LAS GOTAS QUE DERRAMARON LA DISPUTA

La polémica que se fue de las manos

Este año el Ministerio de Agricultura recibirá más de 150 denuncias por uso indebido de agroquímicos, cuando en 2011 no llegaban a 40. Parte del aumento se explica por las quejas en Paso Picón, un poblado que llevó el debate al extremo. Y a la Justicia.

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Máximo Castillo se echa glifosato en la cara para justificar su inocuidad. Foto: F. Ponzetto

Máximo Castilla le pide a uno de sus empleados que le alcance un bidón. Saca una navaja que lleva enganchada en el cinturón, corta el precinto del bidón, se echa el líquido en las manos y después se lo frota por la cara. "¿Ves? Nada. Esto no mata a nadie. Son puros rumores de conventillo", espeta mientras un chorro de líquido blanco le cae por la mejilla y mancha la tierra. El líquido que acaba de pasarse por todo el rostro es glifosato, el herbicida más utilizado en el mundo y también en Uruguay. Castilla está enojado. Muy enojado. Porque este médico y productor, propietario de más de 500 hectáreas de plantación de soja y alfalfa, no comprende por qué dentro de una hora y media tiene que presentarse en un juzgado de Canelones. Debe declarar por algo sobre lo que no solo dice no tener responsabilidad, sino que para él tampoco existe: el efecto nocivo que el glifosato y los agroquímicos en general tienen en las personas aledañas a sus terrenos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha podido comprobar que dos de los siete vecinos que lo acusaron sufrieron lesiones por los tóxicos. Son los datos más científicos en una trama que involucra multas impagas por encima del millón de dólares y más de 75 denuncias ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El escenario de esta historia es Paso Picón, un poblado rural a cuatro kilómetros de la capital de Canelones, donde la puja por los agroquímicos llegó al extremo. "El médico loco", como le dicen por lo bajo a Castilla los vecinos denunciantes, viene a ser el antihéroe: un doctor de 66 años, con impronta de patrón, que es acusado de perjudicar a la población por no respetar los límites a la hora de verter plaguicidas. La legislación nacional establece la prohibición de fumigaciones terrestres a menos de 300 metros de un centro poblado o suburbano.

La líder de la revuelta en su contra es Adriana Pascual, una maestra de la ciudad que llegó al pueblo para una "mayor calidad de vida" y que se embanderó con la causa ambientalista. Entre medio está la escuela rural de la zona, que aunque no tiene plantación de soja en centenares de metros a la redonda, es usada como escudo para defender a una u otra postura. Y hasta un grupo de ecologistas "inventó" un documental que circula en la web, titulado "Aulas envenenadas", dice una fuente del centro educativo. De los 48 alumnos, los únicos afectados son los hijos de los denunciantes.

El fuego cruzado en Paso Picón comenzó en 2013 y en tres años se convirtió en el pueblo que presentó más denuncias oficiales por el uso indebido de plaguicidas: el 15% de las 532 que recibió el MGAP en el último lustro. Si bien allí viven más de un centenar de personas, menos de 10 son los denunciantes. El resto prefiere callar: por miedo, por desidia, o porque como ocurre con los científicos, no encuentran una verdad absoluta.

El impacto de los agroquímicos está todavía a estudio. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer había declarado al glifosato como "potencial" cancerígeno, y la Asociación Americana de Pediatría dijo que los insecticidas de uso doméstico pueden contribuir a causar leucemia en los niños. Para el oncólogo uruguayo Álvaro Luongo, "estos químicos son cancerígenos, como también el humo que desprende un auto o el cigarro, pero aún no hay en Uruguay estudios que comprueben que los cánceres actuales son por causa de estos productos".

Según Horacio Heinzen, catedrático en la Facultad de Química de la UdelaR, el problema del glifosato "son las consecuencias crónicas, a largo plazo, por la exposición prolongada a pequeñas cantidades del producto". Por eso, según la explicación científica, Castilla pudo soportar el líquido que se frotó en la cara. La importación de este agente químico aumentó 2,5 toneladas en diez años, de ahí que para los críticos sea una explicación del uso "irracional" del mismo.

