Jorge Caumont

Generalmente, los impuestos se ubican en dos categorías. Por un lado están los denominados directos y, por otro, los indirectos. La tributación directa se refiere a la de gravámenes que afectan a los ingresos y al patrimonio de personas y empresas. Los impuestos indirectos son los que gravan a las transacciones en bienes y en servicios que realizan, también, las personas y las empresas.

En nuestro país, los impuestos directos son bien conocidos: el que grava la renta de las personas físicas (IRPF); el que grava las ganancias de las empresas (IRAE); el impuesto al patrimonio (IP); el impuesto de primaria y otros menos importantes. Los indirectos más significativos son el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto específico interno (IMESI) que, por ejemplo, grava a los combustibles.

La evolución de la recaudación por dichos impuestos y la importancia relativa del conjunto de los directos y de los indirectos han cambiado significativamente desde que en 2007 se hiciera la primera de las reformas introducidas a la estructura tributaria en los doce años que van hasta 2019. Luego de esa oportunidad en la que se introdujera el IRPF, se dieron otras modificaciones que consistieron en ajustes en tasas de gravámenes existentes, cambios en la forma de valuación de la base imponible y en otros cambios por el estilo.

Recaudación

Es interesante analizar lo que ha ocurrido desde aquel año 2007 hasta 2019 con la estructura de la recaudación impositiva en nuestro país y extraer algunas conclusiones de las consecuencias de los cambios referidos. Cabe indicar que el objetivo de esas modificaciones en la tributación perseguía mejorar la distribución del ingreso. Y la forma de lograrlo era con la premisa que el financiamiento de esos objetivos debía ser provisto por aquellos que “ganan más o tienen más”.

Si observamos los datos oficiales que marcan lo ocurrido, lo que nos dice la evidencia empírica sobre los objetivos perseguidos y su financiamiento en el lapso 20072019, es que el gran esfuerzo que se hizo por el lado de la recaudación de los impuestos directos alcanzó solo transitoriamente los objetivos que se plantearan.

En 2007, la recaudación fiscal total alcanzaba al 16,7% de la producción de bienes y de servicios del país (PIB) y su evolución en los doce años siguientes hasta 2019, por los cambios tributarios antes mencionados, la llevó a 18,5% del PIB en 2019. En ese lapso, la recaudación por impuestos directos aumentó de 24,7% del total recaudado en 2007 a 42,4% del total de la recaudación. La de impuestos indirectos bajó de 75,3% en 2005 a 57,6% del total recaudado en 2019. Los resultados indicados, que surgen de la información que brinda mensualmente la Dirección General Impositiva, reflejan la significativa influencia que han pasado a tener los impuestos directos en la recaudación total.

Lo que también es interesante señalar es si el destino de la recaudación de esos tributos llegó enteramente a quienes se deseaba beneficiar y si ello ha significado un cambio estructural como el buscado para poder, en las nuevas circunstancias tributarias, evitar nuevos aumentos impositivos.

En relación con el primero de esos puntos, se debe destacar que buena parte de la recaudación que agregó la mayor presión impositiva con impuestos directos se volcó a salarios de funcionarios públicos. En efecto, en ese lapso el número de funcionarios subió en un número no menor a las cincuenta mil personas —aproximadamente 25%— y ello ocurrió en plena época de revolución digital que se caracteriza por ser “ahorradora” de mano de obra. En otras palabras, se puede decir que buena parte del aumento de la tributación, en particular la referida a tributos directos, se ha destinado a ampliar el número de funcionarios públicos.

En lo que se refiere a si el aumento y el destino de la recaudación debido a la mayor presión tributaria que ejercen los gravámenes directos ha provocado un cambio estructural de la distribución del ingreso, no es posible tener una respuesta definitiva. Por un lado, se observa una mejora en la distribución de acuerdo con una medición habitual —índice de Gini—. Pero por otro, se debe tener presente que además de las modificaciones tributarias que se dieran desde 2005 y que aumentaran significativamente la recaudación y el gasto, ha habido también un notable crecimiento de la deuda del gobierno central del orden de 139% —16.739 millones de dólares— debido al creciente déficit que tuviera en el período bajo análisis.

Se presenta difícil mejorar la actual distribución del ingreso en nuestro país con una combinación de mayor presión con impuestos directos —sin afectar a la inversión como ya ocurría desde 2017 a 2019 y al empleo con tasas de desempleo al alza—, y con mayor endeudamiento —para financiar mayores déficits fiscales por alzas del gasto público con fines sociales—. Tanto en un caso como en otro, existen límites. En el primero de esos casos, es claro que la disminución del ingreso disponible del contribuyente reduce el gasto en la economía y el empleo porque el efecto multiplicador del gasto público es menor al del gasto privado. En el segundo caso se encuentra el límite del endeudamiento tanto por los suministradores del crédito como por la necesidad de evitar que sean las futuras generaciones, las que deban pagar la deuda en un contexto de apremio tanto social como financiero de continuar la estrategia que se siguiera para mejorar la distribución del ingreso.

La mejor forma de mejorar estructuralmente la distribución del ingreso no es por mayor tributación real o creciente endeudamiento público por creciente déficit fiscal, sino por mayor eficiencia en el manejo del gasto, algo que no se observó en el lapso 2005-2019.