Una equivocación de un funcionario del Juzgado de Familia de 3er Turno determinó el archivo de un caso de violencia doméstica y el posterior cese de la custodia policial para una víctima. Ello determinó que el imputado Damián Bica, que había salido de la cárcel en forma reciente, se cruzara cara a cara con la víctima en el barrio Bella Italia.

“Se trató de un error gigantesco. El hombre no mató a mi hija de casualidad, porque estaba lleno de gente el lugar”, dijo a El País el padre de la denunciante, Mario Gómez.

El pasado lunes, la jueza de Familia de 3er Turno, María del Carmen Illanes Alonso, citó a la damnificada para que le informara acerca de las razones por las cuales no quería más la seguridad brindada por la custodia policial cuando el victimario había roto en varias ocasiones tobilleras electrónicas y ahora estaba en libertad.

Según relató Gómez, su hija trasmitió a la magistrada que la custodia se había retirado porque ella había archivado el caso.

La jueza lo negó. Pidió unos minutos y fue a ver al expediente. Allí constató que dos decretos de archivos referidos a otros casos, habían sido colocados en el expediente sobre violencia doméstica y, por ello, este había sido archivado, según consta en el fallo de la jueza al que accedió El País.

“Atento al gravísimo error de la oficina al agregar (al expediente) decretos que no corresponden, lo que determinó su archivo indebido con el consiguiente riesgo que esta acción pudo haber tenido para la víctima, se dispone una investigación administrativa a efectos de determinar la existencia de la falta que se advierte en la causa”, expresa la sentencia. Y agrega que dicha investigación determinará las identidades del o los funcionarios involucrados en el archivo erróneo del expediente judicial.

La investigación administrativa estará a cargo del actuario del Juzgado de Familia de 3er Turno, Pablo Botta.

Como el agresor está prófugo, la magistrada actuante dispuso, además, que se mantuviera la búsqueda policial de Damián Bica para que, una vez que sea encontrado, se le reconecte el dispositivo electrónico y se informe al fiscal de turno para que investigue si incurrió en un eventual delito de desacato. Bica deberá llevar la tobillera por un plazo de 180 días posteriores a la fecha de la reconexión efectiva del aparato.

La jueza intimó al imputado al estricto y fiel cumplimiento de las medidas cautelares -no sacarse la tobillera- bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal (desacato). También resolvió que hasta tanto no sea ubicado Bica y se le reconecte el dispositivo electrónico o se lo formalice con prisión, se mantendrá la custodia policial asignada a la víctima.

Finalmente, la magistrada decidió que se remita una copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación “teniendo presente” el nuevo incumplimiento que registró el denunciado desconectando el dispositivo electrónico.

Foto: Estefania Leal

Una fuente judicial dijo a El País que la Suprema Corte de Justicia no se pronunciará sobre el eventual archivo por error del caso, porque incidiría o entorpecería la investigación decretada por la magistrada de Familia.

Agregó que la investigación administrativa puede establecer o no la responsabilidad de un funcionario del juzgado. En caso afirmativo, se hará un proceso administrativo y luego un sumario a ese trabajador judicial.