Un estudio realizado en Europa, el año pasado, determinó que seis de cada 10 europeos tiene restos de glifosato en su orina. Eso llevó a que los eurodiputados se realizaran un examen comprobatorio, confirmando la sospecha. Todo parece indicar que la mayor ingesta del producto se da a través de la alimentación. El último dato disponible en Uruguay, de hace más de un año, revela que el 2% de las frutas y verduras tiene residuos de plaguicidas por encima de lo permitido, y aumenta al 10% si se toman los parámetros europeos. La cifra está dentro de la media mundial, pero aún así el MGAP ha omitido hacer sistemáticamente públicos los resultados.

En el país no hay estudios epidemiológicos y ni siquiera la posibilidad de conocer la presencia en el cuerpo del herbicida en cuestión, según reconoce la propia Facultad de Medicina. El lunes pasado la senadora nacionalista Carol Aviaga manifestó la necesidad de que el Ministerio de Salud Pública brinde la posibilidad de estudios gratuitos de este tipo. Lo hizo asesorada por tres científicos, todos ellos militantes ambientalistas. La legisladora dijo que en Argentina existen este tipo de estudios, ya que en la Universidad de La Plata se realizan tests experimentales.

"Saber estos datos en Uruguay sería relevante a nivel epidemiológico, pero no sería fácil implementar un sistema así por los costos y la capacitación que requiere", cuenta Heinzen. Por ahora la Intendencia de Montevideo cuenta con un equipo de detección de glifosato en alimentos, pero recién está en la etapa de ajuste técnico.

Ante este vacío de información, el Ministerio de Salud Pública comprobó la afectación de los dos vecinos de Paso Picón por sus síntomas y no por estudios químicos. A Ariel Gulpio se le diagnosticó una inflamación aguda de vesícula que requería una operación de urgencia, pero no le pudieron dar anestesia por un "cuadro de obstrucción bronquial vinculado a la exposición ambiental a plaguicidas", dice el expediente judicial. El hombre cultivaba plantas orgánicas, pero el glifosato pasó la ruta que separa su predio del de Castilla y dejó el color naranja en el pasto.

A Alberto Demarco el médico tratante le constató episodios reiterados de obstrucción bronquial en los cinco años que vivió en el campo, frente a los cultivos de Castilla, por eso debió vender su casa y regresar a Montevideo. Las plantaciones más cercanas estaban a ocho metros de la ventana, y por el tipo de cultivo, dice, había aplicaciones de glifosato más de tres veces por período. Aunque el Ministerio de Salud Pública no pudo comprobarlo, el denunciante de 70 años aduce tener un "temblequeo" en las manos y que un cordero le nació deformado.

En el campo de Castilla también hay corderos "y están todos sanitos", aclara el médico en lo que considera una persecución. Incluso señala que la Intendencia de Canelones lo viene "hostigando" y que uno de los denunciantes es un secretario del intendente frenteamplista Yamandú Orsi. La comuna, con la autorización de la Junta Departamental, le aplicó a Castilla una multa que supera el millón de dólares. Esta se suma a las sanciones del Ministerio de Salud Pública y y el MGAP.

"La multa a este señor (Castilla) es una de las cinco más importantes que lleva aplicada la Intendencia en este período y hay otras cinco que están a estudio", indica Leonardo Herou, director de Gestión Ambiental de la comuna.

Herou explica que Canelones es el departamento del país con más denuncias en el MGAP (213) porque "la zona rural está más poblada". Esta es la razón por la que se prohíbe echar plaguicidas con avión y solo puede hacerse con maquinaria terrestre. Castilla tenía un mosquito (esos tractores con brazos a los costados), aunque desde hace un tiempo usa un compresor. Según él, el veneno va directo al suelo. Para su vecino Jesús (otro denunciante) "el médico no tiene en cuenta la velocidad del viento ni la cantidad que tira" que hace que los tóxicos alcancen a los vecinos.

