20.000 profesionales no ejercen pero deben aportar al fondo de solidaridad

Cerca de 55.000 profesionales universitarios realizan aportes cada año al Fondo de Solidaridad, desde 1995. Pero la gran mayoría no sabe a dónde va a parar su paga, que en algunos casos supera los 4.000 pesos anuales, aunque se haya declarado el no ejercicio de la profesión. Hay quienes concurren a la propia sede del fondo a pedir exoneración, y muchos otros lo pagan de muy mala gana.

Las propias autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios afirman que se han desprestigiado por culpa del fondo y que incluso pierden dinero debido a las tareas de recaudación. Esta caja cuenta con unos 30.000 afiliados activos. Además, cerca de 20.000 afiliados no ejercen, pero muchos están obligados a aportar al fondo.

De hecho, durante la crisis del año 2002 hubo una pérdida del 10% de los afiliados activos, aseguró a El País Carlos Malcuori, tesorero de la caja. Estas personas tienen que pagar igual, si realizan otra actividad subordinada y aportan al BPS. Es decir, un médico que trabaja como taxista debe aportar, aunque nunca haya ejercido su profesión.

Pero hay gente que no se queja. Son los aproximadamente 4.000 estudiantes de la Universidad de la República y del Consejo de Educación Técnico Profesional —básicamente del interior—, que reciben becas cada año para realizar estudios terciarios en la capital, con el dinero que aportan los profesionales y que recauda el fondo de solidaridad.

El año pasado se otorgaron 3.895 becas, en 2002 3.933 becas, y en 2001 4.443, récord hasta el momento. El año en que se dieron menos becas fue 1996 —el primero—, con 1.664.

Quienes reciben las becas son estudiantes que se encuentran en "situación económica desfavorable". Un equipo de asistentes sociales estudia las solicitudes: analiza la documentación presentada, entrevista a los propios estudiantes, y visita a las familias.

Para otorgar las becas se tiene en cuenta los informes de los asistentes sociales, y también la escolaridad de los estudiantes. El fondo realiza cuatro pagos de 2.500 pesos al año, o cinco pagos en el caso de los estudiantes que renuevan sus becas.

La mayor parte del dinero que ingresa al fondo se utiliza para el sistema de becas. En el año 2002, por ejemplo, entraron 90.125.309 pesos y se destinaron al sistema 81.220.499 pesos. El resto del dinero va para gastos administrativos, adquisiciones de equipamiento e incluso publicidad.

SOSTEN. Claro que para que éste sistema se mantenga, los profesionales deben aportar con puntualidad. El pago se empieza a realizar cinco años después de haber egresado y durante un período de 25 años, o hasta la jubilación. Sólo pueden ser exonerados aquellos que tienen ingresos menores a cinco salarios mínimos nacionales.

Malcuori, de la caja de profesionales, opina que el sistema es "injusto" y asegura que se han constatado casos "de gente que gana miserias, pero que igual le hacen el descuento".

El monto a pagar depende de la duración de la carrera. Si ésta tiene menos de cuatro años, se paga medio salario mínimo (621 pesos). Si dura cuatro años, se paga un salario mínimo (1.242 pesos), mientras que en los casos de carreras de cinco años o más se debe pagar 5/3 de salario mínimo (2.070 pesos).

En el año 2001 se realizó una modificación por la cual quienes realizaron carreras de cinco años o más, y cobran más de seis salarios mínimos, también deben aportar un "aditivo" de 2.070 pesos. Este aporte lo recauda el fondo, que tiene la obligación de enviarlo en forma íntegra a la Universidad de la República.

Según establece la ley 17.296, la universidad debe volcar un 40% de este aporte a infraestructura edilicia destinada a la enseñanza, un 35% para proyectos institucionales en el interior, y un 25% a mejoras en la infraestructura no edilicia, como bibliotecas, formación de docentes, o publicaciones.

Pero esto no es todo. Una ley aprobada en forma reciente determinó que el fondo también lleve a cabo "todas las operaciones necesarias" para la construcción de un gran hogar universitario en el predio de la ex cárcel de Miguelete.

Se trata de un proyecto en fase preparatoria, pero del cual difícilmente pueda hacerse cargo algún día el Fondo de Solidaridad. Es que la ley dice que el dinero para construir el hogar debe surgir del fondo, sin afectar la cantidad de becas que se otorgan anualmente.

"A nosotros no nos sobra dinero. Si construimos el hogar, seguro que afectaremos el sistema de becas", explicó el gerente del fondo Marcelo Balestra, echando por tierra cualquier posibilidad de hacerse cargo de la obra a corto plazo.

MOLESTIA. En la caja de profesionales, mientras, las líneas se han llegado a saturar ante consultas y quejas por este tema, hasta que decidieron delegar todas las tareas administrativas al propio fondo. "Sé que allí hay desorganización, y colas", aseguró Malcuori.

El tesorero admitió que la caja "se ha desmarcado bastante" de un asunto que le ha hecho "mucho daño". Y agregó que se cobra la cuota, pero los casos de morosidad se trasladan al propio fondo. Según Malcuori, a la caja le cuesta "muchísimo dinero" realizar la recaudación, ya que debe pagar el 23% de Iva.

"Pero además nos desprestigiamos frente a la sociedad profesional, que tiene poco trabajo y nos ve como alguien que le está quitando dinero de más. Tenemos muy mala imagen por este tema", aseguró.

Marcelo Balestra, gerente del Fondo de Solidaridad, admite que es habitual recibir quejas. "Es que somos uruguayos, a nadie le gusta pagar. Mucha gente dice que no tiene dinero, que no pueden hacerse cargo. Son los mismos argumentos que se ponen a la hora de evitar pagar la luz o el agua", relató el gerente del fondo.

Sin embargo, explicó que el nivel de morosidad no es alto. "Es que si uno piensa que hizo la carrera sin pagar un peso y que el Estado le ha brindado absolutamente todo, no es tan ilógico pedir que se realice este pequeño aporte", agregó Balestra. El fondo cuenta con varias armas para controlar que efectivamente se hagan los aportes. Por ley, las empresas son "solidariamente responsables" de las deudas que tiene el personal. Es decir, el fondo le puede cobrar a la propia empresa si un profesional que trabaja en ella no abona las cuotas.

Además, los empleados públicos no pueden cobrar su sueldo si no han pagado al fondo, y lo mismo sucede con los médicos en las mutualistas y con los jubilados.

El fondo de solidaridad en sí es una institución pequeña. Posee una sede en la calle Mercedes y tiene 17 funcionarios: cinco asistentes sociales, cuatro administrativos en recaudación, tres en becas, una telefonista, un abogado, un contador, una secretaria, y un gerente general.