LA PANDEMIA DEL COVID-19

Ayer almorzaron 2.000 personas con las viandas que entrega la Intendencia de Rivera. Otras 600 pasaron por el comedor municipal del Chuy, en Rocha. Además, en ambas ciudades de frontera se vienen repartiendo canastas con comida para las familias que perdieron los empleos por la crisis del coronavirus.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció ayer su intención de levantar la cuarentena esta semana. La noticia tiene un impacto directo en las ya afectadas ciudades de frontera del lado uruguayo.

Las autoridades locales sienten esperanza y temor al mismo tiempo. Por un lado, se supone que se van multiplicar los casos de COVID-19, por otro es una oportunidad de volver a la actividad económica de frontera.

Desde que se desató la crisis sanitaria, la agitada y bulliciosa zona binacional de Chuy quedó en silencio. La pobreza es cada vez más fuerte y se nota. Muchos uruguayos que trabajan del lado brasileño están siendo cesados, los 60 cuidacoches de la ciudad no tienen actividad ni de un lado ni del otro.

“La salud es lo primero pero yo no sé qué me asusta más, aquí va a morir gente por enfermedades relacionadas con no comer”, dijo a El País la alcaldesa de la localidad fronteriza, Mary Urse. La jerarca, electa por el Frente Amplio, prefiere no comentar la decisión de Bolsonaro pero deja traslucir que le agrada la idea de que vuelva el movimiento normal.

De todos modos, ambos países han resuelto el cierre de frontera. Los únicos habilitados para ingresar son aquellos uruguayos que la pandemia los encontró fuera del país. Tampoco es posible ingresar mercaderías al Uruguay, puesto que rige el “cero kilo” resuelto por Aduanas hasta nuevo aviso.

Para la intendente de Rivera, Alma Galup Migliarini, cuando Brasil modifique las medidas preventivas va a ser “muy difícil mantener a la gente alejada de la actividad comercial” de la frontera seca. “Sabemos que no será beneficioso si una masa se vuelca hacia el departamento. No será beneficioso en la parte sanitaria”, agregó.

La mayor parte de los negocios cerró sus puertas y envió al personal al seguro de desempleo. En tanto, la Intendencia debió rehabilitar las ferias porque era “imposible resolver el día a día” de los feriantes, dijo la jefa comunal. No obstante, se aplicó una serie de medidas sanitarias para evitar contagios.

“Los puestos están a tres metros unos de otros, todo el mundo usa mascarillas y se dispone alcohol en gel para todos. Las tareas de disuasión y control están a cargo de los inspectores (municipales) con apoyo de la Policía”, dijo Galup.

Desde el inicio de la crisis sanitaria las autoridades de la vecina ciudad brasileña Santa Ana Do Livramento limitaron el movimiento de ómnibus y otros vehículos que llegaban desde otros puntos del Estado de Río Grande del Sur atraídos por los precios de frontera.

Se estima que Rivera deberá llevar a 4.000 personas la asistencia alimentaria cuando comience el invierno. Se trata de un complejo plan interinstitucional que incluye a la propia Intendencia, alcaldías, organizaciones sociales de cada una de las localidades y varias unidades del Ejército.

De todos modos, Livramento tuvo que lamentar 11 personas infectadas y Rivera una: el sonado caso del pastor que viajó contaminado desde Montevideo. “Hemos consolidado una forma de actuar”, dijo Galup.

En Río Branco el efecto de la crisis sanitaria se hizo sentir con fuerza. Desde el 15 de marzo el alcalde Óscar Conde y su personal vienen tomando diversas medidas de prevención y asistencia a las personas afectadas por problemas económicos.

Sobre la decisión de Bolsonaro, el alcalde Conde está esperando la opinión de los prefeitos de las ciudades vecinas. Sabe que las medidas que tome el gobierno nacional de Brasil pueden llegar a las personas de distintas maneras, según el Estado en que se encuentren.

Mientras tanto, ayer Conde y sus funcionarios colocaron un arco fumigador en el puente Mauá. De esa forma, los vehículos que ingresen al país recibirán una “lluvia” de desinfectante. El alcalde supone que si se habilita el movimiento en Brasil, los turistas no podrán ingresar a Río Branco por el operativo de Migraciones.

Ayer El País intentó hablar con el gobernador de Río Grande del Sur, Eduardo Leite, quien no respondió los llamados. Leite resultó electo en el marco de un acuerdo político con el partido de Bolsonaro y otros sectores relevantes en el gobierno nacional brasileño.