EL DESEMBARCO EN EL MINISTERIO DEL FA

El Mides en la era blanca: achique, orden y "cowork"

Pasaron solo 20 días pero bastó para que los funcionarios se sacaran los “cucos” sobre Pablo Bartol y para que los jerarcas entendieran el caos en el que funciona. Ahora, ¿cómo será el nuevo Mides?

Asunción de autoridades del Mides
Pablo Bartol y Armando Castaingdebat en su asunción. Hicieron la ceremonia en la vía pública para demostrar que será "un ministerio de la calle". Foto: Juan Manuel Ramos

Esperaban lo peor. “El ministro del Opus Dei”, le decían. El “anti agenda de derechos”, lo etiquetaban. Pensaban que desmantelaría las políticas vinculadas a la diversidad sexual, que enterraría la sensibilidad con los inmigrantes, que priorizaría las formas frente a los contenidos y que daría vuelta lo hecho en 15 años sin siquiera preguntar porqués.

Se sorprendieron.

En el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde suele haber consenso en que la inmensa mayoría de los funcionarios son votantes frenteamplistas, también muchos admiten que sus ideas previas sobre Pablo Bartol no se condicen con la realidad. El hombre que los dirige desde el 2 de marzo convirtió su oficina en una sala de reuniones para promover el “cowork” (sigue en busca de un local en Casavalle para cumplir la promesa electoral); deja la puerta abierta para que la gente sepa de qué está hablando y desafiar así el secretismo al que se habían acostumbrado; luce su pasta de docente para explicar con esmero sus ideas y escucha con atención a los que lo habían prejuzgado. Se sorprende ante los motivos que le aportan. “Entonces está bien”, repone. Acepta e incorpora conceptos.

Por lo que cuentan los funcionarios, Bartol está cosechando incluso más simpatía que Armando Castaingdebat, el subsecretario que ya era casi un viejo conocido por haber sido intendente de Flores y por sus vínculos con el fútbol.

La jerarquía se completa con Nicolás Martinelli, el brazo ejecutor de Luis Lacalle Pou allí, abogado implacable que apenas llegó —con un séquito de profesionales de su confianza— ya dio muestras de que va a tomarse su rol al frente de la Dirección General de Secretaría muy en serio y que sabe bien lo que quiere hacer.

Hay un ambiente de cierta luna de miel en la oficina del ex Banco de Crédito. En parte por el alivio que causan los mitos cuando son desterrados y también, en buena medida, porque lo que anuncian que harán las nuevas autoridades coincide con varios reclamos históricos de los funcionarios: carrera administrativa para poder concursar y ascender, orden en las licitaciones, protocolos para cada proceso, más evaluación, mejores condiciones de trabajo, mayores cuidados a los equipos que trabajan en territorio. Increíblemente, comentan los empleados sindicalizados, los blancos parecen estar más alineados con los planteos gremiales que sus antecesores frentistas.

Mides
El 95% de los funcionarios del Mides son frenteamplistas y la inmensa mayoría permanecerá allí. Foto: Fernando Ponzetto.

Bajas y altas.

Dos semanas antes de que se concretara el cambio de gobierno, en el Mides hubo movimientos. Entre los prejuicios y la transición que no pudo hacerse cabalmente porque no se asignaron direcciones hasta que no asumieron las nuevas autoridades, las jerarquías anteriores avalaron que varios funcionarios se “escondieran” reubicándose en lugares que entendieran más “seguros”.

Según pudo saber El País, hubo adjuntos a las jerarcas que a último momento se cambiaron de oficina para intentar despistar, aunque no duraron mucho sin ser descubiertos. A Begoña Grau, la anterior directora de Discapacidad que había sido denunciada por maltrato y declarada persona no grata por el sindicato del Mides, la exministra Marina Arismendi incluso le creó en febrero una división bajo el paraguas de Uruguay Crece Contigo. Estando ya Bartol, Grau siguió dando órdenes y “trancando expedientes”, según relatan funcionarios. Ella fue la única persona con contrato que fue cesada por la administración entrante.

