BOLIVIA

Casi un golpe de gracia a la carrera política de Evo Morales. El expresidente de Bolivia, refugiado en Argentina, fue inhabilitado por el Tribunal Electoral de su país para ser candidato al Senado en las elecciones del próximo 3 de mayo. El Tribunal alegó que Morales no cumple el requisito de “residencia permanente” en la jurisdicción a la que busca representar, pero entre los seguidores del expresidente leyeron esta inhabilitación como una decisión política.

También fueron inhabilitadas las candidaturas al Congreso de quien fuera el canciller de Morales, Diego Pary, y del líder de derecha Mario Cossío, y la de Jasmine Barrientos, que buscaba la vicepresidencia por el Frente Para la Victoria, del pastor evangélico Chi Hyun Chung. Tanto Cossío como Barrientos son opositores al expresidente.

Morales aspiraba a una banca por el departamento de Cochabamba, región que alberga el territorio cocalero del Chapare, su bastión político. Sin embargo, residió durante los últimos 14 años y hasta su renuncia en La Paz, sede del Poder Ejecutivo, aunque siempre votaba en su región natal, en la que inició su carrera política como diputado en 1997.

El expresidente dimitió el 10 de noviembre pasado en medio de protestas callejeras y tras perder el apoyo de los militares luego de su cuestionado triunfo el 20 de octubre, en elecciones consideradas fraudulentas.

Morales se asiló primero en México y un mes después se trasladó a Argentina, donde actualmente se encuentra como refugiado.

Luego de que el tribunal difundiera su decisión, Morales escribió en su cuenta de Twitter desde Buenos Aires: “La decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe a la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

“Ahora me inhabilitan como candidato, no respetan la ley electoral (...) esta inhabilitación es otro error jurídico”, dijo luego Morales en una conferencia de prensa junto a sus abogados en Buenos Aires. “Es un atentado a la democracia, le tienen miedo a la democracia”, afirmó.

Su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, tuiteó que el TSE “aplicó correctamente la Ley y la CPE (Constitución) al inhabilitar a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargos electivos”. Morales, “que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses”, agregó Mesa.

Días antes de la decisión del TSE, el poderoso Comité Cívico Pro Santa Cruz, entidad de derecha radical, amenazó con decretar una huelga nacional si Morales era habilitado.

Un grupo de activistas afín a esa entidad realizó el miércoles una concentración con el mismo pedido ante la sede del tribunal electoral de Santa Cruz, la región más desarrollada de Bolivia.

El líder civil de derecha radical que encabezó las protestas contra Morales entre octubre y noviembre, Luis Fernando Camacho, celebró en Twitter: “La inhabilitación de Evo solo salió porque pusimos presión en las calles”. Luego, advirtió que “la verdadera amenaza es que el MAS gane la mayoría en el Congreso y posiblemente la presidencia en primera vuelta”.

Luis Arce, candidato presidencial del MAS de Morales, lidera la intención de voto con 31,6%, según un reciente sondeo de opinión del grupo Ciesmori, seguido de Mesa (17,1%). La presidenta interina Jeanine Áñez (derecha) marcha tercera, con el 16,5%.

Bolivia acudirá nuevamente a las urnas el 3 de mayo, tras la anulación de los comicios de octubre luego de que una misión de la OEA hallara irregularidades que favorecieron a Morales. El miércoles, la fiscalía de La Paz abrió un proceso penal contra el exmandatario y varios de sus colaboradores cercanos por “fraude”.

Si Evo Morales regresa a Bolivia sin la protección de fueros parlamentarios, se enfrentaría a una orden de aprehensión y a una serie de procesos judiciales por denuncias, incluidas las del Gobierno interino, por delitos como terrorismo y fraude electoral.

Los opositores a Morales temen que si hubiera sido aceptada su candidatura y fuera elegido senador, si el MAS ganara las elecciones el expresidente podría activar el mecanismo constitucional de sucesión para volver al poder.

Morales logró presentar su candidatura a través de unos abogados a los que dio un poder notarial en Buenos Aires, no sin dificultades ni sin polémica al igual que cuando se presentó a la reelección presidencial el año pasado. Una abogada terminó en prisión preventiva y el otro denunció un supuesto intento de detenerle también, que no se concretó.

Exministros arrestados y requeridos

El ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras del gobierno de Evo Morales, César Cocarico, fue detenido ayer viernes en La Paz en el marco de un caso de supuestas irregularidades en su gestión. Cocarico fue arrestado por la Policía en plena calle en virtud de una orden de aprehensión por no haber comparecido a declarar en relación con este caso, aunque su abogado, Andrés Herrera, aseguró que no había recibido ninguna citación.

El ex ministro es acusado de supuestos delitos como incumplimiento de deberes y nombramientos irregulares en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El viceministro interino de Tierras, Gustavo Terrazas, dijo a los medios en La Paz que pedirá prisión preventiva para el exministro.

Cocarico es el segundo de los ministros de la etapa de Evo Morales detenido, después de que el mes pasado fuera enviado a prisión preventiva el que fue titular de Gobierno Carlos Romero, por un caso de supuesta corrupción.

Otros exministros como los de Presidencia Juan Ramón Quintana y de Culturas Wilma Alanoca se refugiaron en la residencia oficial de México en La Paz, tras ser acusados de terrorismo, en espera de un salvoconducto para salir del país que el Gobierno interino no les concede. El propio Morales se encuentra en Argentina y tiene también una orden de aprehensión.