LOS NUEVOS MIGRANTES

Las piedras en el camino de los inmigrantes en Uruguay

¿A qué derechos no pueden acceder los recién llegados al país?

Entre 2014 y 2018, el Estado otorgó 51.440 residencias a extranjeros. Foto: Leonardo Mainé
Entre 2014 y 2018, el Estado otorgó 51.440 residencias a extranjeros, en un fenómeno nuevo de estos últimos años. Foto: Leonardo Mainé

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El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales. Así lo establece la ley 18.250 de Migración. En el artículo 8, capítulo III, de esa ley se añade: "Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso".

Sin embargo, existen ciertas situaciones en las que los inmigrantes tienen limitaciones para acceder a sus derechos, sobre todo en materia de educación, salud y trabajo.

Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), explicó a El País que hay una serie de normas que son "un avance importantísimo" en el marco de las garantías a los derechos humanos en Uruguay en los últimos años, "pero cuando se redactaron no se tuvo en cuenta este fenómeno reciente que se ha dado en el país de la reversión de los procesos migratorios". Y explicó: "Pasamos de ser un país expulsor a un país receptor".

En este sentido, el director plantea que se podrían realizar ajustes normativos, teniendo en cuenta el contexto actual del país. Según datos publicados por el diario El Observador, entre 2014 y 2018 el Estado otorgó un total de 51.440 residencias a extranjeros. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, solo entre enero y abril del año pasado se concedieron 5.326 residencias.

Educación.

La ola migratoria ha llevado a la flexibilización a nivel de la educación obligatoria, otorgando el derecho a los migrantes a cursar un año de enseñanza primaria con la documentación en trámite. En Secundaria, los requisitos para inscripción son cédula uruguaya o de algún país del Mercosur o pasaporte, debiendo presentar también un comprobante del nivel cursado en el país de origen.

Inmigrantes cubanos. Foto: Leonardo Mainé
Inmigrantes cubanos. Foto: Leonardo Mainé

Aunque se sigue trabajando, a nivel universitario todavía hay trabas. Rige una normativa de 1987 que establece una residencia legal mínima de tres años para poder acceder a una carrera en la Universidad de la República (UdelaR). O existe la posibilidad de que el estudiante que lleva menos de tres años en el país, se inscriba de forma condicional. Es decir, que puede empezar a cursar la carrera, pero su inscripción definitiva depende del Consejo Directivo Central, que puede tardar un año en tomar la resolución.

Martín Koolhaas, del Grupo de Estudios de Migración e Integración de la Universidad de la República, informó que en octubre de 2018 se definió que cada facultad tenga la potestad de "permitir excepciones a las normas establecidas en 1987 para el ingreso de personas provenientes del exterior".

Dentro de la UdelaR existen divisiones respecto a facilitar el acceso a inmigrantes. Por un lado, la Facultad de Ciencias Sociales impulsa el acceso sin restricciones, alegando el derecho a la educación de la ley 18.250.

Por el otro, las áreas de salud —con Odontología a la cabeza— están en desacuerdo con quitar del todo las restricciones debido a la imposibilidad de atender a un aluvión de extranjeros, lo que implicaría mayor número de docentes y salones, entre otros temas.

A nivel de la salud, una de las leyes más cuestionadas en cuanto a las inmigrantes es la 18.987, que establece la interrupción voluntaria del embarazo. En su artículo 13, impone como uno de los requisitos que "sólo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley las ciudadanas uruguayas naturales o legales o las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República" durante al menos un año.

Critican que el refugio y la migración es una mera cuestión administrativa y no una protección de derechos. Foto: F. Ponzetto
Foto: F. Ponzetto

Según Faroppa, en su momento el argumento para exigir un año de residencia puede haber sido que Uruguay "no fuera un lugar en el que una persona llegara exclusivamente para abortar y se retirara". Sostiene que la situación de las inmigrantes debería ser uno de los temas a revisar en esa ley.

El tema estuvo presente en la proclama de la Intersocial Feminista el pasado 8 de marzo, según publicó El Observador.

Para el director de la Inddhh, también hay que revisar los criterios del Fondo Nacional de Recursos (FNR) para habilitar o no la reproducción asistida a inmigrantes. "Tuvimos el caso de una pareja de migrantes que quería acceder a los beneficios del tratamiento de reproducción asistida. Aún no tenían la residencia en Uruguay, pero hacía ya muchos meses que estaban en el país", relató Faroppa.

En principio el FNR, aplicando las normas de forma estricta, estableció que no tenían derecho a acceder a estas prestaciones. Pero, ante una recomendación de la Inddhh, el FNR modificó esa posición y aplicó el concepto de radicación, "que es mucho más amplio que el de residencia", explicó Faroppa. A su juicio, ese es un avance y una buena señal, pero agrega que debe modificarse la ley para que no dependa de interpretaciones.

A nivel laboral, la restricción está en el ámbito público. Rita Cutteli, asesora en educación de la red de apoyo al migrante, contó a El País el caso de una extranjera que culminó sus estudios en el Instituto de Formación Docente, pero al recibirse no pudo ejercer en escuelas públicas porque no tenía la ciudadanía legal.

Lo mismo sucede con otros inmigrantes que buscan empleos públicos. Salvo en la UdelaR, en el resto de la administración deben esperar cinco años hasta tener la ciudadanía legal.

Problemas que abarcan a los recién llegados

Para Pilar Uriarte, docente de Antropología de la UdelaR, "hay limitaciones que sufre la población inmigrante, pero no por su condición migratoria". Cita ejemplos como el ingreso a mitad de año en escuelas, Caif o centros Capi. Allí hay dificultades por los cupos a esa altura del año. La diferencia está en que en general "es gente que precisa trabajar y no tiene mucha red familiar ni de sostén". Son problemas que puede atravesar cualquier uruguayo pero en el caso de los inmigrantes todo se vuelve más complejo por su situación de movilidad: "Una inmigrante precisa un centro que pueda tener al niño ocho horas para poder trabajar, y es más difícil acceder a eso".

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