Resulta paradójico tener, por un lado, exoneraciones tributarias en zonas francas, y por otro, la obligación de pagar un “Impuesto Mínimo Global” que echa por tierra los primeros beneficios mencionados. Así lo han manifestado actores de las zonas francas, ante la inminente entrada en vigor de este nuevo impuesto impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata de la implementación de una imposición efectiva mínima global del 15% a las empresas multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales, a través de un impuesto complementario a la casa matriz sobre las ventas. Hay quienes lo defienden y fundamentan. El abogado Rafael Sayagués explica su punto de vista a El País. Aquí un extracto de lo conversado.

-¿Cuál es la situación en relación al Impuesto Mínimo Global, que comenzará a regir el 1° de enero?

-Esto es un marco normativo que fue aprobado por 142 países, que consintieron llegar a implementar las reformas domésticas necesarias para llevar este impuesto a la práctica. Para la fecha de entrada en vigencia, solo están completamente listos con sus reformas domésticas, Corea y Japón; y muy cerca están Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Indonesia y Vietnam, Mauricio y Catar. El resto no lo está.

-En los países que aún no tienen la normativa doméstica lista, ¿igual el impuesto entra en vigencia el 1° de enero?

-Sí, porque básicamente esa es la fecha de corte que estableció la OCDE y fue reconocida por los países participantes. Lo que va a pasar, simplemente, es que unos países van a ir ejecutando el impuesto según las reglas, y otros se irán sumando a través de los meses y de este año.

-Ningún país de América Latina tiene la normativa interna lista en función del nuevo impuesto, ¿cuáles están más avanzados en esto?

-El que podría potencialmente estar un poco más cerca es Colombia, porque, debido al nivel de tributación que ya tiene, es probable que los ajustes a hacer sean menores, y algo parecido podría pasar con México. Pero no hay ningún país de Latinoamérica que ya tenga una ley vigente específica en relación al impuesto, eso es así.

-¿Por qué la obligatoriedad de aplicar ese impuesto?

-El argumento de la OCDE es que históricamente las multinacionales venían utilizando mecanismos para no tributar lo que debían pagar por los ingresos que generaban en todos los países, y, por ejemplo, movían las operaciones a una jurisdicción que tenía un impuesto más bajo y dejaban de pagar en otra. Entonces, la OCDE crea este impuesto para “equiparar la cancha”, haciendo que todo el mundo termine pagando este impuesto. Afirma que no va a haber una “competencia impositiva” entre los países para tratar de atraer inversión. El problema es que la OCDE parte de la premisa de que todos los países son iguales, pero los emergentes no son como países miembros del G20, que son economías más grandes. Países como Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, por decir algunos de la región, tienen regímenes de incentivos de impuestos importantes en las zonas francas, y este impuesto mínimo está quitándoles una de las competitividades que como nación tienen para incentivar que las compañías escojan venir al país.

-¿Usted piensa que con este impuesto global se pierden o desdibujan los incentivos de las zonas francas?

-Pienso que se está creando una amenaza al régimen de zonas francas en general, en especial de las economías pequeñas. Para los países de Latinoamérica, que tienen problemas de infraestructura y muchas veces falta de otros atractivos, los regímenes de incentivos han sido una herramienta importante.

-Uruguay tiene varias zonas francas, importantes para su economía, ¿qué reflexión le merece ante esta situación?

-Una de las razones por las que creo que el grupo de Zonamérica tuvo la gentileza de invitarme a conversar de este tema en Uruguay (se refiere a una charla a empresarios locales que ofreció el pasado jueves) es porque he estado en una cruzada para tratar de crear conciencia de que esto es una realidad. Yo hablo de estas cosas con el cuento de “ahí viene el lobo”, en el que alguien anunciaba que venía el lobo, el pueblo salía a verlo, pero el lobo no estaba, y después de cinco veces de gritar “ahí viene el lobo”, ya nadie le puso atención y entonces el lobo sí llegó y se comió a todo el mundo. Esto (del impuesto mínimo global) lo vengo diciendo a nivel de las empresas y países, para que tomen conciencia de que -repito- es una realidad. Ahora el lobo llegó. Todos nuestros países aceptamos voluntariamente ingresar al nuevo régimen de tributación internacional. Y seamos sinceros, no es que teníamos mucha opción. El caso de Uruguay, es una economía que tiene una dependencia importante de las zonas francas, que han sido un motor del desarrollo del país extraordinario, que genera mano de obra importante, tanto calificada como de todo tipo, por lo que claramente tendrá que lidiar con el impacto de este impuesto. Ahora lo que los países tienen que hacer es una alianza público-privada, sentarse a la mesa y definir cuál es el modelo óptimo para tratar de proteger su competitividad internacional y mantener la atracción de inversión extranjera directa a niveles iguales o, si puede, superiores a los que hoy tiene. Porque aquí los países y las empresas somos las ovejas que el lobo se termina comiendo y nadie quiere terminar con un problema de competitividad porque las empresas decidieron irse.