Los otros que dejaron el ministerio fueron los cargos políticos y sus adscriptos. Hubo cuatro exdirectores nacionales que permanecieron. Matías Rodríguez, que dirigía Políticas Sociales, y Juan Pablo Labat, que estaba al frente de Evaluación y Monitoreo, se quedaron porque habían concursado, pero cumplirán otras funciones. Adriana Rovira, extitular de Inmayores, logró que Bartol la invitara a seguir y si bien no está al frente de la dirección, sigue trabajando allí. Y Pablo Mazzini, que dirigía Uruguay Crece Contigo, volvió a su lugar de origen, que es el Sistema de Cuidados.

Hay 160 funcionarios que ingresaron con contratos financiados por el BID para trabajar en Cuidados, y cuyos vencimientos son en los próximos meses. En los hechos, unos cuantos están dispersos cumpliendo tareas en otras áreas del Mides. La sensación es que la mayoría de esos cargos no se renovarán. Y hay una decena que trabajaban adscriptos al director anterior, Julio Bango, que según Martinelli se comprometieron a irse enseguida pero siguen allí.

En general, los nuevos directores conformaron a los funcionarios. En la dirección que ocupaba Federico Graña, de Promoción Sociocultural, designaron a Luisa Rodríguez, una mujer de Treinta y Tres, lesbiana y pro agenda de derechos. Sus subalternos están aliviados y entusiasmados, cuentas las fuentes. La misma sensación de conformidad viene causando Diego Elgue, exmilitar que asumió por Cabildo Abierto al frente del Instituto de Alimentación (INDA) y que ha sorprendido para bien. Es el hermano del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue.

Martinelli se propuso jerarquizar recursos humanos y puso a la cabeza a tres mujeres de su confianza. También colocaron gente de confianza en áreas consideradas clave para los objetivos trazados, como jurídica y finanzas, para agilizar expedientes y fortalecer controles. Aún falta nombrar a los directores de Inmayores y de la Dinesil (Economía Social e Integración Laboral), que serán para Cabildo Abierto. Allí aún reina la incertidumbre.

Dice Martinelli que en los mandos medios se encontró con administrativos a los que se les había puesto a dirigir por encargatura. En varios de esos puestos cesó la encargatura y esos roles los asumieron otros. Martinelli anuncia que habrá más cambios. “Estamos en pleno trasiego de gente”, asegura.

Con los nuevos nombramientos, a muchos de los desplazados se les permitió “pensar” en qué lugar quieren estar, y en eso los encontró el coronavirus. Hasta el inicio de la emergencia el ambiente general era positivo. La actitud de la mayoría es decir “soy empleado público, estoy para sumar”. Los que quieren “trancar”, cuentan las fuentes, son minoría.

condiciones de trabajo

Un call center para saber cómo están los empleados

Cuidar a los que cuidan. La frase hecha, repetida por las nuevas autoridades del Mides, esta vez tendrá como correlato una serie de medidas. En primer lugar, les preocupa la cantidad de funcionarios certificados. Son 247 en total los que pidieron licencia por enfermedad desde enero hasta ahora, de los cuales no se sabe cuántos han vuelto a trabajar y cuántos tienen certificación prolongada. El plan de los nuevos jerarcas es fortalecer el departamento de salud ocupacional, donde hoy trabajan solo dos personas, y dotarlo de psiquiatras y psicólogos porque están convencidos de que muchos sufren “burn out”. El desgaste por las tareas de campo preocupa a las autoridades, que además planean instalar una especie de call center para llamar a los funcionarios más expuestos y permitirles descargar sus angustias y problemas cotidianos. Y la otra definición es mejorar el espacio físico, para lo cual ya hay arquitectos trabajando. “Acá hay mucha gente hacinada, gente que no tiene luz natural, gente que está en el garaje, con toda la contaminación que genera, gente que está en lo que era la bóveda del banco. Eso también hay que cambiarlo, dice Martinelli.

Carrera y recortes.

En sus recorridas piso por piso, Martinelli les dice a los funcionarios: “A ver, ustedes son los que más saben. Están en el campo, son los que deben contarme cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los problemas que tienen, por qué no los pueden solucionar, cómo los podemos solucionar”. El director general de Secretaría cuenta que luego los ve “como encantados”. “Tienen ganas de hacer las cosas bien”, asegura.