En su defensa, Castilla aclara que su hijo realizó el curso de manejo seguro de agroquímicos que imparte el MGAP, al igual que otros 2.000 trabajadores por año. Y señala que solo usa productos habilitados. Eso sí: el listado de plaguicidas registrados también viene en crecimiento: pasó de 295 en 2015, a 320 este año.

"El tipo de producto no suele ser el problema", explica Federico Montes, director de Servicios Agrícolas. "Está habiendo cada vez más denuncias por uso indebido y este año se superarán las 150".

Paso Picón lidera la lista, pero hay otros puntos sensibles: Laguna del Cisne (Canelones), Nueva Helvecia, el interior de Soriano y Guichón. Pero a diferencia del poblado en donde vive Pascual y tiene sus tierras Castilla, en el resto de las localidades los vecinos no llegaron a las trompadas, ni pasaron por una comisaría, ni terminaron en un juzgado. En Paso Picón el debate se fue de las manos.

Foto: Fernando Ponzetto.
Foto: Fernando Ponzetto.

Un viaje a Paso Picón, el pueblo de las acusaciones.

Cuando parte de Canelones duerme la siesta, el juez Luis Alberto Sobot llega a su despacho. Sobre la mesa hay más de 200 hojas acordonadas, son una muestra de lo engorroso que es el caso del productor Máximo Castilla y sus vecinos. Entre los folios hay acusaciones de violencia física y verbal, multas impagas y denuncias de hostigamiento. Están las inspecciones del MGAP y de la Intendencia, y los resultados del Ministerio de Salud Pública. También está la constancia de que las fichas médicas de los denunciantes fueron entreveradas, no en el juzgado sino en alguna de las etapas médicas previas. Y de fondo está la disputa entre el derecho del empresario a producir y cuidar su patrimonio, y de los vecinos a vivir sin ser contaminados.

"El delito de lesiones es lo que puede llegar a haber y lo que se está investigando", cuenta el juez Sobot previo a que declare Castilla. "Si bien hay otros productores en la zona, el caso tiene a un único denunciado (Castilla, aunque el magistrado no lo nombra) y algunos vecinos que se siente afectados". El Ministerio de Salud corroboró que dos lugareños fueron perjudicados, aunque la Intendencia habla de cinco, explica Sobot.

Curiosamente, la Intendencia de Canelones es denunciante en este caso y denunciada en otro sobre contaminación ambiental. Sobot también deberá fallar sobre la responsabilidad de la comuna en el vertido de basura a la cuenca del Santa Lucía, desde donde se extrae el agua para potabilizar.

Porque si hay algo que distingue a Canelones en general y a Paso Picón en particular es la presencia de cauces de agua dulce que alimentan a la población de Montevideo y parte de la costa. De hecho, uno de los campos de Castilla está justo en la unión de los arroyos Canelón Chico y Grande. "A pocos metros de allí se extrae el agua, pero como es una zona privada casi no hay controles", dice la maestra Adriana Pascual.

Hace pocos meses OSE ingresó por el predio de Castilla para tomar muestras y así saber qué tratamiento debía darle al agua. El médico aclara que él respeta los límites de distancia al arroyo cada vez que echa agroquímicos, aunque los vecinos dicen que las fotos tomadas a sus fumigaciones señalan lo contrario.

Mientras, la Justicia espera que declaren los inspectores de la Intendencia y que los científicos le brinde datos confirmatorios o revocatorios del caso.

Ariel Gulpio.

Se especializó en estudio de ecosistemas, se dedicó al cultivo orgánico y terminó siendo contaminado por agrotóxicos. Gulpio sufre de problemas respiratorios y es uno de los denunciantes.

Luis A. Sobot.

El caso de Paso Picón es el más largo sobre agroquímicos en que intervino el juez Sobot. Antes trabajó en tres suicidios con plaguicidas. Autoeliminación representa el 26% de estas intoxicaciones.

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