ARGENTINA

El gobierno corre riesgo de quedar solo en las negociaciones con el FMI.

La aprobación en el Congreso del proyecto opositor que retrotrajo los valores de las facturas de electricidad, gas y agua a noviembre pasado, y el inmediato veto del presidente Mauricio Macri a esa norma, abren una nueva etapa cargada de incertidumbres sobre cómo seguirá la relación entre el gobierno y las distintas fracciones del peronismo en Argentina. Si no vuelven a reconstruirse puentes, el gobierno de Macri corre el riesgo de quedar aislado en la ardua tarea de ajustar las cuentas públicas en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La aprobación de la ley sobre tarifas y el veto no representan per se un gran problema para el gobierno, pero si esa dinámica parlamentaria se convirtiera en un patrón en los próximos meses, ahí sí se transformaría en un verdadero martirio para la administración Macri", dijo a El País el analista político Pablo Knopoff, director de Isonomía Consultores.

Sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso, el gobierno necesita de acuerdos con, al menos, uno de los sectores en el que está atomizado el peronismo para aprobar leyes que derivarán de las negociaciones con el FMI.

La misión no será fácil si se tiene en cuenta que el proyecto de rebaja de las tarifas fue aprobado por todas las vertientes peronistas.

Esa iniciativa, que consistía en retrotraer las tarifas y reactualizarlas por el índice de salarios, hubiera implicado un costo fiscal de 115.029 millones de pesos (unos 4.600 millones de dólares), equivalentes a cerca de un punto del PIB, según cálculos del Ministerio de Hacienda. De haber entrado en vigencia, la ley hubiera dinamitado el plan de recortes diseñado por el gobierno.

A comienzos de mayo, en una señal ofrecida a los mercados en plena corrida cambiaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció una rebaja de la meta del déficit fiscal para este año del original 3,2% del PIB al 2,7%.

Esa poda, que, de concretarse, implicará una rebaja de 1,2% del rojo fiscal frente al resultado de 2017, recibió el visto bueno del FMI en las negociaciones tendientes a acceder a un préstamo por unos 30.000 millones de dólares.

Cercado por la desconfianza de los mercados en torno a los severos desequilibrios que muestra la economía argentina y la búsqueda de un acuerdo con el FMI, a Macri no le quedó otra opción que la de utilizar el mecanismo institucional del veto para no convalidar el aumento del gasto público implícito en la ley aprobada por el Congreso.

Más aún si se tiene en cuenta que en 2019 habrá que volver a usar las tijeras. En principio, la meta del déficit fiscal para el año próximo consensuada con el FMI rondaría el 1,5% del PIB.

Hasta ahora, la reducción del rojo fiscal encarada por la administración Macri pasó casi exclusivamente por la disminución de los subsidios a los servicios públicos que, en buena parte, beneficiaron a los sectores de ingresos altos y medios durante el ciclo kirchnerista.

Solo los subsidios a la energía pasaron de representar el 2,8% del PIB en 2015 al 0,8% en 2018, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Pero ante la necesidad de acelerar el ajuste de las cuentas públicas, la intención del gobierno es, además de continuar con la reducción de los subsidios a las tarifas, compartir el recorte de gastos en otras áreas del presupuesto con las administraciones provinciales y municipales.

De hecho, una de las prioridades de la Casa Rosada pasa por contar con el respaldo de los gobernadores para la confección del presupuesto 2019, que incluirá los ajustes acordados con el FMI.

Ese objetivo anticipa nuevas fricciones. El gobierno tiene en carpeta medidas que no serán fáciles de asumir por gobernadores e intendentes, como el congelamiento de las transferencias discrecionales —no automáticas— a las provincias y un freno en el giro de fondos nacionales a municipios con el que vienen financiando obras públicas.

"La intención de Macri de compartir el ajuste todavía está viva. Dos de los tres distritos más importantes —provincia y ciudad de Buenos Aires— son gobernados por el oficialismo, y en Córdoba el gobernador es Juan Schiaretti, uno de los peronistas más cercanos al gobierno central. Pero hay que ser realista: la pirotecnia verbal crecerá y seguramente habrá muchísima más presión opositora, sobre todo si no comienza a desacelerarse la inflación", dijo a El País el analista político Orlando DAdamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (UB).

Las dificultades para que sectores de la oposición acompañen el ajuste también se acrecientan por la caída de los niveles de aprobación que registra el gobierno de Macri en las encuestas y el resurgimiento de las chances del peronismo para volver al poder en 2019, algo que era inimaginable hace apenas siete meses, cuando el oficialismo venció por amplio margen en las elecciones parlamentarias de medio término.

Esa mejora de las expectativas electorales viene estimulando las negociaciones entre sectores peronistas que parecían irreconciliables.

De hecho, el proyecto opositor sobre las tarifas unió a todos los legisladores de extracción peronista, desde aquellos que responden a los gobernadores provinciales y a Sergio Massa hasta al kirchnerismo duro. Un dato es elocuente para graficar la uniformidad alcanzada: los expresidentes Carlos Menem y Cristina Kirchner formaron parte de los 37 senadores que votaron a favor del proyecto sobre tarifas.