El sistema político está expectante por el desenlace de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por el gobierno en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Es un caso que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado, y que esta semana retomó la tanda de interrogatorios luego de meses de análisis de la información recibida. Han figurado como indagados -y declararon como tales- exjerarcas de la administración de Luis Lacalle Pou, como los exministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, y los exsubsecretarios Carolina Ache y Guillermo Maciel.

En síntesis, lo que el fiscal pretende identificar es si en la entrega del documento -cuando el narcotraficante, hoy prófugo de la Justicia, se encontraba detenido en Dubái por justamente portar un pasaporte falso-, que se efectuó en noviembre de 2021, hubo algún jerarca o funcionario del Ministerio del Interior o la Cancillería que cometió un delito.

El año pasado declararon varios de los involucrados, pero la causa luego se enlenteció porque el fiscal Machado perdió a un miembro de su equipo -por decisión de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero- y además porque tiene en su carpeta otros 1.600 casos, indicaron fuentes judiciales a El País.

Allegados a Machado indicaron por su parte que el fiscal trabajará “a su ritmo”, ya que los tres funcionarios que integran esta Fiscalía “no dan abasto” con la labor pendiente y la “complejidad” de esta causa, que “abre nuevas puntas” ante cada nuevo paso que da la investigación.

Por el momento, tiene la mira puesta tanto a lo ocurrido en la órbita de la Cancillería -ámbito al que apuntó con énfasis al comenzar la indagatoria el año pasado- como a las actuaciones en el Ministerio del Interior, específicamente en la Dirección Nacional de Identificación Civil, cuyo exsubdirector Alberto Lacoste fue destituido tras conocerse en agosto de 2022 -en la investigación administrativa que entonces dispuso la cartera de seguridad- que se había reunido con el abogado Alejandro Balbi mientras se tramitaba este pasaporte.

Ayer martes, con el objetivo de “disipar dudas”, Machado recibió al abogado Santiago Moratorio y a un funcionario de Cancillería, ambos en calidad de testigos. El primero es el actual abogado de Marset en Uruguay, Santiago Moratorio. El segundo fue el encargado de realizar auditorías informáticas a correos electrónicos vinculados a este caso en el marco de la investigación administrativa que hizo el año pasado Relaciones Exteriores.

Para las próximas horas están pautados nuevos interrogatorios a personas que comparecerán también en calidad de testigos. Entre ellos, un nombre conocido: Alejandro Astesiano, el excustodio presidencial condenado y en la cárcel por tramitar pasaportes falsos y otros delitos de corrupción.

Machado pretenderá que ahonde en lo que quiso decir en una conversación telefónica -cu-yo audio fue difundido semanas atrás por La Diaria- en la que afirmó que estaba al tanto que la exsubsecretaria Ache iba a “comer” por “algo que hizo” vinculado a este caso.

La convocatoria al hombre que hasta 2022 integraba el equipo de seguridad de Lacalle Pou ya está realizada y se espera para hoy, pero esto está sujeto a lo que decida el juzgado de ejecución -que es el que debe ordenar el traslado del recluso a la Fiscalía en Montevideo, como solicitó Machado-, ya que puede definir que esto ocurra en el correr de la semana, señalaron las fuentes consultadas.

Para esta jornada, también, asistirá a la Fiscalía Carlos Balbi -hermano de Alejandro-, el encargado de recoger el pasaporte tramitado en Uruguay y entregárselo al hermano de Marset, quien había venido a buscarlo a Montevideo para llevárselo al narco -quien con ese documento en mano quedó luego en libertad y huyó.

Foto: Estefania Leal