OPINIÓN

En 2003, apenas concluido lo peor de la crisis de 2002, las cifras oficiales registraron 6.933 rapiñas y 197 homicidios. Ese número correspondía a una tasa de 5,9 homicidios cada 100 mil habitantes, relativamente alta a nivel mundial, pero una de las más bajas de la región. En 2018 se registraron 29.904 rapiñas y 414 homicidios, lo que representa una tasa de 11,8 homicidios cada 100 mil habitantes. Esto es muy alto en cualquier comparación; en Sudamérica, solo Venezuela, Colombia y Brasil tienen una tasa mayor a la de Uruguay. Es evidente que tenemos un problema muy grave que viene avanzando desde hace décadas y que en 2018 tocó máximos alarmantes. Podría considerarse paradójico que esta situación se da en un contexto de indicadores de pobreza, indigencia y desigualdad monetaria históricamente bajos.

El pasado jueves 29 el CED organizó un intercambio sobre seguridad pública con representantes de los principales partidos. Álvaro Garcé, referente de seguridad de Luis Lacalle Pou fue el primero en exponer y catalogó la situación como crítica y como un rotundo fracaso. Según el representante del Partido Nacional, haber alcanzado tasas de homicidios récord al mismo tiempo que se contó con recursos económicos, tecnología y mayorías políticas, muestra el fracaso de un modelo. Diego Sanjurjo, asesor de Ernesto Talvi, se mostró muy cercano a lo planteado por Garcé, reafirmando la idea del fracaso de las políticas de seguridad. Presentó datos que muestran cómo en los últimos años, mientras en Uruguay el delito continuó creciendo hasta niveles récord, otros países como Argentina, Chile o Ecuador bajaron significativamente sus tasas de homicidios. Charles Carrera, senador del MPP y ex jerarca del Ministerio del Interior, se mostró contrario a una visión que consideró alarmista sobre el tema. Destacó lo que consideró como importantes avances en la fuerza policial, que la han modernizado institucional y tecnológicamente. Según el dirigente oficialista, lo hecho sienta una base imprescindible para lograr mejoras significativas en los indicadores de seguridad en los próximos años. En cambio los representantes de la oposición, que en el caso de Sanjurjo valoraron algunos de los avances, reclaman un cambio drástico de rumbo si de verdad se quieren mejorar los resultados. En particular, concuerdan en la importancia de dar un mensaje claro de apoyo a la policía y de fortalecer las comisarías barriales con conocimiento local.

El intercambio fue duro por momentos, pero respetuoso y focalizado en los argumentos sobre lo hecho y las propuestas para el próximo gobierno. Es bueno destacar algunas coincidencias que aparecieron en los enfoques de los tres partidos, como la imperiosa necesidad de mejorar radicalmente el sistema penitenciario. Remarcaron enfáticamente que no se puede pretender un país significativamente más seguro si no se mejoran sustancialmente las cárceles. En ese sentido, Diego Sanjurjo remarcó el valor de este acuerdo y dijo que se trata de apostar a un modelo similar al europeo, con foco en la rehabilitación de los delincuentes, en contraposición al estadounidense que apuesta a una encarcelación masiva y casi siempre en aumento.

En este contexto, conviene señalar —ante algunas afirmaciones en contrario— que no es cierto que la violencia se esté extendiendo por el mundo sin remedio, ese es un enfoque falso que no resiste el menor análisis. Existen muy variados ejemplos de reducciones significativas de la criminalidad: Estados Unidos en los ´90, Colombia en los 2000 y Ecuador y Argentina más recientemente. Lo que está sucediendo en Uruguay no es un fenómeno global que debemos aceptar con resignación; la violencia ha bajado en la mayor parte del mundo. Es posible y absolutamente necesario promover políticas públicas que reviertan esta situación. Existen experiencias y evidencia internacional sobre la que basar políticas efectivas y Uruguay es un país con recursos económicos razonablemente suficientes para llevar a cabo al menos una parte importante de estas políticas. La duda que queda es si tendremos la voluntad y la madurez política para hacerlo.

(*) Director académico del Centro de Estudios para el Desarrollo