-Si esta ley es contraproducente como afirma, ¿por qué la firmaron 142 países?

-Esa es una extraordinaria pregunta, que también la hago: ¿por qué ninguno vio los potenciales problemas que esto podía representar para los regímenes de incentivos que tenían, o no dijeron nada? Lo que sí sucedió es que, luego de haberse aceptado, los países africanos liderados por Nigeria presentaron una moción ante el plenario de las Naciones Unidas para que se aprobara la creación de una nueva organización dentro de ese organismo para la “cooperación de la tributación internacional inclusiva”. Dijeron que esto era en reacción al modelo que se estaba creando bajo el auspicio de la OCDE y el G20, donde los países de las economías emergentes sentían que no estaban representadas, a pesar de que firmaron el documento. Lo que hay que decir es que algunos países firmaron, porque la OCDE les ha vendido que, a partir de la creación de este impuesto y al estarse eliminando las distorsiones fiscales de los mercados internacionales, la competitividad entre los países sería más “objetiva”. Y que el monto puede representar un incremento de entre 4% y 8% de la recaudación del impuesto sobre la renta alrededor del mundo; es muchísimo. Pero los países están viendo ahora el riesgo de que compañías decidan dejar sus inversiones en ciertas jurisdicciones por el costo incremental que el nuevo impuesto les represente, y más bien decidan movilizarse a otras jurisdicciones para centralizar el pago del impuesto ya no en tantos países, sino solo en algunos. Lo extraño es que, a nivel incluso de la OCDE misma, nadie en su momento, cuando se estaban teniendo las discusiones a nivel de los países, haya sacado a relucir este tema en forma más abierta. Esto está saliendo a posteriori y a medias.

-¿Los países podrían aumentar las exoneraciones o beneficios de las zonas francas para contrarrestar el pago del impuesto mínimo global que deben hacer las empresas?

-En parte, sí. La OCDE dijo que los países tienen el derecho de establecer medidas compensatorias a nivel local para tratar de mitigar el impacto del impuesto. Lo que no se puede hacer es dar un crédito directo asociado al impuesto. Sí pueden, por ejemplo, reconocer a la empresa créditos y beneficios fiscales por generación de empleo, por retención de mano de obra, por crear un centro de investigación y desarrollo, por inversión en tecnología, en economía verde, u otras cosas. También dice que los países tienen derecho a hacer pagos en efectivo o cash grants (subvenciones en efectivo), pero los países de economías emergentes no tienen la capacidad de pagar de esa forma. Nosotros no tenemos una máquina para producir dólares y euros, que son las dos monedas principales que se moverían alrededor de esto.

-¿Qué puede pasar de ahora en más?

-Lo que puedo decir es que los primeros años van a ser muy complicados, de ver cómo pasar del papel a la práctica esta normativa y sobre todo cómo los países van a interpretar la aplicación de la misma. Ya esto de por sí, va a generar disrupción a nivel de las empresas y de los gobiernos; impactará a los países.

Puede haber empresas multinacionales que efectivamente terminen decidiendo irse de algunos países, para concentrar más sus operaciones. Creo que eso es una posibilidad real que tenemos que considerar. En lugar de complicarse la existencia con tener cinco plantas de manufactura y tres centros de logística en ocho países, preferirán consolidar toda la manufactura en solo dos países y la logística en uno.

La otra posibilidad es que las empresas no van a querer perder su rentabilidad, y vamos a empezar a ver un aumento de los precios de bienes y servicios a nivel internacional. Es posible que veamos entonces que el consumidor final es el que termina pagando el impacto de todos estos costos fiscales que se le quieren meter a las empresas. Otro escenario es que se llegue a una adopción masiva de este impuesto, o sea, una normalización por aceptar que ahora esto es parte de la nueva forma de hacer negocios, y los mercados vayan encontrando formas de absorber y diluir el impacto. Pero van a pasar varios años complicados antes de eso.

Uruguay está dentro del marco inclusivo del Impuesto Mínimo Global a la renta empresarial, pero hasta ahora no hay ningún anuncio sobre cuál va a ser su modelo de adopción de normas en torno a esto. Cabe agregar que la OCDE plantea que el tributo reasignará más de US$ 125.000 millones de ganancias de las 100 multinacionales más rentables del mundo, que beneficiará a los países en los que están instaladas sus casas matrices.