Lo que vivió la joven de Rivera violada durante más de una década por su propio padre fue un calvario muy difícil siquiera de ser imaginado. Pero más allá de la conducta aborrecible del hombre que terminó muerto apenas entró a la cárcel a inicios de julio, lo que debiera interpelar duramente a toda la sociedad es la orfandad y desprotección que sufrió la víctima, durante años, a pesar de haber apelado a la Justicia para hacer cesar su infierno cotidiano.

En efecto, la acción de la Justicia fue, como bien dijo el fiscal de Corte, un horror inexcusable. Hizo bien Díaz en dar la cara y enfrentar a la opinión pública para pedir perdón públicamente por la actuación del fiscal Chiecchi en este caso. Porque a lo largo del proceso judicial que se inició en 2009, en dos oportunidades ese fiscal permitió que la víctima volviera a manos de su victimario: es decir, pudiendo tomar medidas para que el horror de violaciones y violencia cotidianas que sufría la adolescente cesaran, no lo hizo.

Pero tampoco dos jueces que actuaron en el caso ayudaron a la víctima a salir de su feroz infierno en la tierra. Primero Souto, actual juez de familia en Montevideo, que demoró más de un año en procesar la investigación que se había radicado en su juzgado en 2009. Luego Iribarren, actual juez penal en Montevideo, que archivó el caso porque ni la víctima, que por entonces tenía tan solo 16 años, ni su madre ratificaron la denuncia en sede judicial.

Es razonable entonces que varios ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan declarado su honda preocupación por cómo se procesó todo este trágico caso de Rivera. Es una buena noticia que a raíz de todo esto, se tenga a estudio la creación de un equipo técnico especializado en abuso infantil para que esté a disposición de los juzgados que investiguen denuncias de este tipo, y también lo es que la Corte haya desarrollado un protocolo de actuación que orienta a los juzgados sobre cómo proceder ante este tipo de denuncias tan terribles.

Lo que no fue una buena noticia fue la reacción corporativa de la Asociación de Magistrados Fiscales. En un comunicado público, rechazó la forma "inapropiada e irrespetuosa" con la que, según ella, el fiscal de Corte se refirió a este horror inexcusable. Sin desconocer "la gravedad de los hechos", recordó el mal funcionamiento de las fiscalías de Rivera en 2010 que, según ella, llevó a que Chiecchi llegara a tener una importante acumulación de tareas. En estas circunstancias, "la posibilidad de incurrir en errores se incrementa exponencialmente y ningún operador está exento de ellos".

Esta reacción corporativa de los fiscales genera consternación. No hay razón admisible alguna que justifique ni que pueda hacer comprensible la falta de respuesta de la Justicia, durante siete largos años, al calvario sufrido por esta joven de condición humilde que en algún momento tuvo la esperanza de que la Justicia de su país actuara para defenderla.

Pretender disimular la criminal irresponsabilidad de la Justicia tras una acumulación de tareas o tras malos funcionamientos institucionales solo desmerece a quien hace ese tipo de consideraciones. Porque ellas omiten lo esencial del problema, que es que los jueces y el fiscal aquí mencionados no fueron capaces de cumplir con sus obligaciones más elementales. Denegaron justicia. Dejaron librada a su suerte, durante siete años, a una adolescente de escasos recursos económicos y sociales que estaba sufriendo el peor de los infiernos cotidianos.

Hay circunstancias en la vida de una sociedad, como es este caso de Rivera, en las que el mal es tan grave, tan indecible, tan absoluto, que solo cabe un acto de contrición institucional público e inapelable. Eso fue lo que entendieron tanto el fiscal de Corte como los ministros de la Corte de Justicia. Infelizmente, la Asociación de Magistrados Fiscales no separó la paja del trigo; no entendió la gravedad del asunto; no asumió la terrible responsabilidad en la que incurrió todo el sistema de Justicia.

Con este tipo de comunicados tan corporativos como ciegos de parte de quienes debieran de ser, en realidad, los actores más sensibles ante las injusticias que sufren sobre todo los más indefensos, nadie debe extrañarse luego de que los estudios de opinión pública muestren que mucha gente desconfía de la acción de la Justicia.

Cuando vivimos una tragedia como este caso de Rivera las defensas mecánicas y corporativas no caben. Lo único que corresponde es el humilde pedido de perdón a las víctimas y a toda la sociedad.

EDITORIAL