Reclamo

Amodio demanda al Estado por 320 mil dólares

Se trata de un juicio al Poder Judicial por daños y perjuicios.

Héctor Amodio Pérez: reclama daño emergente, daño moral, lucro cesante y lucro cesante futuro.
Héctor Amodio Pérez: reclama daño emergente, daño moral, lucro cesante y lucro cesante futuro.

Héctor Amodio Pérez demandó al Poder Judicial por daños y perjuicios por unos US$ 320.000, más intereses reales y reajustes.

La demanda patrocinada por los abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada, a la que El País tuvo acceso, reclama daño emergente, daño moral, lucro cesante y lucro cesante futuro.

Entre los perjuicios que se detallan se encuentra que debido a la imposibilidad de volver a España la empresa de Amodio quebró; el no poder asistir al sepelio de un hijo que murió repentinamente; que tuvo que pedir prestado para vivir en Uruguay después que lo liberaron porque hasta que la corte no se expidiera no lo dejaban salir del país y el pago de abogados debido a los juicios penales que enfrentó.

El reclamo, plasmado en un documento de 45 fojas de los mismos abogados que representaron a Amodio Pérez frente a la Justicia Penal, detalla el periplo judicial que este enfrentó a lo largo de dos años tras llegar a Montevideo con el propósito de confrontar con sus excompañeros del MLN-Tupamaros la versión que lo sindicaba como colaboracionista con las Fuerzas Armadas a cambio de su libertad y la de su entonces compañera, Alicia Rey.

Ojeda y Posada sostienen que Amodio "fue vapuleado por el sistema jurídico local, quien lo sometió a proceso en forma injusta y apresurada, le coartó sus garantías individuales y posibilidades de defensa e, incluso al momento de reivindicarse, lo hizo no sin antes dar por ciertas versiones infundadas y sin prueba respaldante y mancillando su honor e integridad personal, en un proceder totalmente extralimitado".

En un breve diálogo con El País, Amodio calificó el accionar del Poder Judicial como un "desquicio funcionarial".

Según la demanda "todo el proceso al que se vio sometido el actor se vio plagado de graves irregularidades y disfuncionalidades. No se respetaron procedimientos, se cambiaron criterios de funcionamiento, por momentos cuando debía serse precavidos se operó con celeridad, en otros, cuando había que apurar los procedimientos reinó la desidia, se lo agravio injustamente, etc., todo en claro perjuicio del actor".

En opinión de los juristas "flaco favor le hizo el Poder Judicial a su intención originaria cuando, lejos de darle la oportunidad de realizar su relato, lo persiguió, reprimió y estigmatizó en forma brutal y feroz, tal como surge del relato relacionado supra. Quien venía a limpiar su imagen de traidor terminó, de buenas a primeras, privado de su libertad".

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