LA CONSULTA POPULAR REQUIERE 300.000 ADHESIONES

Llevan unas 30 mil firmas a nivel nacional para impulsar el plebiscito.

Las firmas recolectadas no superan las 30 mil; una cifra muy lejos de las 300 mil necesarias para impulsar el mecanismo de consulta popular. Los impulsores del plebiscito en contra de la ley de inclusión financiera —más conocida como ley de bancarización— admiten que el trabajo de recolección de adhesiones va muy lento y se está lejos del objetivo final.

El abogado Gustavo Salle, que es uno de los principales promotores de la recolección de firmas, dijo ayer a El País que la tarea se ha hecho compleja. "Lamentablemente va lenta. Muy lento por ahora. Se tienen alrededor de 25 o 30 mil firmas, pero evidentemente aún es una cifra ínfima", explicó Salle. Si bien los impulsores admiten que se está muy lejos del objetivo, y lograr impulsar la consulta popular, aseguran que seguirán trabajando en la misma dirección.

"Acá hay una decisión de salir a proteger los derechos de los consumidores, y dar la opción de elegir. Esta es una ley abusiva y totalitaria. Por eso nuestra defensa es de los derechos del pueblo, no se está persiguiendo un objetivo comercial", apuntó el abogado Salle.

Para él otras campañas que van en la misma dirección, impulsadas por comerciantes de Maldonado y Rocha sí persiguen un cometido comercial "que es legítimo", dijo, pero que es muy distinto a la campaña por un plebiscito para evitar la obligatoriedad de la ley bancaria.

El senador del Partido Nacional (sector Todos) Luis Lacalle Pou había anunciado el año pasado que acompañará la recolección de firmas para impulsar un plebiscito contra la obligatoriedad de la Ley de Inclusión financiera o bancarización, por considerarla "injusta". También adhirió a la campaña el senador blanco Jorge Larrañaga. Lacalle Pou pidió que sea "la gente" la que decida "qué es mejor" para ella, y agregó que el sistema ha generado "complejidades y dificultades", en especial en el interior del país. Sostuvo que "el gobierno está dejando de lado la defensa de uno de los derechos más importantes, que es el de la libertad".

Unidad Popular apoya el plebiscito que impulsa Salle, pero además puso a su militancia política y sindical a disposición para conseguir firmas y apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, el poderoso sindicato bancario (AEBU) se manifestó claramente a favor de la inclusión financiera y criticó con dureza a quienes la rechazan.

Por otro lado, Salle recordó que en los primeros días del año muchos usuarios de la compañía Antel manifestaron su profundo malestar en las redes sociales con los cambios que la empresa estatal introdujo en la forma que establecen sus planes de telefonía móvil para consumir el crédito de sus usuarios. Hubo clientes de la empresa estatal que reaccionaron ante la decisión de la compañía telefónica de cambiar de forma arbitraria el menú de opciones por entender que eso suponía un cambio unilateral en las condiciones de los contratos. Antel dio luego un paso atrás y comunicó que si algún cliente prefiere los beneficios lo podrá hacer.

Salle dijo que a su entender la decisión de Antel fue autoritaria e incorrecta. "Es lo mismo que con la bancarización, acá el Estado no puede obligar a nadie en ese sentido. Nosotros estamos trabajando por garantizar los derechos de todos los uruguayos. Me cuesta creer cómo gente que se indignó con la obligatoriedad y autoritarismo de Antel, no tenga la misma reacción con la bancarización. En definitiva: son lo mismo", sostuvo.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió prorrogar algunas disposiciones previstas en la ley, para facilitar la incorporación al régimen de inclusión financiera en todo el territorio del país.

Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo postergó hasta el 31 de diciembre de 2019 el subsidio al arrendamiento de las terminales POS necesario para poder efectuar las transacciones en los comercios.

"El subsidio, que viene otorgándose desde el año 2013 y al que acceden las empresas que inician actividades o cuyos ingresos en el ejercicio anterior a la incorporación de las referidas terminales no hubieran superado el equivalente a UI 4.000.000, será de un 70% del valor del arrendamiento durante 2018 y de un 40% en el transcurso de 2019", detalla el comunicado oficial.