OPINIÓN

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La crisis mundial de 1929 hizo reaccionar a nuestro país, ante la reducción del comercio exterior por caída de los precios internacionales, por la disminución de las exportaciones y por la pérdida de efectividad de las barreras arancelarias que existían entonces, con el objetivo de generar recursos para el Estado y frenar levemente a la competencia externa. Pese a la oposición al aumento de los aranceles por parte del socialismo (Emilio Frugoni), del comunismo (Eugenio Gómez) y del nacionalismo (Carbajal Victorica), se decidió en 1931 un incremento significativo de derechos arancelarios sobre las importaciones, para proteger a la industria nacional.

Las políticas comerciales

Sin embargo, fue con el marco legal creado en 1941 (ley No. 10.000), que se lanza una política comercial más restrictiva, conocida como de “sustitución importaciones”, en el marco de la cual el Instituto de Contralor de Importaciones y Exportaciones se encargaría de establecer aranceles bajos o nulos sobre materias primas e insumos y aranceles altos sobre las compras de productos competitivos de la producción nacional. El modelo de sustitución de importaciones —apoyado además por la conflagración mundial y la salida de la guerra— tiene su punto culminante, de acuerdo con indicadores disponibles, en 1956.

Entre 1959 y 1972 —no obstante la ayuda que al comercio le dio transitoriamente la creación de la Alalc, hoy Aladi—, se produce el estancamiento de la producción de nuestro país, que no se soluciona con el establecimiento de prohibiciones de importaciones, recargos cambiarios de hasta 300% del valor CIF de las compras externas y, también, recargos financieros con depósitos previos por montos similares a los de las compras en el exterior, a lo que agravaron detracciones —impuestos— sobre las exportaciones.

Agotado el modelo de sustitución de importaciones, en los años finales de los sesenta y comienzo de los setenta, se decide intentar el crecimiento de la economía con una política comercial enfocada, también, hacia las ventas al exterior a través de la concesión de subsidios —reintegros— a las exportaciones. Se trató de un cambio que, junto con la liberalización de importaciones de 1973, permitió la recuperación temporal de la producción, la que no duró mucho. En el período 1977-1981, la imposición a nuestras exportaciones de derechos compensatorios de los reintegros en los países de destino, llevó a un aquietamiento significativo de las ventas al exterior.

El modelo de comercio exterior consistía entonces, hasta 1991, en libertad para importar con altos aranceles, que se fueron reduciendo paulatinamente, y bajos reintegros a las exportaciones a lo que se agregaban programas especiales de comercio con Argentina —Convenio Argentino-Uruguayo de Comercio Exterior (CAUCE)— y con Brasil —Protocolo de Expansión Comercial (PEC)—, consistentes en listas de productos con esas naciones que se podían comerciar libres de aranceles en esos destinos.

En marzo de 1991 se fue, junto a esos vecinos, a un nuevo esquema comercial con la inauguración del Mercosur, surgido de negociaciones entre Argentina y Brasil a las que luego se invitó a participar a Uruguay y a Paraguay. En los primeros años de funcionamiento del nuevo esquema, la producción creció pero, rápidamente, por problemas internos en los dos socios mayores, comenzaron numerosos incumplimientos que, al cabo de 30 años, no han llevado al Mercosur a la etapa de complementación comercial que se esperaba.

En definitiva

Lo que muestra desde hace ya tiempo el comercio exterior uruguayo es que, ante la pequeñez del mercado local que no permite crecimiento importante de la economía, se ha hecho necesario buscar nuevas oportunidades en el mercado exterior, que ha pasado a representar la principal fuerza impulsora del crecimiento de los últimos años. En esa definición del mundo como el área óptima de comercio exportador e importador para una nación pequeña como la nuestra, China se ha vuelto el mayor destino de las ventas externas de bienes de nuestro país y casi el mayor socio para nuestras importaciones. Observando las pocas oportunidades que se dan para crecer en la región y las oportunidades que pueden surgir por el comercio también con otras naciones —Estados Unidos, Singapur, Turquía, la Unión Europea y otras por el estilo—, es que se intenta desde hace ya tiempo la flexibilización de las restricciones impuestas por nuestros vecinos del Mercosur, que apuntan a limitar la posibilidad de actuar individualmente con el objetivo de concertar acuerdos comerciales.

La historia del comercio exterior de nuestro país de los últimos cien años nos lleva inexorablemente a que, para crecer económicamente, se debe ampliar nuestra vinculación comercial externa, en las condiciones que permita el acuerdo regional o eludiéndolas con argumentos contundentes, como el de la necesidad de la apertura aun manteniendo los derechos y otras obligaciones contenidas en el acuerdo regional.

Es inevitable que se insista y se persista en la flexibilización comercial; eso sí, con cautela en las negociaciones, para no generar problemas instantáneos o inmediatos por desgravaciones arancelarias a ciertos sectores de producción internos, y así evitar tener altos costos, como contrapartida del alto beneficio que generaría tanto para productores de algunos sectores como fundamentalmente para consumidores. La apertura comercial es condición necesaria para el crecimiento de nuestro país en el mediano y largo plazo.

No me cabe duda que la oposición argentina será un escollo difícil de sortear, pero tampoco me cabe duda que la actual conducción económica de Brasil —hasta que dure—, si bien se cuidará de enfrentar a Argentina, no eludirá respaldar a la postura uruguaya.