MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

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La financiación de los medicamentos de alto costo fue un tema sensible durante los gobiernos frenteamplistas. Desde la anterior oposición se salió al cruce de reglamentaciones que bloqueaban su financiación, de reuniones de “capacitación” que el Ministerio de Salud Pública (MSP) realizaba con jueces para explicarles la necesidad de que el sistema fuera viable, y de algunas expresiones incendiarias.

En marzo de 2015, por ejemplo, cuando estaba a punto de dejar la cartera de Salud Pública y convertirse en la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz firmó una ordenanza por la cual se determinaba la exclusión de cinco medicamentos caros, algunos de ellos los más reclamados por los pacientes. Consultada por El País, la exministra dijo en ese entonces: “Presumo que los laboratorios financian los juicios por medicamentos… No solo de forma directa, sino también a través de los propios médicos que los recetan. Les dan becas y vacaciones".

Cinco años después, el actual ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cabildante en las antípodas de la exfuncionaria -hoy edila electa por el Partido Comunista en Canelones-, se expresó casi que en el mismo sentido. “En cuanto a los medicamentos de alto costo cabe realizar varias reflexiones, porque se trata de un monstruo insaciable. Nunca se va a satisfacer a la industria farmacéutica”, precisó el secretario de Estado ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el 16 de setiembre, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

También se refirió a otros dos argumentos esgrimidos tanto por Muñiz como quien sería su sucesor, el exministro Jorge Basso. Dijo que hay que tener en cuenta el “costo-beneficio” cada vez se decide la compra de un medicamento -es decir, el precio en comparación con la calidad y el tiempo de vida que le da al paciente-; y que la llamada “judicialización de la medicina” -los reclamos que se hacen ante el Poder Judicial para conseguir la financiación de un fármaco- puede afectar económicamente a todo el sistema de salud.

“Porque acá lo que importa es cuánto estamos usando de los dineros públicos para atender casos puntuales: nosotros tenemos que tener, virtuosamente, la visión de la salud pública; ¡yo con US$ 12.000.000 pago todas las vacunas y los anticonceptivos de todo el país, y a mí los juicios de alto costo me cuestan US$ 36.000.000! ¡Me duelen! Porque, ¿cuánto le prolongamos la vida a la gente?”, preguntó Salinas.

El ministro también se refirió al rol de los profesionales, algo recurrente en el discurso de Muñiz y en lo que insistió Basso, que instauró la declaración escrita de conflicto de intereses, por la cual los médicos se ven obligados a informar si trabajaron o recibieron algún tipo de regalo o beneficio por parte de un laboratorio.

“Con simplemente la receta de un médico, que es un cheque en blanco, se drenan millones que podrían ir a viviendas de gente que está en condiciones infrahumanas”, dijo Salinas.

En la Rendición de Cuentas de 2018 el Frente Amplio incluyó un artículo que advertía que “todo paciente tiene derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el MSP e incluidos por este en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM)”. Luego de una ardua discusión, y de las críticas realizadas por abogados y legisladores -entre ellos el hoy presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema-, el artículo se eliminó, pues se entendía que lo que buscaba era, en realidad, bloquear los juicios por medicamentos. Los que reclaman siempre lo hacen por remedios que no están en el FTM.

Juan Ceretta, del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, dice que la estrategia que quiere emplear el actual gobierno es similar a la del Frente Amplio. “Se quieren bloquear los juicios”, sostiene, y advierte que esto se pretende hacer a través de la Agencia de Evaluación y Tecnología Sanitaria.

La agencia integraba el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), pero fue retirada de allí luego de que el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Frente Amplio advirtieran que se necesitaba tiempo para dar una discusión más profunda sobre cómo debería ser el funcionamiento. Ahora el gobierno vuelve a la carga en el artículo 380 del proyecto de ley de Presupuesto. “No tendrá verdadera independencia pues depende del Poder Ejecutivo”, plantea Ceretta a El País.

En la comisión, Salinas sostuvo que la agencia tendrá la “virtud” de que “evaluar” cuál será “la sobrevida” del paciente que reclama el medicamento de alto costo, “con qué calidad y en qué condiciones”. Y agregó: “Porque para estar en un hospital o en la casa totalmente postrado y sufriendo, capaz que de lo que hay que hablar es de cuidados paliativos”.

El ministro dijo que la cartera consultará cada caso a esta agencia, que será la encargada de decir “cuándo vale la pena” comprar un medicamento y cuándo no. También dijo que ante la Justicia esta podrá “actuar como perito”, para que “el juez no diga: ‘A mí no me interesa ningún argumento del Fondo Nacional de Recursos (FNR) ni del MSP, yo sé lo que voy a dar porque se lo tengo que dar’”.

