La DGI calculó en US$ 86: la deuda de Casal

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PABLO MELÉNDREZ

La Dirección General Impositiva (DGI) determinó la deuda que mantiene el empresario Francisco Casal y su grupo económico por concepto del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) por su actividad de venta de futbolistas al exterior en el período 1998 - 2007.

Según una resolución firmado por el director de la DGI Nelson Hernández el pasado 15 de septiembre, la deuda asciende a $ 432.275.740. A ese total se le debe agregar una multa del 20% por mora, lo que equivale a $ 86.455.150 más.

Pero además, el organismo recaudador computó otra multa por "defraudación tributaria" que asciende a $ 1.296.827.200, el triple de la deuda fiscal calculada. Por eso, en total, de acuerdo con la DGI, Casal debería pagar a US$ 86.045.400, según el cambio de ayer.

Sin embargo, en el total también deberá computarse el recargo que continúa acumulándose hasta el momento que el empresario abone la deuda, dijeron a El País fuentes del proceso de liquidación

AL TCA. Los asesores legales de Casal ya recurrieron ante la DGI el contenido de la resolución. En caso de que el organismo mantenga su posición, el expediente pasará a estudio de la jerarquía, que es el Ministerio de Economía y Finanzas.

No obstante, los abogados del empresario no tienen dudas respecto a que tanto la DGI como la secretaría de Estado mantendrán la decisión, por lo que el caso derivará en la presentación de una demanda de nulidad de la resolución ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) "por lo que esto recién empieza", dijo el abogado Leonardo Costa, quien junto a Óscar Brum patrocina a Casal a nivel tributario.

"Discrepamos absolutamente" con la liquidación elaborada por la DGI, dijo Costa a El País. El abogado indicó que el acto de determinación del organismo ya fue impugnado porque además de que a su juicio Casal no debe pagar IRIC ni IRAE, la resolución de la DGI tiene deficiencias formales.

"Como lo dice toda la doctrina más prestigiosa a nivel tributario, se entiende que esta actividad no genera renta gravada y ese es nuestro argumento base", expresó Costa.

En abril de 2008, a pedido de la DGI, la Justicia dispuso el embargo genérico sobre los bienes de Casal y otros empresarios de su grupo por US$ 20.000.000 y luego lo amplió a US$ 75.000.000. Además, denunció penalmente al contratista por el delito de "defraudación" pero el caso fue archivado por falta de mérito.