Uno de los dueños de Fripur, Alberto Fernández, fue acusado en 2022 por la Fiscalía como autor de dos delitos de disposición de cosas prendadas a la pena de 10 meses de prisión. De esa forma, la Fiscalía pretendió hacerlo responsable de la venta millonaria de pescado que había sido prendado por el Banco República Oriental del Uruguay (BROU) previo a que la empresa cerrara sus puertas.

La defensa de Fernández rebatió la acusación fiscal señalando que el empresario ya no integraba el directorio de la empresa en el momento en que se realizó dicha comercialización y que su participación en la compañía era meramente formal. En su escrito, los abogados de Fernández indican que “no surge probado” que su defendido participaba en las decisiones de Fripur S.A. Y advierten a la jueza Silvia Urioste, que la Fiscalía pretende acusarlo de dos delitos apuntando más a un aspecto formal -Fernández figuraba como vicepresidente de la firma cuando se vendió el pescado prendado-, que a hechos concretos que lo vinculen a su comercialización.

“La Fiscalía realiza un razonamiento demasiado lineal y poco profundo a la hora de pretender la condena de nuestro defendido. No se hace referencia a un solo hecho, acto o contrato en el que él hubiera participado a efecto de consumar la venta del pescado prendado”, dice la defensa según el expediente del caso Fripur.

En un presumario que ya lleva más de seis años, agregaron los profesionales, la Fiscalía “no ha logrado” reconstruir los hechos investigados.

“No hay ninguna prueba del destino del pescado prendado ni, lo que es peor, de cuándo éste desapareció”, señala la respuesta de la defensa a la acusación fiscal. Y advierte a la jueza Urioste que imputarle a una persona el delito de disposición de cosas prendadas sin saber qué es lo que pasó con esa mercadería sería como acusar a alguien de cometer un homicidio sin tener certeza de si la víctima murió o anda caminando por la calle. “Ni siquiera la sobrina de Alberto Fernández -existiendo incluso un distanciamiento entre las dos familias- lo señala como responsable (de la venta del pescado prendado por el BROU) sino que identifica a su propio padre” como el vendedor, expresa el escrito de la defensa. Y agrega que otros testigos declararon en la misma línea, con excepción del sobrino de Alberto Fernández.

Según el documento, todos los indicios objetivos del expediente apuntan a que la decisión de vender el pescado provino de otro director de la compañía y de su entorno. Y agrega que los vales por US$ 4 millones fueron pagos por estas personas al BROU para “desactivar” la responsabilidad penal en su contra.

En otro tramo del escrito, la defensa de Alberto Fernández insiste en que en dichos vales hay firmas falsas y cita la pericia realizada por una prestigiosa perito. Por eso, agregan, la Justicia debe solicitar una pericia al Instituto Técnico Forense (ITF) para que se expida sobre si la rúbrica de Alberto Fernández que aparece en los vales es apócrifa o no.

Fernández niega haber firmado esos vales porque ya no se encontraba trabajando en la compañía, según su defensa. Pese a que la Fiscalía también pidió esa pericia, nunca se realizó.

El 13 de junio de este año, la jueza Urioste relevó al Banco República del secreto bancario y le solicitó que informe sobre la existencia de los vales por un total de US$ 4 millones firmados por dueños de Fripur.

El 18 de setiembre pasado, la Asesoría Letrada del Banco República informó a la magistrada que, según lo comunicado por el sector Recuperación Corporativa de la institución bancaria, “el documento solicitado (eran varios vales y no uno) fue destruido” en virtud de que el préstamo que lo originó fue cancelado el 26 de mayo de 2017. Poco después, la defensa del empresario Alberto Fernández envía un escrito a la jueza Urioste. Allí se preguntó: “¿Por qué razón el BROU destruiría estos vales sabiendo que las firmas estaban sobradamente controvertidas? ¿Cuál era el apuro? ¿La destrucción de los vales se dio en virtud de dicho pago? Si es así, la cosa es más grave”.

Los abogados pidieron, además, a la jueza que cite a declarar como testigo a la jerarca de la Asesoría Letrada del BROU para que explique los motivos y quiénes ordenaron la destrucción de los vales millonarios firmados por directores de Fripur. El pasado jueves 12, la magistrada dejó sin efecto la realización de una pericia caligráfica y citó a declarar a la jerarca del Banco República.