Indignada, la presidenta de Brasil asegura que no tienen ninguna prueba en contra.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó ayer la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación en su contra por irregularidades fiscales en 2015.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación, y en la que dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar en algún momento.

"No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley", afirmó el presidente de la Cámara Baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en septiembre pasado se declaró "independiente", y que desde entonces viene apoyando causas defendidas por la oposición. El presidente de los Diputados dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.

"Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución, pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año", aseguró.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

"No lo hago con felicidad, incluso porque se trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política", afirmó Cunha.

"Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", declaró Dilma Rousseff en un muy breve pronunciamiento en el Palacio presidencial de Planalto.

La mandataria aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores "son inconsistentes" y no se fundamentan en "ningún acto ilícito". "No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a instituciones o personas", dijo Rousseff en una clara alusión a Cunha, implicado en el escándalo de corrupción.

Rousseff dijo estar "tranquila" y convencida de "la improcedencia" de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será archivada por el Congreso.

"No podemos dejar que se sacuda a la democracia", declaró la jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar "en nuestro Estado democrático de derecho".

Eduardo Cunha tomó la decisión el mismo día en que el grupo del PT en la Cámara anunció que va a votar a favor de proseguir con el proceso de cese de Cunha en el Consejo de Ética, que se encuentra en marcha debido a las sospechas de que Cunha habría mentido sobre las cuentas que tendría en Suiza y donde cobraría pagos ilegales de la trama a Petrobras.

Tres ejecutivos de la constructora brasileña Galvao Engenharia, entre ellos el mayor accionista del grupo, fueron condenados hoy a penas de entre 11 y 13 años de prisión por su responsabilidad en millonarios desvíos descubiertos en la petrolera Petrobras, informaron fuentes oficiales. En la misma sentencia, el juez Sergio Moro, responsable de la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal, también condenó al exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y al empresario Alberto Youssef, dos de los principales responsables por los desvíos y que colaboran con la Justicia a cambio de reducciones en sus condenas. La condena dictada ayer es la cuarta del mismo juez contra grandes constructoras involucradas en la red de corrupción enquistada en Petrobras para desviar recursos de la estatal y distribuirlos entre dirigentes de la estatal y políticos. El empresario Darío de Queiroz Galvao Filho, principal ejecutivo de Galvao Engenharia, fue condenado a 13 años y 2 meses de prisión por los delitos de corrupción activa, lavado de dinero y asociación para delinquir. Los otros dos ejecutivos del grupo, Erton Medeiros Fonseca y Jean Alberto Luscher Castro, fueron condenados a 12 años y 5 meses, y a 11 años y 8 meses de prisión en régimen cerrado, respectivamente. Moro también ha dictado condenas contra ejecutivos de otras tres grandes constructoras: Mendes Junior, OAS y Camargo Correa.

Impeachment para Dilma