Le han dicho que con las autoridades anteriores no había receptividad a escuchar lo que funcionaba mal y por eso “se venía manteniendo todo en un silencio en el que nadie se animaba a levantar la voz o decir las cosas porque te bajaban la compensación salarial o te trasladaban, te mandaban a un sótano o lo que fuera”.

De eso no hay constancia, admite, porque no había hasta ahora un protocolo de acoso laboral. Ese documento finalmente se aprobó hace 15 días. Las denuncias habitualmente se “encajonaban”. Ahora, una de las abogadas de confianza de Martinelli está “abriendo las cajas”.

La gente en el Mides está “desesperanzada”, según él, porque “saben que muchas cosas se hicieron mal, que hubo muchas irregularidades e ilicitudes, que golpeaban las puertas y no los escuchaban, y que no hay carrera funcional. Con 35 años, que es el promedio de edad del Mides, mirás para adelante y te ves en 10 años en el mismo lugar. Eso debe ser absolutamente desmoralizante”.

Y ese será el principal foco de trabajo de Martinelli: trazar una carrera administrativa que permita definir cuáles son los cargos que se precisan para cumplir los objetivos y qué perfiles deben tener. Así se habilitará a acceder por concurso y a ascender en la escala salarial.

Este, que es un reclamo histórico del sindicato, no fue atendido en las administraciones anteriores. Daniel Olesker, que fue ministro entre 2011 y 2015, se excusó de explicar los motivos para este informe. Ana Olivera, que fue subsecretaria hasta el mes pasado, no contestó la consulta.

La ministra de Desarrollo Social busca apoyo dentro del FA ante investigadora promovida por los blancos. Foto: Archivo El País
La exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, junto con la exsubsecretaria Ana Olivera, en el Parlamento. Foto: Archivo El País

Está claro que será una tarea compleja, en parte porque el Mides es una especie de puzzle conformado por distintos institutos, cada uno con sus escalas salariales, y porque coexisten vínculos laborales de varios tipos. Cuenta Martinelli que Graciela Mazzuchi, su antecesora, le dijo que le va a llevar cinco años ordenar ese caos. Otros han calculado un par de años. “Capaz es un mito y lo podemos hacer en seis meses”, dice él, y agrega: “Lo cierto es que estuvieron 15 años y no lo hicieron. No les dieron a los funcionarios la posibilidad de una carrera”.

Ahora se conformó un equipo entre delegados del Mides, la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic). Ya se reunieron dos veces. Luego se concentrarán en diseñar una estructura orgánica y de cargos, y en paralelo trabajarán con los procesos, otro de los desvelos de Martinelli.

La contracara de la falta de estructura organizativa es un abuso de las compensaciones salariales especiales. Desarrollo es el ministerio con sueldos más bajos de toda la administración central. Era habitual que las direcciones, por ejemplo, se encargaran a funcionarios con sueldos bajos y que se les pagara la diferencia de lo que deberían ganar en ese lugar con una compensación.

Martinelli asegura que las compensaciones también se usaban como mecanismo de premio o sanción: “Si eras amigo, tenías una partida y te poníamos como director; y si no eras afín o eras rebelde, no te daba esa compensación y chau. Funcionaba un poco así. Entonces, hoy hay gente que tiene compensaciones sin ningún tipo de criterio. Generó un desorden gigante. Capaz vos estás trabajando al lado de una persona que se quedó con una encargatura vieja y está ganando el doble que vos, y hacen el mismo trabajo”.

Según datos aportados por el área de recursos humanos del Mides para este informe, las compensaciones salariales se llevan un total anual de $ 323.256.220, lo que equivale a un 3,4% del presupuesto.

Las nuevas autoridades ya se reunieron varias veces con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Mides. Su secretaria general, Lucía Labuonara, dice que ven “con muy buenos ojos” el diseño de una carrera administrativa.

Sin embargo, les preocupa el achique que contiene el anteproyecto de ley de urgente consideración y el decreto que el Ejecutivo sacó el 11 de marzo, que estipula que las vacantes generadas al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser llenadas, y que solamente podrá cubrirse un tercio de las que surjan este año. Hay excepciones para esto (salud, educación, seguridad), pero el Mides no está contemplado.

