LEY DE PRESUPUESTO

Los artículos 4, 6 y 7 son los más polémicos del Presupuesto. El 4 establece un ajuste salarial para los funcionarios públicos al que se resisten el Frente Amplio y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), ya que no establece cómo será la recuperación salarial al final del quinquenio. Jerarcas del gobierno mejoraron ayer la propuesta inicial pero no alcanzó para conformar al sindicato. “A menos que el presidente (Luis Lacalle Pou) llame y cambie la postura, no habrá acuerdo sobre el artículo 4”, dijo a El País el presidente de COFE, Martín Pereira.

A pesar de que Pereira considera que “es muy difícil que haya acuerdo”, la negociación por este artículo sigue en pie, por lo que los senadores lo desglosaron ayer para votarlo el último día del tratamiento del Presupuesto en el Senado, que será hoy o mañana. “¡Me alegra!”, dijo el senador comunista Óscar Andrade al enterarse de que se pospuso su tratamiento porque aún hay chances de acuerdo.

Sin embargo, las negociaciones de ayer entre el gobierno y la cúpula sindical no llegaron a buen puerto. Pereira y Joselo López, secretario de COFE, se reunieron con Fernando Blanco, coordinador del Área de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, y Mario Arizti, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, quienes les presentaron verbalmente una alternativa al texto que está a estudio del Parlamento. El senador nacionalista Jorge Gandini ha reconocido que “hay una parte (de la pérdida salarial) que no la recuperan” al final del quinquenio. “Los funcionarios públicos han demostrado una actitud de comprensión, tenemos que dar señales nosotros y valorar la firma de un convenio salarial por cinco años”, dijo el senador el 17 de noviembre en rueda de prensa. Las señales llegaron, pero no alcanzan aún.

Lo que está en juego en esta negociación es ni más ni menos que los salarios públicos y la paz sindical. COFE llevó el sábado tres ómnibus con militantes desde Montevideo a San Carlos para protestar ante el presidente durante la asunción del alcalde carolino. “Estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo. Me parece que a ustedes les sirve y a nosotros también”, le advirtió López a Lacalle, ante cámaras y micrófonos.

En concreto, la propuesta del gobierno presentada ayer reduce la pérdida salarial durante el período pero no la cancela, como pretenden el gremio y la oposición.

Otros dos artículos polémicos del Presupuesto son el 6 y el 7. Ambos le otorgan al Poder Ejecutivo la potestad de recortar “gastos de funcionamiento y de inversión” en determinadas áreas del Estado si se incumpliera la regla fiscal (aprobada en la Ley de Urgente Consideración) o existieran riesgos de incumplimiento, o “atendiendo a la evolución de las finanzas públicas en el contexto macroeconómico del momento”, dice el texto en discusión.

El senador socialista Daniel Olesker sostuvo que este artículo habilita “un segundo recorte” sin que pase por el debate parlamentario. En respuesta, Gandini recordó que en 2005 el Frente Amplio aprobó un artículo similar, que habilitaba al Ejecutivo a disponer recortes sobre los montos ya aprobados por el Parlamento. El senador Mario Bergara, del Frente Amplio, le había recordado a Gandini el lunes que la incertidumbre en 2005 lo ameritaba y que el gobierno, finalmente, no aplicó este recorte.

En el debate de ayer, Andrade agregó que en el año 2005 el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, planteó que era inconstitucional el artículo aprobado por el Frente Amplio. “Creemos que está mal (este artículo), como estuvo mal en el 2005, por más que no se aplicó”, dijo Andrade ayer, y agregó que el entonces senador Francisco Gallinal planteó en nombre del Partido Nacional que aquel artículo era inconstitucional. “Si en el 2005 estuvo mal, ¿qué es lo que hace que ahora esté bien este articulado?”, se preguntó el senador comunista.

La inconstitucionalidad, según el FA, radica en que el Ejecutivo no puede recortar los fondos ya aprobados por otro poder, el Legislativo, sin su consentimiento. De todas maneras, ambos artículos (el 6 y el 7 del Presupuesto) fueron aprobados ayer con votos blancos, colorados y cabildantes.

También fue aprobado con votos de la coalición multicolor el artículo 46, otro de los polémicos, que deroga la ley que regula “el otorgamiento y uso de viáticos a los funcionarios públicos”.

La norma aprobada ayer establece que los funcionarios públicos “tendrán 10 días hábiles siguientes a su regreso para rendir declarando los conceptos de gastos realizados”. Con esto cae la obligación de presentar comprobantes. “Si alguien cree que se cometen abusos, que los denuncie, pero no podemos someter a algunos jerarcas a que anden juntando la boleta y mucho menos caer en aquello de ‘poneme docenas o hacémelo por más’”, explicó Gandini.