El Banco Central del Uruguay (BCU) afirmó que los depósitos de la representante de ahorristas de Banco de Montevideo, Alicia Barbani, estaban en el Trade and Commerce Bank (TCB) por voluntad propia, "percibiendo por ello un interés superior al que abonan los bancos de plaza". El BCU hizo esas afirmaciones al responder al planteo que hizo Barbani ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El BCU afirmó que existió "clara conciencia y voluntad del inversor de proceder a la adquisición de una participación en un depósito constituido en el TCB".
"No se trata de un depósito constituido en Banco de Montevideo, sino una operación en la que Banco de Montevideo asumió como máximo una obligación de custodia del documento que contenía la inversión y que a la postre no era más que un crédito contra el TCB", señaló.
Barbani señaló en el escrito que presentó ante la CIDH que la comisión que asesoró al Banco Central —integrada por los abogados Carlos Balsa, Augusto Durán Martínez y Tomás Brause— hizo un "trato discriminatorio, que pone de manifiesto una conducta inadmisible jurídicamente" y una "violación brutal y masiva de un derecho humano —el de propiedad—".
Barbani propuso como testigos al senador Rafael Michelini, a los diputados Víctor Rossi y Julio Cardozo, al ex canciller Héctor Gros Espiell, al abogado Víctor Della Valle y la ex funcionaria del banco, Alba Piñeyro. La institución aseguró que los testigos propuestos "carecen de las condiciones inherentes a tal calidad, ya sea porque participaron en el seno parlamentario en defensa de la modificación de la ley o por tener un interés directo en el tema".