“Por lo menos va a haber alguien independiente, con una cabeza independiente, que no dependa de la Comisión Administradora (del FNR) ni de nadie, que diga: ‘Che, te vamos a aumentar 45 días de vida, y le va a costar al país US$ 250.000’”, cerró el jerarca.

La diputada y exsubsecretaria del MSP, la frenteamplista Cristina Lustemberg, advierte que aunque es consciente de que las críticas a la no financiación de los medicamentos de alto costo fue un caballito de batalla de la anterior oposición, “lo más importante es que se trabaje para que el sistema pueda seguir funcionando y no pase lo que sucedió en 1998, cuando el Fondo Nacional de Recursos (FNR) casi quiebra”.

Se invierten US$ 250 millones al año en medicamentos. En 2005 eran 180 pacientes y en 2019 fueron más de 8.000 los que recibieron medicamentos. El 92% del financiamiento proviene del Fonasa y Rentas Generales. “Hay que pagar lo que está en el FTM”, sentenció Lustemberg. Y concluyó: “El ministro, que sabe de administración de recursos, sabe que no se pueden financiar fármacos que no hayan sido evaluados”.

Martín Lema: “Antes se medía con una doble vara; hoy no”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, fue uno de los abanderados en la defensa de los pacientes que reclamaban medicamentos de alto costo durante el gobierno del Frente Amplio. Consultado sobre las declaraciones del ministro Daniel Salinas, en cuanto a que con US$ 12.000.000 se pagan todas las vacunas y anticonceptivos, mientras que por los medicamentos de alto costo se gastan US$ 36.000.000, el nacionalista advirtió: “Yo creo que no hay que entrar en valoraciones de lo que es mucho o es poco. Cuando era oposición decía que no correspondía mezclar el tema tratamientos de alto costo con otras áreas de la salud, como son las vacunas, porque son áreas distintas. Reafirmo lo dicho. Entiendo el concepto del ministro en cuanto al escenario de recursos finitos, pero creo que son dos caminos que pueden ser complementarios. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra”.

Lema, por otra parte, señaló que el gobierno de coalición ha logrado una “mejoría en la gestión” en comparación con lo que pasaba en el gobierno del Frente Amplio.

“Antes no había criterios claros para incorporar medicamentos; a veces dejaban afuera uno y por presión popular luego lo incluían. Había, también, una doble vara, porque se generaban muchas excepciones. Había pacientes a quienes les rechazaban un medicamento y otros a los que, por situaciones clínicas, se les daba lugar. Acá tiene que haber un criterio que sea igual para todos. Y en eso estamos trabajando”.

El diputado advirtió que, además, este gobierno va a instaurar una comisión de controles de precios y ya desde la Ley de Urgente Consideración (LUC) se incluyó un plan para que los particulares puedan ayudar a comprar estos fármacos a través de un incentivo de beneficios fiscales.

Lema señaló, por otra parte, que hay cosas que aún no se están implementando, pero en las que se va a trabajar. Habrá un régimen de copagos que va a servir para “alivianar el peso del Estado”. La idea es que quien pueda pagar una parte de los fármacos, lo haga.

“Se le da la oportunidad al paciente, que capaz que no puede bancar todo el tratamiento, de que por lo menos pague una parte. Esto es algo que ya hablé con Salinas y el subsecretario José Luis Satdjian”, dijo Lema.

diputado del partido nacional

Martín Lema

“La consigna debe ser clara: la mayor cantidad de tratamientos tiene que llegar a la mayor cantidad de pacientes. Se entiende que hay un escenario de recursos finitos, pero eso justamente requiere un mayor esfuerzo para la optimización de la gestión en un tema tan sensible e importante. Estos son temas de mucha sensibilidad donde hay un paciente que sufre mucho y hay que buscar soluciones”.

diputada del frente amplio

Cristina Lustemberg

“Hay medicamentos que son impagables. Los países más ricos del mundo han generado mecanismos basados en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Hay que tener una negociación fuerte con la industria y hacer un análisis previo de la demanda, porque los precios son altísimos. Para cada persona sé que es el 100%, pero no se puede echar por tierra la sustentabilidad del sistema”.

abogado de pacientes

Juan Ceretta

“Se vuelve a insistir con los argumentos esgrimidos por administraciones anteriores. Claramente se priorizarán otros intereses y no la tutela del derecho a la salud de los más humildes. La creación de la Agencia Evaluadora, con integración y participación protagónica del Poder Ejecutivo, no cambia el sentido de la política pública llevada a cabo en materia de prestaciones de salud de alto costo”.