OPINIÓN

Una investigación demostró en Chile que el etiquetado es una buena estrategia contra la obesidad. Y combatir la obesidad disminuye los costos de salud. Los más pobres son los más beneficiados.

Nano Barahona, PhD en Economía de Stanford, expuso hace unos días su investigación en el seminario permanente de economía de la Universidad de Montevideo (UM). La tituló “Equilibrium effects of food labeling policies”. Sus coautores son investigadores de Stanford, Berkeley y Facebook.

Los costos de la obesidad

Barahona y sus colegas observan que la tasa de obesidad en el mundo se triplicó en los últimos 50 años: la OMS estima que el 40% de la población adulta es obesa o tiene sobrepeso. En Estados Unidos se estima que la obesidad es la causa de casi el 20% de las muertes y del 20% de los costos médicos del país.

Uno de los instrumentos para combatir los productos no-saludables es el etiquetado de alimentos. Va más allá de simplemente colocar en la caja del producto cuántas calorías tiene, etc. La política de etiquetado consiste en colocar advertencias, de manera resaltada, de que tal producto no es saludable. Señala Barahona que, desde 2016, más de 30 países han implementado este tipo de política.

Etiquetado en Chile: el primero en el mundo

Los citados investigadores estudian cuál ha sido el impacto de la ley sobre etiquetado de alimentos en Chile en 2016; es la primera regulación en el mundo con alcance nacional. Esta regulación ordena a los productores de alimentos que coloquen etiquetas de advertencia en el empaquetado, a los alimentos que se exceden de un umbral de concentración de azúcar, calorías, sodio o grasas saturadas. En concreto, Barahona explora los efectos de la ley sobre las compras que hacen los consumidores, sobre los precios y las decisiones de producción, sobre el efecto nutricional total y el bienestar de la sociedad.

Emplean datos de todas las compras hechas en Walmart —el retailer de alimentos más grande de Chile— desde 2015 a 2018. Los datos contienen información de los precios y cantidades compradas por cada consumidor, junto con características sociodemográficas (edad, ingreso, etc.). Además, para entender mejor por qué y cómo actúa la gente que elige alimentos en Walmart, entrevistan a 1.500 consumidores acerca del contenido nutricional que piensan que tienen los alimentos. Finalmente, los investigadores también escanean las tablas nutricionales de más de 6.000 productos, antes y después de la introducción de la política de etiquetado en Chile.

Cae consumo de azúcar y calorías

Barahona y sus colegas encuentran que, inmediatamente, la política de etiquetado hizo bajar el consumo de azúcar y calorías en 8,8% y 6,5% respectivamente. Esta reducción no desaparece a lo largo del tiempo, sino que persiste al menos en los dos años siguientes a la ley (la ley se aplicó en 2016 y los investigadores tienen datos hasta 2018). ¿Cómo se explica esta reducción en el consumo de azúcar y calorías? Por dos reacciones: una desde la demanda de alimentos (los consumidores optan por comidas más sanas), y otra desde la oferta (las empresas redujeron la concentración de azúcar y calorías en sus productos).

Veamos, por ejemplo, qué pasó con los cereales en el supermercado. Un primer descubrimiento de los citados investigadores es que la gente dejó de comprar cereales que tenían las etiquetas de advertencias: se pasaron a comprar cereales que no tuvieran esas etiquetas. Segundo descubrimiento: antes de la ley, la gente se equivocaba a la hora de evaluar los componentes nutricionales de los cereales que compraba. Entonces, luego de introducir la ley, cayó más de 40% el consumo de aquellos cereales que la gente pensaba que eran sanos. Tercer descubrimiento: las empresas, para evitar que les pongan etiquetas, bajaron la composición de azúcar y calorías en los cereales que producían. Y aumentaron los precios de los cereales saludables casi un 6%.

Regulación y transparencia

Acabamos de ver que dar información a la gente sobre el valor nutricional de los productos —de manera sencilla y resaltada— hace que los consumidores mejoren sus hábitos alimenticios y hace que las empresas produzcan alimentos más sanos. Ana Balsa, investigadora de la UM en Economía de la Salud, está desarrollando una investigación sobre la política de etiquetado en Uruguay. Su investigación arrojará aún más luz para seguir afinando el diseño de la política de regulación de alimentos.

Esta política regulatoria que manda a las empresas ser transparentes es eficaz también en otros ámbitos. Marcelo Caffera (investigador de la UM) y Felipe Carozzi (London School of Economics) lanzaron —con el apoyo de la Unidad de Efluentes de la IMM y de OPP— Ykarai, el primer Observatorio Ciudadano de Vertidos Industriales de Montevideo, www.ykarai.org.uy. Divulgan allí información sobre qué empresas de Montevideo superan los límites máximos de contaminación y cuáles son las empresas que cumplen los estándares mínimos ambientales. Los datos utilizados para clasificar a las empresas son de dominio público.

El propósito del observatorio es que, en ese sitio web, los ciudadanos puedan informarse sobre el desempeño de las empresas. Y puedan así motivar a las industrias a adoptar un comportamiento ecológico responsable. Por ejemplo, si entran a la página de Ykarai, podrán ver que aparecen allí empresas productoras de bebidas azucaradas que, además de excederse en la concentración de azúcar, se encuentran en la categoría “incumplimiento grave” de la regulación en materia ambiental.

Apoyar la investigación

Ya se ve el aporte a la sociedad que hacen los economistas citados. Cuidan la salud —y por tanto los bolsillos— de los uruguayos. Dan herramientas al diseñador de política pública para que se proteja la calidad del agua que tomamos. Y ayudan a que los uruguayos decidan mejor en materia de alimentación. Es lógico entonces que el Estado contribuya con recursos para fomentar las investigaciones. Como decía a fin de año Rafael Reif, Presidente del MIT, “esos fondos hacen posible que las universidades experimenten nuevas maneras para apurar la transición desde el laboratorio de la universidad a la sociedad”.

(*) Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo.