Tanto la oposición como algunos aliados de Cambiamos se manifestaron en contra la decisión del presidente argentino, por considerar que "no son jueces independientes".

Tras la renuncia del magistrado Carlos Fayt, que se hizo efectiva el pasado viernes, la Corte Suprema argentina había quedado integrada sólo por tres jueces, de los cinco que debería tener. Ahora, entre sus primera medidas, el presidente Mauricio Macri se propuso completar el cuerpo, que preside Ricardo Lorenzetti.

Macri designó en comisión por un año al exministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como jueces de la Corte Suprema de Justicia argentina.

Un comunicado de Presidencia informó que Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución de ese país, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de "llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".

El apuro de Macri por cubrir las vacantes en la Corte tiene muchas explicaciones. Por un lado, con la sorpresa que le causó Lorenzetti cuando, apenas 48 horas después del balotaje que ganó el actual presidente, la Corte reconoció una multimillonaria deuda del Estado con tres provincias.

En segundo lugar, Macri estrena el Gobierno y su poder todavía está intacto. Finalmente, necesita que el tribunal esté completo ante la inminencia del impacto que generarán muchas de sus próximas medidas de gobierno.

Por eso, ante esa premura, durante los últimos días, el mandatario vino evaluando distintos escenarios.

Uno era el de llegar rápidamente a una negociación con el peronismo, para obtener el respaldo de dos tercios de los senadores, entre ellos, el apoyo de buena parte del bloque del Justicialismo (que tiene la mayoría absoluta en la Cámara alta).

La otra alternativa, la que primó, fue nombrar a los dos jueces en comisión, ejerciendo una atribución que el artículo 99 de la Constitución le confiere al titular del Poder Ejecutivo: el presidente puede cubrir esos cargos con nombramientos provisionales, que sólo dudarán hasta que el próximo 30 de noviembre, finalicen las sesiones del Congreso nacional.

Se trata de una alternativa poco utilizada en épocas democráticas y cuyo antecedente más claro fue la Corte que nombró Bartolomé Mitre, en el año 1852.

Desde la UCR, uno de los partidos que conformaron la alianza Cambiemos con la que Macri llegó al poder, ya mostraron su posición ante la decisión de completar la Corte Suprema a través de un decreto.

El senador Julio Cobos cuestionó la medida del jefe de Estado y exigió el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir los pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros definitivos del máximo tribunal.

"Creo que (el decreto) es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto (la designación de los jueces) y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a (sesiones) extraordinarias si es que hay celeridad", se quejó esta mañana el senador en diálogo con radio Vorterix.

La acción de Macri puede poner en jaque la alianza que el Pro selló con el centenario partido en el frente Cambiemos.

Cobos afirmó que se enteró por los medios de la decisión del Presidente (admitió estar "sorprendido") y planteó que tampoco fue avisado el senador radical Ángel Rozas. Ambos legisladores integran la comisión de Acuerdos Constitucionales de la Cámara alta, cuerpo que debería darle el visto bueno a los pliegos de los magistrados antes que se debata en el recinto.

"La salida más adecuada es el tema de extraordinarias -insistió Cobos-. A mí no me consultaron nada y si me hubiera preguntado yo no lo hubiera aconsejado en ese sentido".

El senador también puso reparos en que los pliegos de Rosatti y Rosenkrant se aprueben sin inconvenientes si Macri desiste de llamar a extraordinarias y espera al inicio del periodo ordinario de sesiones a partir del próximo 1 de marzo. "Puede que se logre un consenso si se apela al estudio exclusivo de antecedentes, pero también puede que sean rechazados. En ese caso deberían cesar en su cargo", planteó Cobos, aunque el decreto le da validez a los nombramientos en comisión hasta el 30 de noviembre de 2016.

Por su parte, la diputada y excandidata por el partido Progresistas, Margarita Stolbizer, cuestionó con dureza la medida y aseguró que se trata de un "terrible retroceso institucional".

"Ni Cristina Kirchner se animó a tanto", señaló desde su cuenta de Twitter. Según la diputada, Macri "no puede nombrar por decreto en comisión a los titulares del otro poder del Estado". "¿Qué independencia podrían tener con ese mecanismo?", se preguntó.

ArgentinaEn base a La Nación