PARLAMENTO

El Poder Ejecutivo insistirá en la necesidad de suprimir ciertos controles sobre los gastos por concepto de viáticos. El gobierno perdió este mes la batalla en la Cámara de Diputados, donde no se aprobó la modificación propuesta, pero un jerarca de Torre Ejecutiva informó a El País que buscará ganarla en el Senado, donde comienza hoy el tratamiento del Presupuesto.

La bancada de senadores de la coalición recibe esta tarde a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y a su equipo, para planificar la estrategia a seguir y definir qué pasos dar. Para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) reducir los controles sobre los viáticos es uno de los desafíos de la discusión que empieza.

En julio de 2019 el Parlamento aprobó la ley 19.771 sobre la “regulación del otorgamiento y uso de viáticos a los funcionarios públicos”. Un artículo del proyecto de ley de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado el pasado lunes 12 de octubre en Diputados con votos de la coalición multicolor propuso un cambio de esta norma, quitando la obligación de presentar “la documentación respaldante de los gastos”.

Sin embargo, luego de que el Frente Amplio criticara esta modificación, la bancada oficialista reconsideró el asunto, dio marcha atrás y dejó vigente la ley 19.771 tal como había sido aprobada por unanimidad el año pasado.

De todas maneras, a pedido expreso de la OPP, el gobierno solicitará a los senadores de la coalición que reconsideren el tema, bajo el argumento de que el costo que podría generar la creación de un sistema de control sobre la devolución de viáticos es mayor a lo que los funcionarios públicos pueden llegar a devolver por este concepto.

“Lo que la ley controla es una partecita ridícula de los gastos y los costos del control son enormes”, explicó un jerarca.

Un argumento similar maneja el equipo de la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, para suprimir una estructura de control que se encarga de los préstamos dados por el Fondo Solidario de Materiales.

Un inciso del artículo 5 de la ley 19.711 expresa que los funcionarios públicos deben presentar ante la oficina respectiva “toda la documentación respaldante de los gastos incurridos (…) propios del evento o de la misión desarrollada”. El artículo 44 del Presupuesto lo que hacía era retirar este párrafo.

“Lo que estamos haciendo con esta modificación es perforar la ley, porque si no tenemos que presentar comprobantes los que hacemos uso de los viáticos, no tiene sentido toda la ley”, advirtió en sala el diputado Daniel Caggiani, del MPP.

Ante este cuestionamiento, el representante blanco Juan Martín Rodríguez explicó que el cambio respondía a que el artículo suprimido “nunca entró en vigencia”, porque no fue reglamentado. En respuesta, la diputada Cecilia Cairo, también del MPP, planteó: “Si no se reglamentó, podemos hacerlo”.

Finalmente, por iniciativa del legislador nacionalista Sebastián Andújar, la bancada de la coalición resolvió el martes 13 de octubre (al otro día de aprobar la quita del inciso) reconsiderar el tema y dejar sin efecto la modificación. Andújar explicó a El País que el cambio fue propuesto por la OPP y que él no reparó en el alcance de lo que se planteaba.

Mientras, en OPP están convencidos de que el cambio es necesario porque no tiene sentido montar una estructura de control para lograr una devolución de viáticos por un monto menor al costo de funcionamiento de esa estructura. “La ley no es aplicable”, insistió una fuente del gobierno.

La ley 19.771 también establece que en un plazo de seis meses a partir de promulgación, “todos los organismos, estatales y no estatales alcanzados (…) deberán adecuar las reglamentaciones o estatutos correspondientes” conforme a la normativa. El Parlamento es uno de los organismos que nunca reglamentó esta ley y prorrogó dos veces -durante el pasado gobierno del Frente Amplio- la posibilidad de reglamentarla.

“Van a poner ejércitos de personas para controlar cosas minúsculas, cuando lo que hace la gente es conseguir tickets para justificar los gastos. Si querés hacer las cosas más fáciles, bajá el costo de los viáticos”, destacó un jerarca que insistirá en el tema.

“Austeridad es no tener recursos humanos costosos, porque en este caso para hacer cumplir la ley se necesitarían contadores o administrativos especializados que en el sector público ganan $ 60.000, $ 70.000 u $ 80.000 para controlar cosas minúsculas. Por algo no se implementó. Esto es meramente para la tribuna”, agregó.