Advierten "recrudecimiento" de los piquetes sindicales

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El piquete se instaló como medida sindical, y en estas semanas se aplicó tres veces en Zonamerica. Los empresarios reclaman al gobierno "medidas ejemplarizantes" contra este tipo acciones "extremas".

"Hay un recrudecimiento de la figura del piquete", consideró el abogado laboralista Nelson Larrañaga, quien señaló que si bien la medida adoptada en torno a Zonamerica es "la más conocida", en los últimos días también hubo situaciones similares en algunas empresas del sector metalúrgico.

Larrañaga, integrante del estudio Ferrere, explicó a El País que se trata de medidas de "corta duración" porque habitualmente no se extienden por más de 24 o 48 horas. Y eso torna complejo el accionar de los empresarios, porque la tramitación de una acción de amparo lleva por lo menos dos o tres días, por lo que cuando el juez se apresta a dictar su fallo el bloqueo ya fue levantado.

El "recrudecimiento" de los piquetes observado por Larrañaga lo está viviendo actualmente la Cámara Logística (Calog) en el marco de un conflicto desatado con trabajadores de algunas empresas que critican las demoras en las negociaciones de los Consejos de Salarios.

Así, varias empresas instaladas en Zonamerica, a raíz de la instalación intermitente de un piquete que en los últimos días que ha afectado la normal operativa en el polo empresarial, presentaron una acción de amparo ante la Justicia. A raíz de esa acción, mañana miércoles habrá una audiencia entre las partes.

Si bien el piquete en Zonamerica fue levantado a fines de la semana pasada a causa de la intervención policial, ayer hubo otra medida similar en otra empresa del sector logístico ubicada fuera del parque empresarial.

Esta nueva medida, llevada a cabo en la empresa Coral del Mar, impidió la operativa de la firma entre las 9:00 y las 16:00 de ayer. A nivel de las empresas del sector logístico, circulan versiones respecto a que en los próximos días podrían haber otros piquetes.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Transportistas de Carga (Suctra), Juan Llopart, dijo a El País que las medidas adoptadas en los últimos días en torno a las empresas de logística son impulsadas por "sectores que no son representativos del gremio, que a nivel global no comparte esa metodología".

"Es gente que está radicalizada y está haciendo esto sin el conocimiento ni el consentimiento del Suctra", afirmó Llopart. Agregó que en los próximos días el gremio realizará una asamblea para analizar la situación.

Reacción. En tanto, Zonamerica, en una remitida de prensa (ver página A3 de esta edición) reclamó al gobierno la adopción de medidas "ejemplarizantes" ante la existencia de los piquetes sindicales por considerar que se trata de medidas que ponen en riesgo la presencia se inversiones en Uruguay.

Aunque sin hablar específicamente del episodio, Zonamerica compara la actitud del gobierno en su postura ante el bloqueo llevado adelante por los ambientalistas de Gualeguaychú que cortaron el puente San Martín por la instalación de Botnia (actual UPM).

"El gobierno, que con tanto acierto ha defendido este concepto frente a situaciones que desgraciadamente se han dado con países vecinos en perjuicio del nuestro, debe adoptar medidas ejemplarizantes para que en el Uruguay, bloquear una calle o un acceso a un parque empresarial, tenga como consecuencia la acción inmediata de la fuerza pública y la penalización de los responsables", afirmó Zonamerica, que se considera "blanco de una medida sindical extrema, desproporcionada, ilegal e inconstitucional".

El comunicado agregó que estas medidas implican un daño "incalculable" para Uruguay como atracción de inversiones en el sector logístico.

El piquete como medida de lucha sindical es una modalidad relativamente reciente. Y eso hace que a nivel judicial no existan demasiados antecedentes sobre el tema. El único fallo conocido y que ordenó levantar un bloqueo gremial fue dictado en diciembre de 2008 por el entonces juez de Canelones Walter Burella, en el marco de un conflicto en el Frigorífico Canelones. En esa sentencia, el magistrado sostuvo que la medida implicó una acción "claramente ilegal al impedir el ingreso a la planta donde se encuentra el establecimiento industrial de camiones". El juez Burella agregó que decisiones gremiales de este tipo "se traducen en la formación de una barrera humana que impide u obstaculiza el ingreso de los no huelguistas y del empresario".