Datos y visualización: Faustina Bartaburu.
Fue la piedra angular de este gobierno. El Compromiso por el país -firmado por los líderes del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente entre la primera y la segunda vuelta electoral de 2019- selló en negro sobre blanco el común denominador de lo que proponían llevar adelante los partidos que se unieron para gobernar después de 15 años de gestión frenteamplista.

Transcurridos cuatro de los cinco años del mandato, El País analizó el nivel de cumplimiento de 110 promesas incluidas en seis áreas clave de la plataforma electoral de la coalición: economía, seguridad, educación, inserción internacional, transparencia y políticas sociales.

Luego de un proceso de depuración, se categorizó cada medida según cuatro grados de concreción: “cumplido”, “algún avance”, “discutible” (cuando es inviable llegar a una conclusión clara, los avances son simplemente declarativos o están sujetos a interpretación) y “sin avances”. Si bien las cifras globales esconden un sinfín de matices, permiten evaluar a grandes rasgos los capítulos en los que la coalición pudo avanzar más y aquellos en los que encontró más dificultades.

La evaluación se concentró en el grado de cumplimiento de las medidas -es decir, el plano instrumental- y no sus resultados. Por ejemplo, promesas como “combatir las bocas de expendio de drogas” o “dar mayor recursos a la primera infancia” fueron evaluadas en función de si efectivamente se llevaron a cabo, y no si fueron convenientes o suficientes.

De las 110 medidas, 41 fueron cumplidas (37,27%), 39 tuvieron avances concretos (35,45%), en 13 casos es discutible su cumplimiento (11,82%) y 17 no registraron avances claros (15,45%). Así, entre medidas cumplidas y con avances, se llega a un 72% del total.

A continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento área por área, así como el detalle de qué ocurrió con muchas de las promesas.

La economía, desde la salud de las cuentas públicas hasta el bolsillo de los ciudadanos, es un eje central de todo programa. Divididas en tres capítulos (cuentas nacionales, empresas públicas y desarrollo productivo), las medidas económicas son las que abarcan una mayor parte del Compromiso, y de las categorías analizadas.

De las 31 medidas analizadas, 68% tuvo un grado de cumplimiento total o parcial, con once de ellas valoradas como “cumplidas”: la disminución del déficit fiscal, el diseño e implementación progresiva de una regla fiscal, la realización de auditorías, el avance de la competencia en sectores como las telecomunicaciones, el impulso al sector agropecuario como motor de la economía, la modificación del régimen de participación público-privada (PPP), la eliminación de la obligatoriedad del cobro de salarios por medios electrónicos, el desarrollo de infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, y la mejora de la ley de Promoción de Inversiones.

El cumplimiento de estas medidas no impide que existan debates sobre el alcance de algunas de ellas. Esto es cierto por ejemplo para la pata fiscal -con acusaciones de haber perforado algunas de las restricciones fiscales que se fijaron por ley-, o la realización de auditorías, que estuvieron en el centro del discurso de campaña de los partidos opositores al Frente Amplio pero que al final del día encontraron poca cosa. Como sea, sin embargo, ambas medidas se cumplieron.

Otras diez medidas tuvieron un grado menor de cumplimiento. Un ejemplo es la promesa de aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público sin afectar las prestaciones en el área social. Se le asignó la categoría “algún avance” dado que es cierto que hubo reducciones de gasto público -a través de una menor reposición de vacantes y topes a los gastos e inversiones-, pero el ajuste también estuvo apalancado por la baja -en términos reales- de salarios y pasividades. Algo similar ocurrió con la promesa de utilizar el mejoramiento de la eficiencia del sector público para reducir las tarifas de combustible y electricidad. Esa promesa -ya de por sí más conservadora que el discurso de campaña de Luis Lacalle Pou de “terminar con el aumento” de tarifas- tuvo su expresión parcial en los aportes de Ancap y UTE para contener el incremento del precio en los momentos de mayor impulso al alza. Respecto al fortalecimiento de las unidades reguladoras, es cierto que se les dio mayor independencia, pero siguió primando el criterio político a la hora de fijar las tarifas.

También fueron parciales los avances respecto al fortalecimiento de líneas de investigación que promuevan la producción sostenible, la reactivación de sectores del agro que estaban en problemas, la promoción de contratación de seguros agropecuarios, el fortalecimiento del mercado de valores, la promoción del turismo sostenible, y la generación de protocolos y controles para la administración de empresas públicas y subsidiarias. En este último punto, la LUC estableció que la OPP deberá elaborar un catálogo de buenas prácticas y publicar año a año en su página web un informe detallado de su cumplimiento, pero eso no ha sucedido.

Más discutible aún fue el avance en otros seis puntos. Por ejemplo, si bien hubo una reducción en la cantidad de adscriptos contratados por los ministerios, no existe medición disponible para ratificar que la cantidad de asesores en el Estado tuvo una caída, mucho menos afirmar que se mantuvieron -como fue prometido- “solo los imprescindibles”.

También se estuvo lejos de cumplir de manera sistemática con el compromiso de promover la designación de directorios profesionales en las empresas públicas, que en una mayoría de casos fueron completados por cuota política. Otro compromiso discutible es el de avanzar hacia un presupuesto basado en resultados con una lógica de “base cero”. Si bien el diseño del presupuesto siguió una filosofía no incremental, técnicamente es más discutible que se haya pasado a un presupuesto por resultados.

Foto: Archivo El País.

Entre los puntos discutibles también se incluyó el de fijar las tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras. Aunque la LUC dispuso que la Ursea informe mes a mes la evolución de precios como el combustible y el supergás, el Poder Ejecutivo continuó haciendo un uso discrecional del manejo de las tarifas, sobre todo para evitar aumentos bruscos o inconvenientes políticamente.

En cuanto a las medidas incumplidas, se incluyen la reducción de la flota vehicular del Estado -que contabilizaban 16.155 en 2019 y al cierre de 2022 estaban en el entorno de los 16.900-, o la reducción de los cargos de particular confianza. Al terminar 2022 (último dato disponible), había 740 cargos de ese tipo en el Estado, según Servicio Civil, un aumento de 8,3% respecto a los 683 que había en 2019. Eso si se toma en cuenta los vínculos del escalafón Q, que son los de “particular confianza”, más allá de que una acepción más amplia del término podría incluir otro tipo de asesores.

Otro compromiso sin avances es ir hacia “la eliminación de los impuestos ciegos”, aquellos que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad. Si bien tanto la ministra de Economía Azucena Arbeleche como el ministro de Ganadería Fernando Mattos han señalado su voluntad de avanzar en esa línea, todavía es un desafío pendiente. El cuarto incumplimiento es el de “aplicar a las empresas públicas las mejores prácticas de gobierno corporativo”. Esa transformación, que implicaría alinearse con los estándares internacionales de gestión, quedó por ahora relegada en el actual período de gobierno.

Desde la óptica del gobierno, el cumplimiento de las medidas es casi perfecto. La única reconocida como no efectuada en este capítulo es -paradójicamente- la declaración formal de emergencia nacional en seguridad pública. Un año atrás, Lacalle Pou declaró que la simbólica declaración se había concretado “de hecho” en las acciones y en los resultados. El relevamiento que realizó El País consultando a distintas fuentes oficiales pero también a referentes de las diferentes áreas arroja que, aunque es el capítulo con mayor cumplimiento -63,7%-, hay matices que contradicen el optimismo oficial.

La complejidad de la calificación se materializa en la medida protagonista del programa, que plantea el combate frontal al narcotráfico mediante el cierre de bocas de venta de drogas y “una acción permanente sobre rutas y puntos de acceso al país, utilizando e integrando todos los recursos disponibles”. La primera parte se cumplió. Pero la postura triunfal del gobierno, amparada en un escudo de cifras récords, es cuestionada por criminólogos y operadores judiciales que alegan que lejos de ser eficaz se está atacando al eslabón más débil de la cadena. En los otros dos elementos -rutas, puntos de acceso- hubo avances pero no contundentes. Más de la mitad de las rutas aéreas sigue sin radares ni controles y, si bien se concretó la compra de tres escáneres para el puerto, estarán operativos recién a mitad de año.

Para combatir la violencia de género, la propuesta fue incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado, lo que se hizo parcialmente ya que el cumplimiento rotundo hubiera implicado financiar enteramente la famosa ley. Del lado afirmativo está el 20% de aumento en el presupuesto de Inmujeres, la creación de un nuevo refugio, la ampliación de los alquileres subvencionados y la creación de tres juzgados multimateria. Pero, si bien se avanzó en la reglamentación, la sistematización se traduce en un seguimiento que no se pudo concretar.

Un vehículo esencial para ejecutar al menos seis de las medidas fue su incorporación en la LUC. Es el caso de la habilitación de los registros personales preventivos a sospechosos en controles rutinarios de la Policía, y la conservación de los antecedentes de adolescentes autores de delitos gravísimos. Lo mismo la introducción de la legítima defensa presunta a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura, policía aérea y personal militar que realice operaciones de vigilancia en cárceles y la frontera. Se saldó así un viejo reclamo sindical. Mediante la LUC, también se revisó la Ley de Procedimiento Policial en materia de uso de armas de fuego -que avaló el porte a retirados-, registros, identificación y detenciones.

Otro punto neurálgico fue la revisión del sistema de libertades vigiladas. Se limitó su aplicación mediante distintos artículos en la LUC, derogando instrumentos que en algunos casos y para ciertos delitos permitían el cumplimiento de la condena fuera de la cárcel. Esto provocó fuertes críticas por parte del sistema judicial. Pero, como un rasgo positivo, se cumplió con la promesa de verificar su efectivo cumplimiento, elevando el rango del área encargada de la supervisación de oficina a dirección.

El gobierno estipuló como meta el fortalecimiento del vínculo y coordinación entre Policía, Fiscalía y Justicia Penal. Y la reestructuración de la Fiscalía, creando cargos y nuevas sedes especializadas. El cumplimiento de este punto abre una discusión. Es cierto que se crearon cargos y al menos siete sedes especializadas (siendo las más emblemáticas las de narcotráfico, homicidios y delitos conexos en Rivera y la de lavado en Montevideo), pero lejos quedó la reestructuración, en especial debido a la tirante relación que se mantuvo con Juan Gómez mientras ofició como fiscal de Corte. Respecto al vínculo, fuentes de la Fiscalía definen que en una primera etapa fue “áspero” y “desconfiado”, aunque señalan una mejora tras los recambios que trajeron los casos de Astesiano, Penadés y el ingreso de Nicolás Martinelli como ministro.

El gobierno cumplió el objetivo de desplegar la Guardia Republicana a nivel nacional y efectivizó la recuperación de las comisarías barriales entre otras modalidades más cercanas a la población -se abrieron más de 200 unidades-, así como desarrolló el anunciado modelo de trabajo que combina a la policía comunitaria tradicional con una orientación a la resolución de problemas delictivos.

También hubo una profundización en la formación policial, en especial en la renovada Dirección Nacional de Policía Científica. Hubo algún avance en el fortalecimiento del cuidado de los policías en toda su trayectoria laboral, pero el acceso a la atención en salud mental sigue siendo defectuoso a pesar de que se duplicaron los suicidios de funcionarios.

Francisco Flores/Archivo El Pais

Un antes y un después fueron los incendios forestales de 2021, que sumados al siniestro del shopping de Punta del Este y la explosión en Punta Carretas suscitaron un cúmulo de acciones -compra de equipamiento, mejora salarial, creación de nuevos cargos, apertura de destacamentos, la articulación con bomberos voluntarios- que dan por cumplida la modernización de la Dirección Nacional de Bomberos.

Ante el récord de presos y los problemas de la saturación del sistema -incluyendo la solicitud del comisionado parlamentario penitenciario de declarar la emergencia carcelaria-, el paquete de medidas orientadas a la gestión de cárceles muestra avances, concentrados en los últimos años, y que responderían a un “cambio en la mirada de las autoridades, tras un período de negación”, según opina un referente.

En efecto, se construyeron cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por el perfil de los presos -que ya se hacía-. Se avanzó en el impulso de distintos programas, como el de adicciones con la próxima apertura de una clínica en el exComcar, y de salud mental a través de la creación de un par de centros, mientras que en el ámbito laboral y educativo se realizó un convenio con Inefop y se amplió la presencia de la Udelar. Es discutible, por su parte, el cumplimiento de la construcción de una cárcel de máxima seguridad, porque lo que se hizo fue destinar un módulo dentro del exComcar, donde antes se alojaban los presos con tuberculosis. Por último, la creación de un Servicio Penitenciario Nacional permanece incumplido. El ministerio acaba de designar a una consultora para encararlo.

Cuestionada por los sindicatos y el Frente Amplio, la transformación educativa fue uno de los buques insignia del gobierno y los anunciados cambios se concretaron desde 2023 con una reforma que entre otros aspectos modificó la gobernanza, los programas, la formación y carrera docente, y que apunta a una unificación de todo el sistema educativo. De 19 medidas analizadas por El País en este capítulo (no todas están vinculadas en forma directa a la reforma), un 68% tuvo algún grado de cumplimiento o avance.

