Daniel Borrelli, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Etica Pública.

Es abogado y ha dedicado gran parte de su carrera a los temas de seguridad. Fue subsecretario del Interior durante el gobierno de Jorge Batlle, pero luego se aceró al líder frenteamplista Tabaré Vázquez.
Daniel Borrelli, asumió este año el cargo en la Junta de trasparencia y Ética Pública. Desde allí pretende aportar al combate a la corrupción; en las últimas semanas presentó un proyecto de ley para modificar el delito de “abuso innominado de funciones”.

—¿Cómo viene siendo el trabajo en la Jutep?

—Para mí es la culminación de la carrera, ya estoy cerca de la jubilación y es un verdadero honor. Recién estamos tomándole la mano a la cosa y lo que vemos es que lamentablemente tiene más importancia internacional que nacional. No por culpa de los uruguayos, ni del gobierno. Pero no tenemos las herramientas necesarias como para que la Junta tenga la trascendencia que se merece. Somos los encargados de controlar que a nivel estatal los niveles de corrupción no avancen, porque no podemos negar que tenemos niveles de corrupción. Pero somos los que tenemos menos en América Latina. Hay que mantener el nivel y levantarlo en lo internacional que estamos en el lugar 21; tampoco estamos muy arriba allí.

—¿Cuál es el plan que tienen?

—Lo que tenemos que hacer es convencer al funcionario público que aunque le regalen una canasta de navidad sencillita, y sin importancia no debería recibirla. Me corrijo: ¡No debe recibirla! Eso está determinado en un decreto que trabajamos con el expresidente Jorge Batlle, y Alejandro Atchugarry, donde se pusieron las normas de conducta de los funcionarios públicos. Esas pequeñas cosas hay que cumplirlas para no caer en actos mínimos de corrupción. Estamos trabajando en eso, en dar capacitación a los diferentes funcionarios. Para que tengan claro qué es el acto de corrupción. Porque no solo es el acto del enriquecimiento ilícito, sino también las tentaciones y el cohecho; que normalmente se lo conoce como la coima. Hay que capacitar e influir para que no se cometan esas cosas.

—¿Cómo convencen a esos funcionarios de menor poder adquisitivo y sueldos bajos?

—Y es difícil. Recibir una pequeña coima puede no parecer delito, pero es delito. Por eso hay que tratar de convencer, y ahí está la Junta. Nosotros recibimos las declaraciones juradas de todos los funcionarios. Eso por sí solo es un medio de disuasión importante. En la ley que se está estudiando se permite que la Junta pueda abrir un 5% de esas declaraciones de oficio para estudiarlas todos los años. Son unas tres mil. Lo que pedimos al Parlamento es que sea gente expuestas públicamente, porque están todos los policías de cualquier rango. Si cae ahí el examen no vamos a conseguir nada. ¿Qué vamos a ver de enriquecimiento del patrimonio? Hay que afinar el ojo. Yo fui Jefe de Policía en Salto y hay gente que tiene una gallina, una vaca y poco más. Si vienen todas las declaraciones se llena la Jutep de trabajo y nos distrae de otras cosas. Para mí tendría que ser de oficial jefe para arriba, donde los funcionarios sí tienen contacto con gente de poder.

—Antes del fallecimiento, Carlos Díaz dijo en una entrevista con El País que temía que el crimen organizado ingresase al gobierno por su poderío. ¿Usted cómo ve eso?

—Yo creo que en el gobierno uruguayo no. Por algo estamos primeros en los rankings de trasparencia y anticorrupción. Hay un Poder Judicial independiente, y un Ejecutivo honesto. Tenemos un capital bueno en todos los partidos. Hay excepciones en todos. En Uruguay creo que estamos lejos de llegar a un nivel de que el crimen organizado tome un país tan chico donde todo se nota. Donde todo se sabe. El crimen organizado en el mundo ha intentado llegar. En Colombia Pablo Escobar alcanzó el Parlamento.

—¿En Uruguay no hay lugar para un Pablo Escobar?

