Cuando el Frente Amplio era oposición inventó los escraches. Lo grave es que ahora los practica desde el gobierno.

La palabra escrachar, según la Real Academia, significa romper, destruir, aplastar. En los últimos años esa palabra también alude a una manifestación popular frente al domicilio u otro lugar público donde está una persona denunciada por delitos graves o corrupción. Lo que no pudo prever la Real Academia es que un gobierno escrache a sus ciudadanos.

Eso pasa en Uruguay.

El iniciador del método fue Tabaré Vázquez que discutió en la calle con un colono, Gabriel Arrieta, y luego no tuvo mejor idea que escracharlo en la página web de la Presidencia. Allí se lo acusó de deudor del Instituto de Colonización y ocupante ilegal de tierras. Nunca se vio cosa igual. El presidente tomó revancha contra el colono desde la web presidencial buscando aplastarlo con información confidencial. Y para más agravante esa información estuvo allí durante semanas como si fuera noticia de actualidad.

El exceso llegó a tal extremo que la Institución Nacional de Derechos Humanos condenó ese proceder con un buen argumento. Esta práctica presidencial amenaza a la libertad de las personas que quieren protestar contra el gobierno, es decir un ataque a la libertad de expresión, pilar del sistema democrático. Por otra parte, una ley de 2008 obliga a públicos y privados a seguir ciertos principios en el uso de datos, entre los cuales no figura su empleo para someter al escarnio público a una persona.

Pese a las críticas que recibió ese arrebato presidencial, la ministra Marina Arismendi optó por seguir la huella de Vázquez. Fue en el caso del padre que buscó con su hijo la ayuda del Mides y le cerraron la puerta en las narices. Si en vez del padre hubiera ido la madre la habrían ayudado, pero el ministerio de Arismendi no tenía previs- ta esta situación. Padre e hijo durmieron en la calle e informaron a la prensa de lo ocurrido.

Interrogada por periodistas, la ministra se defendió pobremente hasta que sugirió maliciosamente que había que recordar ciertos antecedentes. Eran los antecedentes penales del padre, Gustavo Castellini, condenado una década atrás por delitos menores. Otra vez un gobernante filtrando información personal a modo de vendetta contra un ciudadano. Al estilo de Vázquez cobrando una cuenta de manera abusiva. Otro escrache.

El riesgo es que este tipo de conductas se tornen habituales en un gobierno que tiene más datos sobre los ciudadanos que cualquiera de sus predecesores. Datos obtenidos de manera legal en ciertos casos y no tanto cuando se trata de servicios de inteligencia como El Guardián manejado por el ministerio del Interior. Datos obtenidos con otros fines que no son los de destruir a una persona que se queja del gobierno.

Lo peor del caso es el tufillo totalitario que se desprende de estas actuaciones. Vázquez y su discípula Arismendi tienen acceso a informes privados que no pueden usar para intimidar a los ciudadanos. Si lo siguen haciendo o tienen imitadores será la señal definitiva de que este gobierno cayó más bajo que nunca.