Una las cinco en las cuales existe cumplimiento total es la propuesta de reforma curricular de la educación “desde los 3 años hasta los 18, que se fundamente en la formación por competencias”. Es el núcleo central de la transformación educativa liderada por Robert Silva: casi todo el sistema educativo tiene un programa nuevo; solo falta segundo y tercero de bachillerato, que debería estar pronto este año.

También puede contarse como cumplida la promesa de instalar “centros modelo” de educación media en barrios vulnerable: en 2025 se llegará a 60 centros María Espínola (ya van 53; algunos desde cero y otros reformulando centros ya existentes), donde los liceales están a tiempo completo, tienen tres comidas y hay un equipo de asistentes sociales y psicólogos, aunque desde la oposición se dice que más bien hubo “cambio de chapa” en centros de tiempo extendido ya existentes.

Lo mismo el anunciado fortalecimiento del rol del Ministerio de Educación y Cultura como responsable de la política educativa, lo que viene de la mano de la LUC, que otorgó más competencias a la cartera, por ejemplo en el reconocimiento de títulos universitarios, en la obligación de presentar un plan de política educativa nacional con las metas a cumplir, además de que Ceibal ahora depende directamente del ministerio y no de Presidencia.

Gianni Schiaffarino/Archivo El Pais

Una de las ocho promesas educativas donde existió avance, aunque no total, es la extensión del tiempo pedagógico y de permanencia de los alumnos en las escuelas en barrios vulnerables: la proporción de niños con cobertura sigue en aumento pero un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) indica que ese incremento “ha sido lento y con oscilaciones”. Desde el gobierno admiten que se necesitaría más tiempo, presupuesto e incluso cantidad de maestros.

El desarrollo de la UTEC es otro punto donde hubo avances parciales: se crearon nuevos centros en el interior pero también hubo quejas en la discusión de la última Rendición de Cuentas porque se le dio menos presupuesto del pedido.

Y veamos algunos puntos educativos que no se cumplieron por ahora. El caso más claro es el fortalecimiento de las Asambleas Técnico Docentes (ATD) “como ámbitos de reflexión y propuesta educativa”: no se las escuchó demasiado y desde el gobierno se las considera espacios conquistados por los discursos sindicalizados y afines al Frente Amplio. En noviembre de 2022, por ejemplo, las ATD de Primaria rechazaron “el proceso de transformación curricular”, cuestionaron la falta de consulta y pidieron detener la reforma.

No hubo avances en la promesa de impulsar la formación dual (esto es, el estudio con prácticas formadoras en empresas), más allá de experiencias piloto puntuales. Tampoco en la idea de “integrar a las familias al proceso educativo” (fue “una expresión de deseo”, justifica un dirigente nacionalista) ni en la propuesta de fortalecer los centros educativos “como comunidades privilegiadas para generar aprendizajes”. Esta idea, que pretendía dar más libertad a los directores, no tiene base sólida y, al decir de un referente educativo de la coalición, “es muy difícil para el sistema permitir a los centros que tengan más independencia”.

Aunque parece hace mucho, no pasó tanto tiempo desde que Ernesto Talvi repetía una de sus frases de cabecera en sus spots electorales: “Basta de la diplomacia de cóctel”. El entonces candidato colorado fue uno de los firmantes del Compromiso por el país y esa idea es una de las presentes en los 12 puntos referidos al capítulo.

En política internacional, el gobierno llegó con un gran impulso para renovar las relaciones internacionales, lograr nuevos acuerdos comerciales y tomar una postura más contundente respecto de los abusos en países como Venezuela. Hay amplia mayoría de promesas cumplidas.

El punto más alto quizás ocurrió en julio de 2022, cuando el presidente anunció en conferencia de prensa que había culminado el estudio de factibilidad entre Uruguay y China abriendo la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Esto supone el mayor hito en política exterior del último tiempo, pero era evidente que vendría de la mano de suspicacias por parte de los otros países del Mercosur, porque no lo estaba negociando en conjunto, sino por su propia cuenta y ahí estaba la polémica.

Finalmente, la posibilidad del TLC no tuvo mayores avances y difícilmente los tenga durante el último año.