—No lo veo. Los narcos que vinieron cayeron casi en seguida. Es un país muy chico donde todo se conoce. La gente que tiene mucho dinero se conoce toda. Es una ventaja al ser un país chico. Hay pocos círculos para hacer un derroche de dinero sin que se den cuenta los demás. Somos un país con fama de no ser corrupto. Me siento orgulloso de que durante toda mi carrera nunca intentaron coimearme. ¡Eso es lo más importante! Eso pasa a nivel país y hay que cuidarlo. Cuando empiecen a inten- tar coimearnos es porque ven que podemos caer en ese círculo. Eso es lo que hay que evitar: mantener nuestra tradición no corrupta.

—¿Cómo observa el tema de seguridad a nivel general?

—Uruguay tiene un gran problema en la seguridad que es la droga, la pasta base. Ha provocado una cantidad de homicidios increíbles que nunca lo podíamos prever en 2004. Se puede decir que eso perjudica a una clase social, a un barrio determinado, y no nos molesta en la costa de Montevideo. Pero no es así. Esta gente viene a conseguir para más droga, porque les sirve cualquier cosa. Afanan lo que viene. Le arrancan la cartera a una mujer, la lastiman. Aparentemente viene dando resultado el PADO, que es la única forma: patrullar y patrullar. Y meter policías en la calle a los efectos de que las personas se sientan más seguras. Porque hoy hay una sensación —no hablo ni cerca de sensación térmica— pero hay una sensación realmente de inseguridad.

—¿Usted se siente inseguro?

—Yo salgo de noche con la cédula y unos pesos en el bolsillo. Cuando era fiscal, no llevaba el carné ni la tarjeta de fiscal; ni nada que me comprometiera. Porque de repente me asaltaban y veían que era fiscal y me pegaban un tiro. ¡Eso no puede ser! No puede ser que uno empiece a tener miedo. Este es un país que hay que dejar de tener miedo.

—¿Se soluciona con aumento de penas? El que esta fumando pasta base no conoce el Código Penal. ¿O sí?

—El que está fumando pasta base puede que no lo conozca. Pero el que la vende sí. Hay muchos juristas que dicen que no conocen las leyes. Pero yo creo que sí, porque se cuidan de hacer un arrebato y no una rapiña. Porque saben que la pena es menos dura, y hasta sin cárcel. Por eso hay que castigar muy fuerte a los vendedores, a los suministradores, a los transportadores. ¡Hay que penalizarlos con penas que duelan! Que pasen muchos años en la cárcel. Que vean el costo-beneficio. Porque hacen plata rápidamente, y después si caen están un tiempo y salen.

—¿Cree que las cárceles sirven como medida de rehabilitación?

—Las cárceles tampoco sirven para rehabilitar, pero para algo están y las leyes tienen que ser duras, porque si la ley penal no es dura no sirve para nada. Sé que las cárceles están tapadas de gente, pero se necesitan medidas ejemplarizantes, y en la droga más porque los están matando a los adictos. ¡Los suministradores son unos asesinos! El tipo que le da droga a un muchacho joven es un asesino. Les dan veneno. Y lo que mata tiene que tener una pena fuerte. Y si tiene antecedentes con más razón, cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte la pena. No me importa que en la cárcel no se rehabilite. El Estado tiene que hacer algo para que se rehabilite, pero lamentablemente hay algunos que pasan en la celda tirados para arriba esperando para hacer una macana. O para violar a alguno, para robarle a aquel otro, o para chantajear al de al lado. Yo soy partidario de las penas duras en esos casos.

—¿Y otro tipo de medias?

—Yo una vez planteé y después me arrepentí, la penalización del consumo como en Argentina. Pero después recapacité, porque entiendo que el que consume es un enfermo. Al adicto hay que cuidarlo y sacarlo de eso. ¡Lo que pasa es que no tenemos los medios! Hoy no creo que sea una medida, por mi experiencia, hay que ir al que suministra. Y a ese darle, y darle, y darle, y darle. Y va a ver que van a empezar a encarrilarse. No le va a salir barato.

—El problema es que muchas veces se plantea la disyuntiva de si atacar el microtráfico o los grandes narcotraficantes. Y los grandes llevan más tiempo de tareas de inteligencia.

—Claro, pero hay que ver los consumidores. Los que se ven en la calle fumando pasta base por todos lados. En el Centro está lleno. Y ellos en algún lado compran. Es verlos, y ahí sí, a las bocas darle con todo. Porque no puede ser que los tipos venden, venden y venden. Y con el tiempo se van organizando y adquiriendo un poder económico muy grande. Es tiempo de frenarlo antes que se vaya de las manos. Sé que se está trabajando. Cada uno desde su lugar. Pero no podemos quedarnos quietos. La otra vez en un pueblo del interior me comentaban que había una mansión con gente cuidando con rifles. ¿Dónde se vio eso algún vez en Uruguay? ¿Gente de noche cuidando una mansión adentro de un asentamiento? ¿Cómo es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Hay cosas que no se entienden.

Uno de sus lemas de vida proviene del latín. "Dura lex, sed lex", significa que la ley es dura, pero es la ley. Y por eso Daniel Borrelli no teme decir que es un hombre que le gusta la mano firme. Porque así es como se corrigen "los desvíos" en materia de seguridad, dice. El actual vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética publica se define como una persona de principios. Es masón. Amigo del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y ofició de asesor en seguridad en la última campaña electoral.

Dice que no tiene temor en "hablar las cosas por su nombre", porque sostiene que esa es la única forma de solucionar los problemas. Dice que hoy observa un escenario de inseguridad real en la sociedad, generado por el crecimiento del consumo de "pasta base" de cocaína que tiene un impacto real en la delincuencia.

Para Borrelli es tiempo de poner más "mano dura" en el combate a la delincuencia y atacar el foco real: los suministradores. Para él la receta pasa por medidas ejemplarizantes y penas extensas para que los delincuentes reflexionen en las cárceles y la sociedad vuelva a sentirse segura. "No puede ser que uno empiece a tener miedo. Este es un país en el que hay que dejar de tener miedo", dijo.

Desde la Jutep, explicó Borrelli, se ha comenzado con un plan para atacar los nichos de corrupción que hay en el Estado y reducir al mínimo los casos. El objetivo es mantener los buenos registros que el país ha conseguido a nivel regional y subir en los rankings de transparencia y combate a la corrupción a nivel internacional.

Para eso capacitarán a los funcionarios público y buscarán concientizar que no deben aceptar regalos, ni los más mínimos incentivos externos que pueden entenderse como coimas.

Los exfuncionarios del gobierno de José Mujica, Fernando Lorenzo y Fernando Calloia, así como el intendente de Colonia, Walter Zimmer, esperan por la discusión parlamentaria sobre la figura delictiva de "abuso innominado de funciones". Los tres han sido procesados pero ahora el sistema político, a impulso del partido de gobierno, busca abrir la discusión y borrar ese delito.

Los expertos coinciden en que el "abuso innominado de funciones" debe ser eliminado. Borrelli tiene una posición similar, pero opina que la discusión se ha politizado y eso dificulta encontrar una solución.

"He aplicado el abuso innominado de funciones hace 30 y pico de años. Hoy no lo aplicaría", dijo el vicepresidente de la Jutep en la entrevista. El abogado y exfiscal de gobierno explicó que el imputado no tiene forma de defenderse porque el abuso innominado de funciones "es un delito residual que se pone cuando no hay qué delito imputarle".

Borrelli dijo que cuando era subsecretario del Interior el gobierno de Jorge Batlle discutió el tema y tenían la decisión de eliminar ese delito. "Una vez hablando con Batlle me dijo: Mire doctor, no conviene. Vamos a dejarlo como está porque después van a decir que lo hacemos para cubrirnos. Fue bien como era el doctor Batlle: sincero y claro. Y lo dejamos", recordó. El vicepresidente de la Jutep comentó que la semana pasada asistieron al Parlamento y propusieron una alternativa para acotar el delito y eliminar la concepción de "innominado". De modificarse el delito, o quitarlo del Código, todos los casos que están en proceso caen. "Esas cosas llevan a que tengamos más herramientas para combatir la corrupción. Pero no a lo loco. No atropellando la Constitución", opinó.

PABLO S. FERNÁNDEZ

LA ENTREVISTA DEL DOMINGOPABLO S. FERNÁNDEZ