La justificada urgencia por disminuir la violencia de género (y la violencia doméstica en general) ha generado que la discusión y el esfuerzo se hayan volcado relativamente más en aspectos punitivos.
El 9 de marzo, la vicepresidenta y la ministra Arbeleche anunciaron el incremento de la cantidad de tobilleras electrónicas para atender la emergencia de violencia doméstica.
No pasaron 48 horas entre que el presidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por violencia de género y el primer intento de femicidio del año.
El agresor fue imputado por homicidio muy especialmente agravado, por femicidio en grado de tentativa (entre otros delitos).
En uno de los casos, un hombre tiró a una mujer de un balcón ubicado en un segundo piso. En el otro episodio el agresor disparó varias veces un arma en presencia de su pareja y menores.
La futura vicepresidenta remarcó a El País que se debe trabajar en un nuevo “protocolo interno funcional” que se elabore “al más alto nivel” con especial “fortaleza” y claridad en los conceptos.
Para las víctimas de violencia de género que están dentro del programa de tobilleras, el dispositivo puede ser una solución temporal o “un infierno”. Nunca se sabe si el agresor va a desistir de acercarse o, por el contrario, si el acoso empeorará. Ana tiene fe en la medida, Luisa ya no la soporta.