El gobierno planteó desde un inicio la idea de flexibilizar el Mercosur y así lo demuestra el Compromiso por el país. Uno de los puntos hace referencia a “trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros”. Lo cierto es que no se cumplió con el objetivo como tal, porque durante los últimos cuatro años Uruguay no concretó acuerdos comerciales por fuera del Mercosur. Pero trabajó por eso y avanzó en muchas negociaciones.

El primer punto del capítulo era “realinear” la política exterior “con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la democracia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho”. Durante la campaña uno de los principales reproches que la coalición hacía al Frente Amplio era su falta de consenso interno para decir que los gobiernos de Venezuela y Cuba son dictaduras. Al contrario de lo que pasaba antes, ahora el gobierno está alineado con la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien denunció los abusos en esos países en reiteradas ocasiones. Por lo tanto, el punto se puede clasificar como cumplido.

Otra de las promesas donde sí hubo avances es “impulsar nuevos acuerdos económicos con los principales países del Sudeste y Sur de Asia”. Por fuera del Mercosur, Uruguay buscó avanzar hacia un posible TLC con Turquía en 2021, pero una iniciativa del Parlamento uruguayo sobre el genocidio armenio parece haber dejado esa posibilidad por el camino.

Foto: Leonardo Mainé

En conjunto con el bloque regional se logró avanzar hacia un posible TLC con Corea y se concretó otro con Singapur. Además, el excanciller Francisco Bustillo presentó el año pasado una carta de adhesión para que Uruguay se sume al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp, por su sigla en inglés) y, aunque aún no hubo novedades al respecto, los expertos aseguran que se trata de un paso importante para Uruguay en las relaciones con los países asiáticos.

Los especialistas en la materia están de acuerdo en que, a pesar de que el gobierno se planteó al inicio del mandato hacer una reforma de la Cancillería, hubo pocos progresos en este sentido. Sin embargo, es cierto que en 2020 Bustillo informó el cierre de tres embajadas y seis consulados por motivos presupuestales.

“Reorientar, reentrenar y redesplegar el servicio exterior para transformarlo en una gran fuerza comercial”, es lo que se proponía el gobierno previo al 1° de marzo de 2020, y aunque hubo cambios en la estructura del servicio exterior, la reforma del Ministerio de Relaciones Exteriores no tuvo la dimensión que se esperaba.

Las políticas sociales o asistenciales también estuvieron en el centro del debate de campaña entre los partidos de la coalición y el Frente Amplio. Mientras que la izquierda reivindicaba haber constituido el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y combatido la pobreza y la desigualdad, desde los partidos que hoy conforman el oficialismo denunciaban un deterioro de los resultados de esas políticas en la segunda mitad del ciclo frenteamplista, y planteaban nuevas recetas para luchar contra la “fractura social”.

El primer punto que se proponía el gobierno de Lacalle Pou para proteger a los más débiles era incrementar la efectividad y reducir la burocracia del Mides “descentralizando la ejecución de programas sociales”. En este sentido hubo avances, porque se hicieron reestructuras en el organigrama del ministerio, pero la reducción de la burocracia y la discrecionalidad son aspectos que también entran en la categoría de lo discutible.

También se propuso el gobierno “dar prioridad a la primera infancia” y “asegurar una intención integral” a los niños de esa edad. El grado de cumplimiento de ese punto resulta algo ambiguo, porque durante los últimos cuatro años no mejoraron las cifras de pobreza infantil (la directora de Política Económica, Marcela Bensión, admitió esta semana que ha crecido "muy marginalmente"), pero a la vez es cierto que se le dio más recursos a las áreas de primera infancia, con el establecimiento del Bono Crianza, que incluyó la partida de 50 millones de dólares anuales para atender esa franja etaria. También vinculado a los menores de edad, el gobierno cumplió con el aceleramiento de los procesos de adopción en todo el país y el mecanismo nuevo provocó que 2022 fuera el año récord en cifras de adopción, con un total de 151 niñas y niños adoptados.

En cuanto a lo que sucede en la calle, el último censo del Mides dio a conocer que hubo un incremento del 24% en la población de calle con respecto a 2021. En total, las autoridades contabilizaron unas 540 personas más. Tras la divulgación de las cifras, la directora nacional de Protección Social de la cartera, Fernanda Auersperg, dijo que el 85% de las personas que viven en la calle tienen un uso problemático de sustancias.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Entre las diferentes propuestas del Compromiso por el país, el gobierno se proponía “fortalecer y coordinar” los programas dirigidos al tratamiento de adicciones y el consumo problemático de drogas y alcohol. Esto se hizo en la última Rendición de Cuentas, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones con una inversión de 20 millones de dólares distribuidos entre ASSE, el Mides, la Junta Nacional de Drogas y otros centros específicos.