A su vez, el monto destinado a nuevos vínculos de “servicios personales” no podrá superar el 60% de lo gastado en 2019, con lo cual los contratos temporales, que en el Mides abundan, se reducirán.

“En el Mides el decreto afecta muchísimo”, dice Labuonara. “Tenemos cerca de 700 contratos no presupuestados (de un total de 1.800 funcionarios, más 2.500 tercerizados). Nadie niega que necesitamos ajustes, pero es muy difícil levantar todas las demandas que el Mides levanta con esa reducción. Veremos cómo abordamos eso en la ley de presupuesto y en la negociación por la estructura”, plantea.

Según los cálculos de la dirigente, de los 160 cargos BID que caerán en agosto, se perderán al menos 64. Además, 520 contratos “2+2” (un tipo de vínculo prorrogable por dos años, que en el Mides se desvirtuó y se instaló como modalidad fija), caerán en forma escalonada entre 2020 y 2022.

Chacras y auditorías.

“¿Sabés por qué fracasa el Frente Amplio en el Mides?”, pregunta Martinelli. A su juicio, en buena medida porque funcionaba “en chacras” descoordinadas. Lo explica así:

“Cada dirección pertenecía a un sector político del Frente y cada uno le quería dar su impronta. No coordinaban absolutamente nada. Acá había direcciones del MPP, del PCU, del Partido Socialista. De acuerdo al peso político que tuvieras, la cantidad de recursos que te daban y la bola que te daban arriba para llevar a cabo tu cometido”, indica.

Pero además, afirma que “el sistema de chacras” implicaba que los directores “armaban programas”, de repente con algún fondo internacional, aun de temas que no le correspondían. “Así se terminaba superponiendo con otro programa de esa área pero que colgaba de otra dirección. Y además, ese programa, como era una plata que vos tenías y tenías que gastar, tampoco lo pasabas por la Dirección de Evaluación y Monitoreo para que te armaran un protocolo de cómo evaluar y controlar”, describe.

Según el director de Secretaría, los 49 programas del Mides caben en tres clasificaciones. Las “vedettes” o los más conocidos, que eran evaluados pero con objetividad dudosa: “En algunos casos se adaptaban para que los números dieran, no en todos”, afirma. Según pudo saber El País, uno de los que la nueva administración mirará con lupa es Jóvenes en Red.

La segunda categoría es la de “programas intermedios”, con algunos que se evaluaban y otros que nunca fueron controlados. Allí, de acuerdo con Martinelli, pasaba que “un director tenía un programa, lo evaluaba, no le gustaban los resultados y pedía que lo dejaran de evaluar”.

Y la tercera corresponde a los programas que se superponen debido a las “chacras”. Allí se espera que haya bajas. En eso está el nuevo director de Evaluación y Monitoreo, Antonio Manzi, un hombre joven del sector Ciudadanos del Partido Colorado, que ejercerá una función clave. “Si no evaluamos no podemos saber si hacemos las cosas mal. Y si las hacemos mal y no tenemos la generosidad, la humildad de cambiar... eso es lo que le pasó al Frente”, dice Martinelli.

Fuentes de esa dirección negaron las acusaciones. Dijeron que si bien es cierto que hay programas sin monitoreo, esto no responde a una intención de evadirlo sino de falta de recursos humanos.

En la campaña electoral, el presidente Lacalle Pou anunció auditorías en todo el Estado y en el Mides en particular. Aún resta definir si la Auditoría Interna de la Nación (AIN) asumirá todo el trabajo o si también se contratarán auditorías externas. El foco estará, según adelantó el director general de Secretaría, en el área de Logística, de la que dependen las compras y contrataciones irregulares, que fueron sistemáticamente observadas por el Tribunal de Cuentas, y que el diputado Martín Lema reunió para fundamentar un pedido de comisión investigadora que no se aprobó. Ahora están a la espera de que el coronavirus le dé un respiro al equipo de Economía que diseñará el plan de auditorías. La primera etapa ya está resuelta y el Mides tiene el primer lugar de prioridad.

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