Aún no se llegó al 100% de la población con el servicio pero las iniciativas para saneamiento comenzaron a mediados del siglo XIX, cuando Montevideo se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en contar con un sistema por redes, muchas de las cuales se continúan usando hasta el momento. Ahora la ciudad del pequeño “milagro sanitario” se prepara para festejar sus primeros 300 años, con una red de tuberías que se planeó en 1852, cuando la población era de 40.000 personas y se extendía unas pocas cuadras más allá de la Ciudad Vieja.
Todo comenzó a raíz de una propuesta privada. El empresario Juan José Arteaga, propietario de la empresa Caños Maestros, presentó al gobierno una propuesta para instalar un conjunto de cañerías en la vía pública que sirviera para evacuar tanto las aguas residuales de origen doméstico como las aguas pluviales. Hasta ese momento, las aguas residuales eran transportadas por los esclavos -y, posteriormente, por los esclavos recién liberados- en barriles hacia las costas del Río de la Plata. La empresa de Arteaga desarrolló y operó su red hasta 1917, llegando a construir 211 kilómetros de colectores y cubriendo 1.157 hectáreas.
Ahora OSE irá por otro gran hito: una megaobra de saneamiento para 61 localidades del interior. En algunos puntos la construcción será pequeña porque se unirá a la infraestructura ya existente, mientras que en otras ciudades y localidades el cambio será rotundo. Por ejemplo, el 81% de la población de Artigas pasará a tener este servicio público, que ahora llega al 60%. También en Rocha el trabajo será de gran importancia en La Paloma y Costa Azul donde no hay saneamiento y, luego de finalizadas las obras, en 2029 el 58% de los hogares tendrá el servicio. O en Nueva Helvecia, en Colonia, que pasará de 0 a 63% de cobertura total.
Pero hay capitales departamentales que tendrán avances mínimos: San José de Mayo mejorará solo 2% y Tacuarembó pasará de su actual 79% a 85%.
El interior del país repetirá en algo la historia de aquel Montevideo del siglo XIX: la iniciativa de mejorar la red de saneamiento es privada. Ya está aprobado el llamado a licitación, que implica una inversión de unos 350 millones de dólares y tendrán nuevas conexiones más de 57.000 hogares. El anuncio lo hizo a mediados de noviembre el entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa con el presidente de OSE, Raúl Montero, y el ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
La obra en concreto es la instalación de 812 kilómetros de tuberías y redes de alcantarillado sanitario. Además, se construirán 48 plantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes lugares. Las obras abarcan los 18 departamentos, Montevideo es el único que queda afuera. Se ampliará la cobertura de los servicios de alcantarillado, pasando del 48% al 70% en el interior del país.
Delgado dijo en aquel momento que la apertura de sobres del proyecto, que se denomina “universalización del saneamiento”, será en febrero y que entre marzo y abril comenzarán las obras. Pero esto se corrió un poco, según adelanta a El País el gerente general de OSE, Arturo Castagnino: el 8 de febrero se abrirá la licitación y en torno a junio se iniciarán las obras, que se harán en simultáneo y culminarán en 2029.
La inversión contará con tres fuentes de financiamiento y los recursos provendrán de la propia OSE, más un aporte de Rentas Generales de hasta 30 millones de dólares por año y un préstamo de un organismo multilateral de crédito.
Para el gerente general de OSE es un conjunto de obras que contribuirá a la “protección de la dignidad humana” en la vida cotidiana. Edgardo Ortuño, exintegrante del directorio de OSE por el Frente Amplio, también las define como esenciales y necesarias aunque igual aprovecha para deslizar un cuestionamiento. “El tema es muy importante. Ahora por lo menos se va a iniciar un impulso, pero el grueso de las obras las hará el próximo gobierno porque ya no da el tiempo”, explica.
Contaminación
La calidad de aguas de los cursos de los ríos, como la subterránea que se almacena en las napas de la tierra, serán beneficiadas por este proyecto. También los “manantiales”, esos espejos naturales que emergen sacando agua dulce de la tierra.
En este megaproyecto está presente OSE como la empresa pública encargada del saneamiento, pero también es clave el rol del Ministerio de Ambiente. Para el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, abogado con un máster en Derecho Ambiental, esta obra “supone claramente un avance importante en la mejora de calidad de agua de todo el país”.
