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MSP y Casmu chocan por la vacuna contra el COVID-19

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Funcionarios de salud llevan muestras de la vacuna rusa Sputnik V. Foto: Reuters

EMERGENCIA SANITARIA

El prestador de salud privado anunció la reserva de 1,5 millones de dosis de la vacuna rusa, pero el Ministerio de Salud Pública dice que no tiene autorización.

"El Estado no va a retacear en vacunas, porque a la pandemia del COVID-19 solo la pararemos cuando logremos inmunizar a la población... mientras hay que aplanar la curva de contagios”. El ministro de Salud, Daniel Salinas, resumió con estas palabras la estrategia uruguaya: la compra de las dosis, al menos en la primera etapa, será resorte exclusivo de la sanidad oficial.

Aunque parezca una obviedad, en un país acostumbrado a que las vacunas que son parte de su esquema vacunatorio son gratuitas para su población, el mensaje del ministro adquiere otra impronta justo el día en que un prestador de salud privado (Casmu) anunció la reserva de 1,5 millones de dosis de la vacuna rusa.

¿Qué significa esto? “Cuando la vacuna esté pronta y autorizada, tenemos la prioridad para la compra de la vacuna y traerla a Uruguay”, explicó a El País el Raúl Rodríguez, presidente del Casmu. Eso implica que “la prioridad la van a tener” los socios de ese prestados (200 mil usuarios) y “luego se aportaría al resto de uruguayos”. Cada inmunización implica dos dosis.

El Casmu, según informó Búsqueda, logró esta representación tras la aprobación del Fondo de Inversión Rusa. Pero la postura adoptada por el privado “descolocó” a las autoridades que entienden que “el Casmu no está registrado como laboratorio para pedir algo de este tipo”, y porque “Uruguay ya firmó su compromiso con el fondo Covax y ya pagó US$ 2,5 millones para una reserva de dosis para 660.000 personas (20% de la población)”.

La vacuna -o vacunas, porque puede que haya de más de una marca y tipo- a la que se tenga acceso en Uruguay, dijeron desde el MSP, será gratuita y no obligatoria. En ese sentido, seguirá la misma lógica que la vacunación antigripal: dosis recomendadas, con prioridad a la población vulnerable y grupos específicos (personal de salud, por ejemplo), financiada para ese acceso equitativo por el Estado uruguayo y con agenda a través del registro electrónico.

A diferencia de Estados Unidos, en que las vacunas son de venta libre, en Uruguay existe un registro oficial. Las vacunas que son obligatorias las compra el Estado, así como todas aquellas que son recomendadas (no obligatorias) de manera masiva.

Pero aquellas vacunas excepcionales, como la del meningococo para algunos viajes a países exóticos o alguna cepa de la influenza que no es parte de la recomendación global, son importadas y negociadas por privados.

Salinas explicó que en la etapa inicial de vacunación, que la OPS adelantó ayer que en América Latina sería entre marzo y mayo, habrá prioridades y que para eso Uruguay reservó las primeras dosis. Una vez que finalice esa etapa, habría otra de otros grupos prioritarios. Así hasta que se alcance el porcentaje que recomiendan los epidemiólogos para alcanzar la inmunidad colectiva. Luego sí podría entrar en juego los privados, como sucede con medicamentos, siempre que haya un registro y autorización por el MSP.

Para que exista la habilitación de una vacuna, antes tiene que haber una aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que incluye una revisión de la seguridad, eficacia, tipo de vacuna, forma de conservación, producción y distribución. Hasta ayer, eran diez los proyectos de vacunas que habían superado la tercera fase clínica de ensayos.

“En diciembre se sabrá” cuál será la primera en habilitarse, dijo a El País el representante de Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay, Giovanni Escalante.

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