Buscando adecuar el marco legal para la presentación de proyectos "público-privados" claves para la realización de obras viales imprescindibles, el gobierno emitió un decreto que ajusta algunos aspectos de las normas que los regulan.

En particular establece que la Administración Pública contratante tendrá un plazo de 180 días corridos para presentar los estudios relativos a la elegibilidad y prefactibilidad o factibilidad, contados a partir del momento en que se comunique al Ministerio de Economía el objeto del proyecto.

Diego Gamarra, abogado del estudio Posadas, Posadas & Vecino, dijo a El País que una novedad positiva es que el decreto permite que la eventual sustitución de un contratista no interrumpa el desarrollo de las obras ni el flujo del financiamiento correspondiente. También clarifica la forma en que deberá procesarse la eventual sustitución de un contratista. Cualquier cambio en los contratos deberá ser informado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Cuando se autorice la cesión de un contrato se deberá indicar los contenidos de la misma y los plazos en que debe ejecutarse.

De todas formas, Gamarra consideró que el gobierno deberá apurarse si quiere poner en marcha, como es su intención, cinco proyectos viales bajo esta modalidad antes de que termine el año.

El gobierno anunció que tiene previsto llevar adelante durante su período un paquete de inversiones por algo más de US$ 12.000 millones, de los cuales aproximadamente un tercio provendrían del sector privado, a través de la modalidad de contratos público-privados. Estos suponen que la administración pública contrata a una empresa privada por un cierto plazo para el diseño, construcción y operación de ciertas infraestructuras, además de la financiación. Pueden ser objeto de estos contratos obras viales (incluidos caminos rurales), ferroviarias, portuarias y aeroportuarias; energéticas de disposición y tratamiento de residuos; obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud, centros de educación, viviendas de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano, y la colonización de tierras.

Hasta el momento el único proyecto que se ha concretado mediante esta modalidad es la construcción de un centro de reclusión en Punta de Rieles.

Confían en reducir los plazos para la ejecución de obras