Amarilla dice que se apunta a reducir un porcentaje importante de la contaminación presente en arroyos y ríos. En los estudios medioambientales se detecta una contaminación difusa, de la que no se puede identificar el origen. Tanto la agricultura como la actividad industrial generan un porcentaje importante de contaminación, pero para el subsecretario de Ambiente hay aportes pequeños y domésticos que también contaminan.
—El contenido de los pozos negros es materia orgánica. ¿Por qué es tan contaminante?
—En realidad no siempre es materia orgánica, porque también están las aguas blancas, que tienen jabón, detergentes y desinfectantes. A veces no son totalmente degradables. Pero los nitratos que se generan, así fueran una carga únicamente orgánica, producen un cambio en las condiciones del agua. Se crea un “alimento” en el agua, por ejemplo, para la fluorescencia de bacterias, o el consumo del oxígeno del agua que termina matando la vida acuática, lo que serían las plantas y los peces. No es que solamente afecta la contaminación con productos químicos, el mal tratamiento de los orgánicos termina cambiando las condiciones.
Luis Aubriot -doctor en ciencias biológicas y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República- dice que la información que hay hasta el momento del proyecto es muy poca. “Porque el tema de la contaminación de cursos de agua dependerá del tratamiento que se le haga a los efluentes y eso no está en los documentos. Si se canaliza más caudales de vertidos y no se los trata bien, el impacto ambiental es mayor”, opina.
Además el impacto depende del lugar, según explica Aubriot: “Claramente en La Paloma va a ser positivo si cubre un buen porcentaje del balneario y si hay un emisor mar adentro”. Para este científico quizás el proyecto se lo puede criticar por el lado ambiental en algunos casos puntuales, “pero a nivel sanitario para la población es súper necesario; es un atraso para el país cómo estamos en ese tema”.
Hace unos meses Aubriot dijo a El País que las obras plantean una buena noticia para mejorar la calidad del agua, pero que hay que cuestionar cuál es el tratamiento que se va a utilizar. “Si estamos hablando de saneamiento con tratamiento secundario, yo preferiría que no se hiciera porque es preferible que las aguas se mantengan en los pozos negros si su disposición final es adecuada y que no vayan a parar a los ríos con tratamientos incompletos. Eso generaría que los efluentes de una ciudad se canalizaran de una forma mucho más directa e intensa hacia un curso de agua, y el efecto sobre su calidad sería mucho peor”, planteó. Lo adecuado a su juicio es aplicar un sistema de tratamiento terciario, “como se hace a nivel internacional desde hace muchas décadas”.
Los pueblos y las ciudades que serán parte de esta obra
Algunas ciudades como Salto tendrán un cambio sustancial en cuanto al porcentaje de acceso a saneamiento y tomando en cuenta su población (del 77% al 98%). Esto se da también en algunas localidades de Canelones como Progreso, que pasará de tener 1% de área con saneamiento a 54%. Lo mismo ocurre con Toledo y Suárez. En Río Branco, en el departamento de Cerro Largo, se verá también el cambio: actualmente el 55% tiene acceso, pero tras la construcción se llegara a un 70% de cobertura. Pasa esto también en Vichadero, en Rivera: de 2% a 26% De la misma forma que se dan estas grandes obras, hay ciudades con cambios muy pequeños, como Libertad, en San José, que pasarán de 89% a 92%.
Propuesta privada
El saneamiento comenzó en Uruguay porque un empresario tomó el reto, vio un problema y propuso una solución, que administró por décadas, incluso muchos años antes de que OSE existiera. Ahora esta propuesta nace de la idea de un consorcio de empresas: Saceem, Teyma, Ciemsa y Fast Industria y Comercio Ltda. La iniciativa se presentó al amparo de la ley 17.555 del año 2002 y sus decretos reglamentarios.
Tres de estas cuatro estas empresas son las mismas que ganaron la licitación para la realización del proyecto Arazatí, la planta potabilizadora que se instalará en la playa en San José. La empresa Berkes no está en la iniciativa del saneamiento, pero sí es parte del consorcio de Arazatí. En líneas generales con esa planta se busca garantizar el suministro de agua potable a la zona metropolitana y su entorno y tiene un costo de 300 millones de dólares.
