TRES FRENTES DE BATALLA

La estrategia del gobierno es en tres frentes. Saben que el coronavirus avanzará en Uruguay, pero buscan mitigarlo. Para eso necesitan que los mayores de 65 años, unos 55.000 trabajadores y pequeños empresarios, se queden en sus casas en autoaislamiento. El incentivo será un subsidio especial por enfermedad.

El segundo factor es con la atención sanitaria y dotar de mayor capacidad de refugio a los sectores más vulnerables como los que están en situación de calle. Para eso el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) incrementó en más de 200 los cupos para atender a quienes necesitan refugio.

Y el tercer factor es el de la alimentación. El gobierno busca garantizar las cadenas de producción para que la población pueda acceder a los alimentos necesarios que les permitan tener altas las defensas.

Ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en la conferencia de prensa diaria que el Poder Ejecutivo suspende por decreto la salida de todos los uruguayos y extranjeros residentes en Uruguay con fines turísticos hasta el lunes 13 de abril, así como el ingreso de extranjeros.

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Ahora la estrategia va por frenar la circulación de las personas mayores de 65 años. Para eso se decidió destinar un monto más que significativo de dinero para financiar mediante un seguro de enfermedad especial que se queden en sus casas. El gobierno entiende que esta franja etaria es la que tiene mayor riesgo de letalidad si contrae el coronavirus.

Ayer en la noche, luego del anuncio, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, detalló en conversación con El País que no se trata de una obligación para el sector privado, pero sí de una exhortación a acogerse al beneficio. En el caso del sector público el Poder Ejecutivo cumplirá con enviar a todos sus trabajadores mayores de 65 años a sus casas.

u201cEl subsidio es aproximadamente un 70% del ingreso. Incentivamos con esta idea de que haya una cobertura de subsidio por enfermedad, ya que esa persona que se va a su casa no está enferma necesariamente. Que la gente asuma que es una población de riesgou201d, comentó Mieres.

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El ministro aclaró que si bien no se determinaron excepciones, son conscientes que las hay, pues los trabajadores de la salud no se acogerán al beneficio producto de la emergencia sanitaria. El plazo de la medida es por 30 días. u201cLuego veremos si se prorroga o nou201d, agregó Mieres.

El plan de abroquelamiento del gobierno avanza para evitar la propagación del coronavirus en Uruguay. Por eso más temprano el Canciller, Ernesto Talvi, anunció el cierre absoluto de la frontera con Brasil. u201cNingún uruguayo puede pasar hacia Brasil, y ningún brasileño puede entrar al Uruguay, con la excepción de los residentes de las ciudades fronterizasu201d, explicó argumentando que no está pensado u201crestringir ese tráfico porque implica detener muchas actividades que afectan la vida cotidianau201d.

Con esta estrategia de reforzar el cuidado de los mayores de 65 años el presidente Luis Lacalle Pou está convencido que va por buen camino. El mandatario monitorea en forma diaria lo que realizan otros países ante la pandemia del coronavirus.

Para esa población de riesgo acordó un horario de prioridad de atención con los comercios de alimentos entre las 8:30 y las 10 horas, para que hagan sus compras.

Para el resto necesita garantizar el suministro de alimentos y que estén con buenas defensas cuando se acerquen las bajas temperaturas.

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Ayer representantes de la Asociación de Supermercados y del sindicato del sector mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio del Interior para solicitar presencia policial en los locales para el caso de que se produzcan tumultos ante las medidas que están tomando las cadenas de limitar la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo, de forma de que no se produzcan aglomeraciones, dijeron a El País participantes del cónclave. A su vez, tanto la gremial como el sindicato plantearon la necesidad de presencia policial en la noche en los locales, debido a que notan un incremento de robos debido a que son de los pocos comercios que están abiertos más allá del atardecer.

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En el gobierno tienen claro que el déficit fiscal continuará al alza en los próximos meses y superará el actual 5% del Producto Interno Bruto (PIB) por todos los impactos que generó la emergencia sanitaria por el coronavirus en Uruguay. Entienden que el aumento del gasto es el mal menor ante la situación que se busca evitar: una extensión generalizada del virus.

El aumento del déficit vendrá tanto por un mayor gasto como por menores ingresos. El análisis que hace el equipo económico es que por un lado el BPS tendrá que hacer frente a las (hasta el lunes) 52.060 solicitudes de seguro de paro, un monto muy elevado cuando además a enero había ya 42.578 personas usufructuando ese beneficio.

A eso se suman los pagos por los subsidios por enfermedad especiales que se anunciaron ayer y que dependerá de cuántos se acogen. Además está el mayor gasto en salud (actual y futuro) por la compra de insumos como kits, equipamiento y tratamientos.

Del otro lado ya prevén que habrá menos recaudación por la caída de la actividad (empresas que cerraron o facturan menos) que se reflejará en los meses siguientes y el hecho de que todos los que se acojan al seguro de paro aportarán menos al BPS por cobrar menos. El monto es muy significativo.