En relación al endeudamiento de los jubilados, el gobierno propuso como medida de mitigación una reducción progresiva de las tasas de interés de los préstamos que el Banco de Previsión Social (BPS) y el Banco República (BROU) ofrecen a los pasivos, pero por el momento no se cumplió.

El BPS no tocó los porcentajes mientras que el BROU hizo algún avance rebajando dos puntos de las tasas únicamente durante los dos meses (noviembre - diciembre) en que se habilita la renovación de los créditos.

Otra de las medidas que se proponía el gobierno de Lacalle Pou -y que se incluyó en el capítulo de “Protección a los más débiles”- era “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político”. Ese compromiso se cumplió primero a través de la convocatoria de una comisión de expertos con representantes de todos los partidos y organizaciones sociales, y luego a través de su traducción en una ley, que sin embargo fue aprobada solo con el respaldo del oficialismo y luego de arduas negociaciones internas.

La última propuesta en este plano tuvo un cumplimiento parcial: la eliminación gradual del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La ley de Rendición de Cuentas votada en 2023 incluyó una reducción de las tasas progresionales que se aplican sobre los ingresos anuales.

La transparencia, así como la necesidad de tener un estado más ágil, inteligente y moderno, fue otro puntal del discurso de los partidos que llegaron al gobierno en marzo de 2020, justo antes del inicio de la pandemia.

Sin embargo, se trata del capítulo con mayores grados de incumplimiento, con la concreción de solo una de las doce medidas según el análisis realizado por El País: la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (a través de la LUC).

Las categoría “sin avances” fue la más presente en este capítulo, e incluyó además algunas de las propuestas más importantes. Pese a que la coalición se comprometió a fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), solo se le dio una partida en 2023 y su directora ha planteado que tienen menos capacidades y recursos para cumplir sus tareas. Tampoco existió el prometido fortalecimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni del Tribunal de Cuentas.

Otros compromisos sin avances fueron el de promover una normativa que establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales, así como la promesa de incorporar un paquete de leyes anticorrupción que abarque las figuras de enriquecimiento ilícito, arrepentido y extinción de dominio. Sobre el primer punto, el senador colorado Adrián Peña presentó un proyecto de ley cuyo tratamiento se dilató ante resistencias de intendentes blancos. El asunto se seguirá discutiendo este año, aunque su avance es por el momento incierto. Sobre el segundo punto, Cabildo Abierto presentó -en paralelo a otro del Frente Amplio- un proyecto de ley para establecer la figura de “enriquecimiento ilícito”, pero su discusión en la comisión de la Cámara Alta también quedó postergada y sin garantías de concretarse en este año electoral.

Esas cinco promesas de momento incumplidas se suman a otras dos de avance discutible. El primero de ellos es el “Plan de desburocratización y simplificación de trámites”, que no tuvo un impulso unificado ni significativo más allá de los avances usuales que hay en esa materia. El segundo es la reorganización de los mecanismos de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos. En este punto, la Oficina Nacional de Servicio Civil impulsó -con apoyo de OPP- una reforma del Estado para darle mayor flexibilidad y modernidad a la carrera administrativa en el Estado, e identificó las diferentes ocupaciones existentes en la Administración Central, pero los respaldos políticos para avanzar a fondo, actualizando la escala salarial y las dispares compensaciones que reciben los funcionarios, fueron muy escuetos.

Foto: Leonardo Maine

Después hubo cuatro medidas con avances parciales. Allí aparece por ejemplo el fortalecimiento de las compras públicas, con avances incipientes tales como la transformación de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, dependiente de Presidencia, en un órgano desconcentrado llamado Agencia Reguladora de Compras del Estado (ARCE), dándole autonomía técnica.

También se empezó a trabajar en una plataforma que integre la gestión de compras y abastecimiento, financiera y humana. Otra promesa con grados de avance es la referida al aprovechamiento de inmuebles del Estado: la ley de Presupuesto de 2020 creó un Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado, por el cual se identificaron alrededor de 8.000 en desuso, y se comenzaron los remates de unas decenas de ellos. Asimismo, se incluye en esa categoría el fortalecimiento de las garantías de los contribuyentes ante la autoridad impositiva, cuyo tratamiento parlamentario comenzó en 2023 y no ha recibido mayores resistencias por el momento.