Volviendo al saneamiento, según explica el gerente general de OSE la propuesta que presentaron los privados originalmente estaba dirigida a la universalización del servicio de saneamiento por medio de redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales a 124 localidades de más de 2.000 habitantes. Eso hubiera implicado una inversión inicial de 1.000 millones de dólares.
Pero se redujo el horizonte a 61 localidades, aquellas comprendidas en el proceso licitatorio público internacional que tiene como fecha clave el 8 de febrero. Esta obra tendrá una inversión que, a números exactos de OSE, alcanzará 349 millones de dólares.
Para el frenteamplista Ortuño, es importante señalar que el grueso de las obras las realizará el próximo gobierno y se pagarán desde 2027. A su juicio también es positivo el modelo de gestión y financiamiento, diferente al del proyecto Arazatí. Ese era un modelo de negocio de gestión privada, que el Frente Amplio no acompañó porque “suponía sobrecostos”. El consorcio privado hará la inversión inicial y OSE pagará luego un canon anual.
En el caso del saneamiento, una vez que se presenten las empresas a la licitación, OSE estudiará las propuestas. El consorcio de empresas que presentó la iniciativa tendrá un beneficio porcentual por sobre los otros oferentes. Varias de las empresas que integran el grupo fueron consultadas por El País, pero declinaron realizar declaraciones.
Un empresario que no forma parte de este grupo critica el modo en el que OSE realiza el llamado. Según consta en documentos públicos en la página web de la empresa estatal, no darán prórroga en el plazo, a pesar de que lo pide un interesado. Este empresario que pide no ser identificado dice que en una licitación de tanto dinero “se debería de fomentar la puja, pero ni siquiera dan un día de prórroga”. A su vez, señala que el sector está en medio de la licencia de la construcción, “son semanas en las que nadie trabaja”. El llamado, de todos modos, se hizo el 20 de noviembre pasado.
La empresa o el consorcio vencedor tiene que presentar el estudio de impacto ambiental para que el Ministerio de Ambiente haga la evaluación: podrá plantear cambios y hasta no aprobarlo. Por eso estiman que las obras comenzarán sobre mediados de año
Financiamiento.
El presidente Luis Lacalle Pou firmó el jueves 28 de diciembre la promulgación de la ley que detalla de qué manera el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, va a otorgar un subsidio a OSE con destino al “proyecto de universalización del saneamiento en Uruguay”, por un monto anual de hasta 30 millones de dólares.
El subsidio se otorgará a partir de 2028 y por hasta un plazo máximo de 16 años. El dinero será tomado de Rentas Generales.
El préstamo internacional es el Fonplata y alcanza unos 325 millones de dólares a 20 años, con cuatro de gracia y 16 años de amortización de capital, según informa el gerente general de OSE.
Para Castagnino en este gobierno se concretó una gran obra, la del proyecto Neptuno o Arazatí y se culminará con esta megaobra de saneamiento. El gerente dice que la importancia de este proyecto acelera los objetivos que mundialmente se le piden a Uruguay: “Si seguimos al ritmo que íbamos, llegaríamos a tener un cien por ciento en todo el país en 2080. Ahora hicimos un gran empujón. Lo ideal sería que en el período que viene se pueda dar otro empujón, para poder alcanzar el total del territorio”.
Pero Ortuño, ahora senador del Frente Amplio, opina que en este período hubo una caída de las obras de saneamiento. Eso “producto de la definición política del gobierno de reducir al mínimo el accionar del Estado y de las empresas públicas en particular”, dice el dirigente opositor. “Responde al ajuste y recorte de inversiones dispuesto por el gobierno y comunicado por la OPP al inicio del período, incluso previo a la pandemia”. OSE solo tuvo un gasto extraordinario en el último año de la sequía, dice.
Las visiones están encontradas. Ortuño dice que lo que se hace ahora en el año electoral es aumentar la inversión y la actividad, lo cual evalúa como positivo pero “absolutamente insuficiente y no compensa lo perdido en obras y capacidades en el período”. Para Castagnino, el gerente general de OSE, estas obras “mejorarán la calidad de vida de 200.000 habitantes que no cuentan hasta hoy con el servicio de alcantarillado sanitario. Se protegerá la sanidad y la salud pública. Y, en consecuencia, la vida”.
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