OPINIÓN

El grupo de autoconvocados nos ha planteado un ciclón de ideas fuerza sobre las que vale la pena discutir, lo que sin éxito quiso controvertir el gobierno a través de un "comunicador" que habló en su nombre.

Este comunicador no habló de ningún problema serio, y por eso, cuando quiso exponer acciones oficiales favorables hacia el campo, lo que hizo fue detallar su beneficencia, sus ayudas a los pobres, lo que nada, absolutamente nada tiene que ver con la suerte económica del agro, y más se parece a un intento de hablar del tema a otro público.

Por eso, entre sus éxitos señaló la ley de 8 horas que no generó ningún cambio importante, y menos en la producción; o el aumento del número de colonos, o la plata que se le dio a las intendencias del interior. A eso el comunicador sumó acciones que son muy anteriores al gobierno como la lucha contra la aftosa, o la apertura de mercados para la carne que está mal: se trata de protocolos sanitarios y ninguna ventaja arancelaria de acceso. En efecto los principales mercados se abrieron hace mucho —Europa, Rusia, Nafta, China, Israel, Brasil— y mal puede un gobierno que no adelantó en ningún TLC, señalar que abrió mercados. A eso le sumó dos éxitos hoy muy cuestionados por los autoconvocados: los planes obligatorios de uso y manejo del suelo, presentados como si antes de ellos el país no conociera de cuidado del recurso (lo que no es cierto), a la vez que supuso introducir un costo obligatorio y por lo mismo cuestionable.

Lo mismo ha ocurrido con el régimen también imperativo de trazabilidad del ganado que con criterio se ha propuesto re evaluar. Y esto es lo bueno, que ni el Mgap ni Inac han aceptado: estudiar si seguir o no con el régimen. Hasta el 2015 en su momento calculé el costo del sistema desde el año 2006 en U$S 326 millones, cifra que debe estar llegando fácilmente a los 400 incluyendo costos por camión, caravanas y el del propio SNIG, sin contar el valor del tiempo perdido en las mangas. Siempre estuve en contra de la obligatoriedad de un sistema para un negocio absolutamente privado, todo una intromisión estatal en la decisión empresarial. Pero más allá de esto, económicamente no conozco más que una evaluación presentada en el libro de Juan Peyrou titulado "La Cadena de la Carne Vacuna", en el que el autor compara los precios de exportación nuestros y de nuestros competidores antes y después de 2006, en el que se ve que no hay ningún beneficio demostrable.

No ha habido en el discurso oficial, en cambio, una sola palabra sobre las cifras que importan: presión fiscal, naturaleza de los tributos, producción en volumen físico, endeudamiento, desaparición de productores, acuerdos de libre comercio, gasto público, tarifas, infraestructura. Y en todo esto la cuenta es muy diferente. No me canso de señalar que el PBI agropecuario en volumen físico no se ha movido casi nada desde 2005 —15 % en 11 años— o que la pecuaria no creció absolutamente nada —1,8 % en 11 años— con los precios altísimos que ocurrieron, y la tasa de interés por el piso, o el petróleo en mínimos. En este estancamiento llegamos a una situación actual de precios internacionales que no son tan malos, que no hay perspectivas de que suban mucho, y con sub sectores en problemas: trigo, lechería, arroz, pecuaria. En este contexto, tenemos una presión fiscal agropecuaria, que para la DGI es equivalente entre sectores, nada más que en el análisis no incluye la municipal que es casi igual a la nacional; y a través esencialmente de impuestos a la tierra que en 2017 duplicaron a aquellos sobre la renta. Así el endeudamiento va aumentando y, algo que se ignora, la peor y más intensa desaparición de productores se da en el Censo del 2011, muy contrastante con lo ocurrido en la década del ´90 en la que aunque marginalmente aumentaron.

Por cierto, un gobierno que mantiene un déficit de 3,6 %, que lo atiende esencialmente con endeudamiento que supone ingreso de dólares que tiran hacia abajo el tipo de cambio, un gobierno así no puede señalar que no tiene nada que ver con el valor de la divisa. Por eso es pertinente lo que los autoconvocados se planteaban, o sea la dimensión del gasto, su contracara o sea los impuestos, y en especial los 70 mil empleados públicos más. Incluso esto último se plantea no solo como un tema económico sino como la forma en la que se mira el éxito en nuestra sociedad. Por fin y en su versión original los autoconvocados —después se dejó el tema— plantearon lo que todo el mundo se pregunta sin animarse a hacerlo en voz alta: el costo de las famosas políticas sociales; incluso se preguntaron si no habría que poner un límite de edad a los beneficiarios del Mides. Más allá del detalle llama la atención que se considere un agravio inaceptable la voluntad de evaluar cualquier destino de recursos públicos, para reasignar prioridades si fuera el caso.

No me olvido de todo lo que refirieron sobre el combustible, sobre las empresas públicas, sobre la infraestructura y hasta sobre las fijaciones salariales. A propósito de estas últimas, se viene una ronda de negociaciones para toda la economía, que advierto que puede resultar muy severa para los productores de transables como el agro, si se acepta como pauta la inflación o la inflación más algo. Si esta pauta fuera aceptada implicaría un severo aumento en dólares que afectaría al campo en términos absolutos pero sobre todo relativos, cuando tenga que comprar algún no transable de los tantos que utiliza o paga: salarios, tarifas, combustible y todos los servicios.

En definitiva lo que la polémica del gobierno con los autoconvocados nos deja es un montón de temas gordos que la sociedad hace bien en discutir.