosas casi seguras. Fue nombrado agregado militar y se manejaba que en pocos meses sería ascendido a general por la confianza que le tenía Vázquez.

Pero una tecla mal apretada le cambió el destino. Estando en España, envió un correo electrónico a un colega pero, sin quererlo, agregó destinatarios en la Presidencia de la República. El mail fue leído en Montevideo y por su contenido pornográfico, Vázquez ordenó su relevo inmediato del cargo y le hizo aplicar una sanción disciplinaria.

Luego sobrevino el sonado caso del general Raúl Glood-fotsky, otro militar del entorno cercano al presidente. En 2005 fue mano derecha del ex jefe del Ejército, Ángel Bertolotti. Luego, Vázquez lo ascendió a general y lo nombró jefe de la Casa Militar.

Casi enseguida fue enviado a Haití a un cargo diplomático de las Naciones Unidas como segundo comandante del contingente internacional. Pero un incidente con oficiales de la Armada, donde se expresó en forma muy crítica contra la fuerza naval, hizo que el hecho se elevara al Poder Ejecutivo. Resultado: perdió la confianza presidencial, el cargo diplomático y de alta jerarquía militar y fue sancionado.

Una denuncia anónima presentada ante el gobierno informó de la existencia de una supuesta organización dedicada al tráfico de influencias que involucraba a altos oficiales del Ejército con empresarios, vendedores de armamento y al propio vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y su hermano Gonzalo. El jefe del Ejército, Jorge Rosales, su jefe de Estado Mayor, Milton Ituarte, el ex comandante en jefe Díaz, otros militares y hasta Nin Novoa, encargaron obras privadas al empresario Eduardo Coronel, supuesto integrante de esta organización, que fue contratado para varios trabajos por el Ejército, en algunos casos sin llamado a licitación.

La ley 17.920, promulgada por el Poder Ejecutivo el 22 de noviembre de 2005, establece que "todas las vacantes en el grado de general serán provistas por el sistema de selección, a cuyos efectos el Poder Ejecutivo seleccionará los candidatos de entre los coroneles que por estar en condiciones de ascenso figuren en la lista de méritos" elaborada por el Tribunal Superior de Ascensos y Recursos. Esta ley sostiene que "los coroneles propuestos que sean elegidos por el Poder Ejecutivo serán ascendidos al grado de general, previa venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso". La norma modifica el artículo 11 de la ley 15.848 de 1986, conocida como ley de Caducidad.

La redacción de esa ley sostenía que las vacantes de general eran provistas por el Poder Ejecutivo, que seleccio- naba a los candidatos "de entre los coroneles que, estando en condiciones de ascenso, se encuentren comprendidos en el tercio superior de la lista de méritos" del Tribunal.