Triana Núñez del Pino murió en 2019 poco después de dar a luz a su hijo. Ahora, su familia presentó una demanda contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por entender que se trató de un caso de mala praxis. El escrito, al que accedió El País, señala “sucesivos errores en la atención” que se le dio a la mujer, de 29 años, en el Hospital de Durazno.
La muerte ocurrió producto de una pérdida importante de sangre luego del parto, según señalaron los médicos que la atendieron. La defensa de los familiares -a cargo del estudio que dirige el abogado Nicolás Pereira- alega una “conducta omisiva” por parte del ginecólogo que la atendió.
Hechos
Triana tenía fecha con el médico para el 29 de julio de 2019, cuando iba a cumplir las 30 semanas de embarazo. El 22, luego de que detectara un sangrado, se la ingresó a una policlínica de La Paloma. Se le diagnosticó “una amenaza de parto pre término por hemorragia”.
Lo que le ocurría es conocido técnicamente como “placenta previa oclusiva”, por lo que según se establece en la demanda, no había dudas al respecto: era “un embarazo de riesgo”.
De hecho, decidieron trasladarla al Hospital de Durazno. Durante el viaje Triana no presentó complicaciones. Incluso, cuando llegó a Durazno, parecía tratarse de una falsa alarma. De todas formas, se le ordenó reposo completo, así que fue internada en el centro de salud.
El 23 de julio los médicos manejaron la posibilidad de hacer un nuevo traslado, hacia Montevideo, donde debería continuar su reposo. Sin embargo, por decisión de un médico ginecológico se optó por adelantar el parto.
“El miércoles 24 de julio, se le efectúa la cesárea entre las 11 y las 12. Según la descripción operatoria, surge que se esterilizó quirúrgicamente a la paciente y se extrajo a su bebe por medio de cesárea. Los motivos de dicha decisión no quedan claros desde el punto de vista obstétrico y la familia no fue informada de los mismos”, detalla la demanda presentada.
El nacimiento del cuarto hijo de la mujer tuvo lugar sin complicaciones para este, pero generó una serie de secuelas en Triana que fueron irremediables.
Tras el procedimiento, la mujer se desvaneció y tuvo sangrados de gran magnitud. Por algunos minutos sufrió un fuerte dolor en el abdomen y luego perdió la conciencia.
Las intervenciones del ginecólogo no lograron detener el sangrado y Triana falleció.
Daño moral y económico por la pérdida
Según detalla la demanda contra ASSE, tras la muerte de la madre de 29 años, su familia sufrió daños morales y económicos. Entre los primeros, aparecen las secuelas psicológicas que presentan los miembros de la familia -hijos, padres, pareja y hermanos de la víctima- que están incluidos en la demanda.
Fuera de esto, el núcleo familiar de la víctima percibió un daño patrimonial, ya que sus hijos no perciben el dinero que la mujer aportaba al hogar y el que recaudaría hasta su jubilación. Esto forma parte del análisis del equipo de abogados que defiende a la familia, que concluyó que se debía pedir la suma de U$S 1.000.000.
Responsabilidad
De las pruebas que recolectó la defensa del caso, se desprende que el profesional que intervino a Triana omitió realizar una “histerectomía”, lo cual hubiera evitado el deceso.
La maniobra consiste en remover de forma quirúrgica el útero de la madre, para de esta forma detener el sangrado.
En este sentido, la demanda señala que Triana fue trasladada “tarde” al block quirúrgico para ser intervenida.
Uno de los peritos consultados por la defensa de la familia aseguró que el “cotiledón” -una parte de la placenta inserta en el útero- no fue removido, ya que apareció en la autopsia y se detectó que fue el principal foco del sangrado.
“Estamos hablando de un profesional que es muy bueno, pero falló, porque se equivocó (...) Debió haber sacado el útero en la primera intervención”, dice la demanda.
Por lo antes detallado, la familia reclama que ASSE la indemnice con la suma de US$ 1.000.000, bajo el entendido de que el accionar de un trabajador del prestador estatal ocasionó daños morales a los familiares de Triana.