“ES DIFÍCIL ACCEDER A LOS TESTIMONIOS”

Crecen pedidos de la Fiscalía a jueces para que les habilite a levantar los “secretos”

Poder Judicial recibió 242 solicitudes de la Fiscalía para “intercepciones de las comunicaciones” en lo que va del año, y este tipo de peticiones parecen destinadas a superar el récord del 2021 (671).

Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez.
Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez.

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Cámaras que graban en lugares cerrados, como si fuera The Truman Show. Escuchas de conversaciones como en La vida de los otros. O el levantamiento del secreto bancario, como si fuera una petición para El lobo de Wall Street. Las investigaciones penales a veces parecen salidas de una película. Y la similitud entre la realidad y la ficción no es una mera coincidencia. Porque cada vez es más frecuente que los fiscales abracen la tecnología en sus estrategias investigativas.

Así lo constata información pública actualizada por el Poder Judicial. Desde que entró en funcionamiento el nuevo código del proceso penal -a fines de 2017- y hasta fines de abril de 2022 fueron en incremento los pedidos de la Fiscalía para que un juez le habilite la intercepción de comunicaciones, el levantamiento de un secreto tributario o bancario, la videovigilancia en espacios cerrados, la inspección o el bloqueo de cuentas.

Fueron 750 de estas solicitudes en todo el año 2018. Crecieron a 1.221 en 2019. Subieron a 1.374 en 2020. Aumentaron a 1.552 en 2021. Y se situaron en 510 en solo cuatro meses de 2022, por lo que, en base a la proyección, este año se superaría al anterior. Dicho de otra manera: estas peticiones de la Fiscalía ante el Poder Judicial son el doble que el primer año de funcionamiento del nuevo código procesal.

“En la medida que la delincuencia se va a sofisticando cada vez más, y a los fiscales nos es más difícil acceder a los testimonios por el temor a declarar, crecen las peticiones de medidas terciadas por la tecnología y la comunicación”, explica Adriana Edelman, fiscal de Homicidios.

El testigo -y antes el que hacía una “confesión”- eran la prueba clásica que guiaba una investigación delictiva. “Hoy por hoy muchas de las pesquisas se dan dentro de organizaciones delictivas en las cuales existe temor de declarar”, complementa Edelman.

Desde que los fiscales son los nuevos líderes de las investigaciones en materia penal, parecen llevar a la máxima el pensamiento del filósofo Marshall McLuhan de que “el medio es el mensaje”. Porque la imputación del futbolista Nicolás Schiappacasse o de varios de los detenidos de la Operación Océano -por citar dos ejemplos- tienen como piedra angular la captación de los chats y las conversaciones por celular.

El Poder Judicial recibió 242 solicitudes de la Fiscalía para “intercepciones de las comunicaciones” en lo que va del año, y este tipo de peticiones parecen destinadas a superar el récord del año pasado (habían sido 671).

El exfiscal y actual legislador colorado Gustavo Zubía, uno de los actores políticos más críticos con la gobernanza de la Fiscalía, reconoce que “el fenómeno (de crecimiento de solicitudes de interceptación de comunicaciones) se explica por la abundancia tecnológica que está al servicio de los investigadores y que, por tanto, surja como un acto reflejo que se pidan cámaras o servicios de internet para las pruebas”.

Edelman agrega otra motivación: “la objetividad”. Lo dice en el sentido de que una base de datos que surge del levantamiento de un secreto bancario o bien la toma de imágenes de videovigilancia pueden ser maleables, pero a priori cabría esperar menos manipulación que el recuerdo humano.

A eso Zubía le agrega el factor costos. La investigación de una red de crimen organizado mediante la intercepción de comunicaciones es mucho más económico (y menos riesgoso) que el exponer a agentes de seguridad a que hagan un espionaje.

En ese sentido, dice el legislador, “la tecnología y la ciencia vino para ayudar al investigador”, aunque en Uruguay hay algunas áreas que, a su entender, siguen relegadas. “Sobre todo en el ámbito técnico forense, estamos atrasado en el uso de probatoria científica. En delitos como homicidios, la prueba tecno-biológica sería clave y no se usa con tanta frecuencia”.

Un sistema que corre de atrás

Cuando la fiscal de Homicidios Adriana Edelman entró a la Fiscalía, en 1993, la web recién ingresaba en el dominio público. No existía Facebook, el buscador de Google y mucho menos el teléfono inteligente. Buena parte de su vida profesional aconteció en base a testimonios -relatos humanos- que se usaban como prueba. Para “estar vigente y mejorar las estrategias de investigación”, reconoce la fiscal, “es necesaria la capacitación constante y escuchar mucho a la Policía, que es quien nos sugiere por qué a veces es importante pedir tal o cual medida ante un juez”.

En ese sentido, dice su excolega Gustavo Zubía: “la tecnología siempre está un paso adelante, y por eso se necesitan actualizaciones constantes (…). Hoy no creo que este esté siendo un problema esto”. Zubía tampoco ve un problema en la legislación vigente. A su entender, las normativas actuales ya dejan en claro dónde empiezan y dónde terminan los derechos para el uso de la tecnología. “Abusos siempre puede haber, pero no tiene sentido legislar por la excepción a la regla”, señala.

Al respecto, la fiscal Edelman aclara que “cada vez que se pide una medida ante un juez hay que justificarla”, y que el Fiscal debe siempre “ponderar los derechos que están en juego: las medidas solicitadas deben ser fundamentadas y proporcionales”. De ahí que la medida de videovigilancia en espacios cerrados sea poco usada: van menos de 70 solicitudes en más de cuatro años.

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