ALEJANDRO NOGUEIRA

A cartas ya vistas: la reforma del Estado está, en gran parte, en el Presupuesto y el resto en otros gestos estatales y políticos. No hay mucho más que esperar en los próximos años: un poco de orden en las contrataciones y ascensos, movilidad transversal, evaluaciones (quizá), válvulas nuevas para ingresar amigos y correligionarios, como los "contratos laborales", que no son de obra, ni pasantías, ni cachets.

También habrá aumentos reales para maestros y profesores -cumplan o no con éxito su labor de enseñar- y, prontito, partidas por presentismo, para premiar a quien va a trabajar y cumple su horario. Como el jerarca no puede obligarlo o hace la vista gorda, o también faltó, el premio es dinero (nuestro). Se trata de una idea que esperamos impulsen los sindicatos del sector privado para que ese grupo de trabajadores de segundo nivel no nos veamos obligados a ir cada día a trabajar sólo por el sueldo, o por evitar el descuento, o el despido.

A los gremios estatales no puede reprochárseles sus demandas excesivas, porque, después de todo, su papel es mejorar al afiliado. Pero sí caben cuestionamientos airados a un gobierno que gobierna para ellos con el dinero que le saca a los más y que -dice- no le alcanza para otras cosas. Las permanentes claudicaciones de los gobernantes -que ni siquiera pueden lograr paz sindical de sus socios políticos en la dirigencia sindical- instigan a la desobediencia civil (privada).

El gobierno -sólo es responsabilidad del gobierno- ha permitido que se instale una lógica en las que los ciudadanos quedan rehenes y damnificados, de a pie del transporte público, sin atención médica, sin trámites en los registros, sin ingresos y egresos de mercaderías. Todo porque hay que venerar el derecho a la protesta laboral. ¿Qué pasa con los demás derechos de las personas, al comercio, al traslado, a la atención médica?

Un grupo de militantes de COFE puede manifestar libremente ante el despacho de un ministro en horario de oficina; una empresa pública perdona millonarias deudas de luz de una empresa privada amiga. Y no pasa nada. Poderosos jerarcas de gobierno litigan contra los intereses del Estado, caminando por el filo (mocho) de la ética. No pasa nada. Es el Estado reformado que anda.

Si la ya abuela de todas las reformas es capaz de tener aún algún hijo tardío, con defectitos, ya lo parió con el decreto que pretende aherrojar el monopolio de la telefonía básica a Antel y con las garantías de que la liberación de campos numéricos telefónicos, no será una fisura por la que se cuelen nuevas privatizaciones. Quedará así firmemente asegurado que seguiremos una década atrás del resto del mundo en telecomunicaciones. Felizmente, de la creación divina también surgió el Google y el Skype, que no pueden afiliarse a Sutel. ¿Es posible una disposición gubernamental más antihistórica? Seguramente sí: el Chicho de Decalegrón ahora es del MPP.