El Poder Ejecutivo tiene “en agenda” la modificación de un decreto del año 2014 que reglamentó el sistema de enseñanza terciaria privada, lo que permitiría flexibilizar las condiciones y facilitar la obtención de personería jurídica y, así, también la instalación de universidades extranjeras en Uruguay.

Así quedó de manifiesto en una reunión entre el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el diputado nacionalista Diego Echeverría, autor de un proyecto de ley que el gobierno pretende utilizar como “insumo” para la nueva normativa. “Es un tema que está en la agenda, hay que estudiarlo bien”, le dijo Da Silveira a El País.

Echeverría, por su parte, señaló que se busca “flexibilizar” el sistema con cambios que, en el corto plazo, permitan el “aterrizaje” de forma “ágil y segura” de entidades universitarias de otros países.

En diálogo con El País, Echeverría recordó que, técnicamente, este tipo de universidades podrían estar presentes en el país. A tal punto que el decreto actualmente vigente “no distingue entre instituciones nacionales e internaciones”. En otros términos, afirma, no se prevé una regulación especial para las instituciones educativas terciarias del exterior que pretendan cumplir con su actividad de enseñanza en Uruguay.

El diputado apuntó, sin embargo, que los escollos existentes terminan por “desmotivar” el proceso de instalación. Así, destacó que cambiar esta realidad “está cada vez más cerca” tras el encuentro que mantuvo con Da Silveira.

“Tenemos todo para ser un polo de desarrollo educativo universitario internacional”, aseguró. El diputado consideró que, en un mundo cada vez más globalizado, Uruguay tiene una “oportunidad enorme” de captación de inversiones vinculadas al mundo académico mundial. “Tenemos todo para ser una referencia en la educación universitaria abierta al mundo”, insistió.

Consultado, Echeverría dijo que hay interés de varias casas de estudios. Entre ellas mencionó el caso de instituciones con “vínculos” con la Universidad de Bologna y con la Complutense de Madrid.

La modificación normativa que sacará adelante el Ejecutivo acelerará lo previsto en un proyecto de ley que Echeverría había hecho ingresar al Parlamento a fines de 2021, pero que nunca fue discutido. Allí se preveía la autorización para el funcionamiento a entidades extranjeras de enseñanza terciaria, reconociéndoles le personería jurídica según el Derecho Internacional Privado. En particular, de acuerdo a los tratados que Uruguay haya firmado con los países sede de estas instituciones. Podrían obtener el reconocimiento académico sin que sea preceptivo que actuaran como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de lucro, ni que ajustes sus estatutos a las exigencias del derecho interno, siempre y cuando no vulneren el orden público internacional. La propuesta de Echeverría incluye el reconocimiento para estas entidades de las áreas disciplinarias que impartan en el extranjero, siempre que mantengan una unidad académica que se desarrolle a nivel nacional.

Echeverría recordó que el artículo 68 de la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y establece que cualquier ley que reglamente la intervención del Estado en esa área lo hará al solo objetivo de “mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público”. Por lo tanto, subrayó el legislador, el Estado no está obligado solo a “no atentar contra la libertad de enseñanza, sino que además la debe garantizar, protegiéndola y asegurando su prestación con la mayor amplitud”.

“La promoción de la instalación de instituciones de enseñanza terciaria en Uruguay, con el control de los estándares de calidad, contribuirá a proyectos los derechos sociales, económicos y culturales del país”, aseguró Echeverría, “sin subrogar o desplazar por ello a las instituciones públicas o privadas existentes”. Será, dijo, “en beneficio del interés general y de las personas”.

La ley de Urgente Consideración (LUC), vigente desde julio de 2020 -y ratificada tras un referéndum que buscó derogarla-, en su artículo 129, modificó lo hasta entonces previsto en la Ley General de Educación en referencia a los tratados y la cooperación internacional relativas a la enseñanza.

Allí se indicó que el Estado, al definir la política educativa nacional, promoverá que la educación sea concebida como un “bien público” y que dicha cooperación deberá ser “coadyuvante” a los fines establecidos. Así, dicha normativa expresa que no se suscribirá ningún tipo de acuerdo o tratado bilateral o multilateral con estados u organismos internacionales que “reduzcan la educación a la condición de servicio lucrativo”.

Foto: Leonardo Mainé